A Hugo Oldani lo mataron el 11 de febrero en pleno centro de Santa Fe.
No fue uno, ni dos. Hasta el momento, fueron tres los intentos infructuosos de distintos fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe para que la Justicia Federal deje de investigar las derivaciones generadas del asesinato del empresario santafesino Hugo Oldani, ocurrido el pasado 11 de febrero en pleno centro de esta ciudad.
Mientras tanto, el fiscal regional del MPA, Carlos Arietti, lleva cuatro meses sin develar públicamente por qué resolvió apartar del caso a la fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, encargada de iniciar las investigaciones sobre este crimen resonante. El fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, fue el único que dio alguna pista sobre las causas de la decisión: dijo que existió "una falta grave", aunque evitó dar más precisiones.
A estas alturas de las circunstancias, la realidad indica que la "Causa Oldani" tiene a una fiscal provincial sospechada y denunciada por el posible delito de encubrimiento, al MPA intentando que la Justicia Federal abandone sus investigaciones y un fiscal federal que acaba de imputar a diez personas -entre ellas, la hija de Oldani- por supuestos delitos financieros que se habrían cometido bajo la pantalla de una agencia de turismo.
El primer intento generado desde el MPA para que la Justicia Federal abandone las investigaciones relacionadas con el "Caso Oldani" se produjo en mayo pasado, cuando la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, solicitó al juez provincial Gustavo Urdiales que declare la incompetencia del fiscal federal, Walter Rodríguez, para investigar posibles delitos financieros en la firma Oldani Turismo. Se argumentó que dos denuncias con el mismo objeto de investigación avanzaban en la Justicia federal y en la Justicia provincial.
Sin embargo, el 4 de junio el juez Urdiales rechazó el pedido de la fiscal Jiménez, al considerar que no se habían aportado elementos para evaluar la situación: "No tengo documentación necesaria. No son suficientes las copias de carátulas de legados o de correos electrónicos como para realizar un análisis del tema", respondió el magistrado. Entonces, el fiscal federal Rodríguez continuó investigando, a pesar de las negativas iniciales del MPA de compartir cualquier tipo de evidencias con la Justicia Federal. A tal punto se negó información, que desde el fuero federal se llegó a pedir de manera expresa la intermediación del gobernador, Omar Perotti, en un hecho inédito en esta provincia.
El argumento de Ferraro, a través de su abogado Néstor Oroño, se basó en que para que exista un delito de encubrimiento, debe existir un delito previo a encubrir. Si bien en estos momentos se sospecha que Oldani realizaba actividades ilícitas en su agencia de turismo, al momento de su muerte no existía investigación alguna en su contra. Al haber fallecido, no resulta posible que el empresario sea imputado post mortem de delito alguno. Entonces, si no se podrá comprobar delito por parte de Hugo Oldani, no resultaría posible establecer las bases de un potencial encubrimiento. En otras palabras, sin delito federal para encubrir -porque el supuesto responsable está muerto-, no habría encubrimiento posible que el fiscal Rodríguez deba investigar.
Pero el juez federal Marcelo Bailaque rechazó este segundo pedido de inhibición de Walter Rodríguez, al considerar que este fiscal se encuentra investigando delitos federales que podrían haber sido cometidos por personas vivas y no sólo por Hugo Oldani. Tanto así, que en los últimos días el fiscal pidió la indagatoria de la hija del empresario, Virginia Oldani; además de María José Calle, Carina Amelia Chelmo (al momento de los hechos Presidenta de “Mediterránea” Sociedad de Bolsa S.A.), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carnos Aníbal Bacigaluppo, apodado “Charly”, estos dos últimos operadores del Grupo Carey SA -que tiene asiento en la ciudad de Rosario, dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil según su página web institucional-, ante la sospecha de que han participado el delito de intermediación financiera no autorizada.
Ferraro apeló esta decisión de Bailaque y el tema deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Rosario.
El tercer intento por apartar a Walter Rodríguez de este caso se produjo apenas 48 horas después de los pedidos de indagatoria. La fiscal de Delitos Complejos de la Provincia, Mariela Jiménez, volvió a la carga con un nuevo planteo de incompetencia.
Esta vez, adujo que si existieron delitos financieros en Oldani Turismo, deben ser investigados por el MPA y no por la Justicia Federal, "porque el orden económico y financiero afectado es solamente provincial y no nacional, y por su vinculación con el homicidio".
Pero por tercera vez un magistrado rechaza estos planteos. El juez Luis Octavio Silva sostuvo que los posibles delitos investigados son de carácter federal y por ese motivo la causa debe continuar en manos del fiscal Walter Rodríguez, quien ya advirtió que cuenta con indicios de la participación de personas de otras provincias en estos ilícitos.
Por el momento, nadie informó públicamente cuál fue el destino del millón de dólares y de los tres millones de pesos que se encontraban en la oficina de Oldani cuando lo mataron. Este dinero aparece en fotografías tomadas por la policía poco después del crimen. Sin embargo, la familia de Oldani reconoce que la fiscal Ferraro les permitió que lo retiraran de la oficina.
Ahora, resta aguardar si el juez Bailaque acepta el pedido de indagatoria de diez personas realizado por el fiscal Rodríguez. Entonces tal vez -y sólo tal vez-, comiencen a surgir las respuestas ante tanta incertidumbre.
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