A fines de julio de 2021, la mamá de una alumna de siete años del Colegio San José de Rafaela se presentó en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad y denunció que su hija había sido abusada en el establecimiento educativo. La denuncia dio origen a una investigación que, dos años después, continúa sin imputados. Por ese motivo, la familia de la menor de edad decidió recurrir a instancias internacionales.
El Colegio San José, de Rafaela, depende directamente del Obispado y es una de las tres instituciones educativas privadas de esa ciudad.
La familia querellante y el equipo legal que representa a la menor de edad emitieron el viernes un comunicado de prensa donde aseguran que el caso "permanece impune" debido a las "irregularidades y omisiones de las y los fiscales intervinientes, tanto de primera instancia como del anterior titular de la Fiscalía Regional N° 5, que se sumaron a los actos de violencia institucional de las autoridades de este Colegio".
"Con tales actos se impidió la realización de las medidas más importantes para determinar quién es el abusador que goza de plena libertad y quienes pueden haber actuado conjuntamente con la médica que llevó adelante una artera maniobra de encubrimiento", denuncian en el texto, que lleva la firma de Vanessa Carrasco, Gastón Astesano, y los letrados Paula Condrac, Guillermo Munné y Lorena Adoratti.
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Desde el equipo legal informaron que se recurrió a "instancias internacionales" que "supervisan el cumplimiento por nuestro país de las obligaciones internacionales sobre prevención y sanción de los delitos de violencia contra niñas y mujeres, tanto por la desprotección en que nos coloca a nosotras/os como, en general, a las infancias de nuestra ciudad".
Desde la representación de la menor, aseguraron a AIRE que no dejarán de insistir en el avance de la investigación.
Preocupación legislativa por posible encubrimiento
En septiembre de 2022, un año después de la denuncia, la preocupación de la familia por el encubrimiento en un caso de posible abuso sexual en el Colegio San José de Rafaela llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Los denunciantes, constituidos como querellantes en la causa, y su equipo de abogados, fueron recibidos en reunión conjunta “para interiorizarse de las graves irregularidades y omisiones en la investigación, que fueron denunciadas públicamente”, comunicaron los abogados Paula Condrac, Guillermo Munné y Lorena Adorati.
Del encuentro participaron las diputadas Gisel Mahmud, Lucila De Ponti y Lionella Cattalini, de las comisiones de Género y de Derechos y Garantías, quienes se mostraron interesadas en los pormenores del hecho y lo tratarán en las respectivas comisiones, informó a AIRE el abogado Munné.
Durante la reunión, los letrados querellantes y los padres de la niña “detallamos la carencia de perspectiva de género y niñez, la falta de objetividad y de transparencia, y la violencia institucional sufridas por la niña víctima y su familia por parte de las fiscales intervinientes en la causa de Abuso Sexual, del fiscal interviniente en la causa de Encubrimiento, y del Fiscal Regional N° 5, todo lo cual constituyó una grave obstrucción para el Acceso a la Justicia”, sostuvieron. Lo manifestado por los reclamantes fue acompañado con una carpeta de antecedentes y la respectiva documentación.
Los letrados querellantes informaron que las diputadas se interesaron en diversos detalles de las situaciones afrontadas por la familia y su representación profesional y anticiparon que evaluarán en las Comisiones las próximas acciones a llevar adelante con el Fiscal General de la Provincia y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, respecto de lo denunciado.
La denuncia por encubrimiento de una médica en una causa
En una conferencia de prensa realizada en 2022, los abogados querellantes realizaron un repaso de los hechos: “El abuso se cometió en un baño del Colegio San José en horas de la tarde del día 28 de julio de 2021. Las lesiones de la víctima fueron constatadas esa misma noche por un reconocido médico ginecólogo de esta ciudad. En la causa obra agregado el esquema de la lesión constatada y la declaración testimonial del ginecólogo, que dan cuenta de esa lesión y de la presunción de abuso”, sostuvieron.
A continuación, los abogados detallaron que tanto los registros electrónicos y audiovisuales de ingresos y acciones en el Colegio San José no fueron inmediatamente preservados, circunstancia que los hace presumir que se filtró la información: “dudamos sobre el cumplimiento de la reserva que las fiscales debían tener de esta evidencia aportada por el médico ginecólogo”.
Luego intervino en la causa una médica pediatra, quien describió las mismas lesiones en la víctima y aún la misma ropa, “pero inventando una historia que ahora les damos a conocer: la médica declaró en la causa a fines de agosto, y dijo que 20 días antes del abuso, había revisado ginecológicamente a la niña víctima en la Guardia de la Clínica Nacer, describió las mismas lesiones que el ginecólogo y concluyó que la niña se había autolesionado”, expresaron los querellantes. Además agregó que le había recetado “una cremita” para tratar las lesiones.
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Esta profesional, que los querellantes denuncian por encubrimiento, aseveró al declarar que si bien en el libro de Guardia constaba que la niña fue por vómitos, cuando entraron al consultorio, la mamá reconoció que eso no era real e instó a su hija a que diga la verdad, o sea que iban por una lesión vaginal. Los abogados sostienen que con esta declaración falaz, “la médica encubridora intentó plantar una evidencia falsa para desviar la investigación y para que se evapore el delito cometido en el baño del Colegio San José, poniendo las lesiones a cargo de la propia víctima”.
Munné, Condac y Adoratti agregaron que luego, las fiscales Favia Burella y Angela Capitanio, “a espaldas de la mamá y el papá de la niña, buscaron convencer a este equipo legal sobre el valor de lo aportado por esta médica encubridora. De habernos guiado por eso, la familia hubiese perdido nuevamente su representación profesional como querellantes”.
Negativa a investigar
El accionar de la profesional de la salud fue desenmascarado por los propios abogados querellantes, quienes pudieron constatar que la médica, cuando atendió a la niña 20 días antes del abuso, “suscribió de su puño y letra una receta con dos medicamentos, señalando en el diagnóstico que la niña padecía gastroenteritis aguda. No existieron ni revisación ginecológica, ni lesión vaginal, ni calcita ni cremita. Así lo probamos, presentando la foto de la nena en la sala de espera con una remera con manchas de vómitos y un pantalón pijama, suelto, a cuadros (esta foto la mandó la mamá al papá que esperaba afuera por protocolo covid)”, es decir, una vestimenta diferente a la que había declarado ante el MPA.
Los querellantes además aportaron la receta de la médica y el ticket de compra de la farmacia: “recetó Enterogemona plus ampollas bebibles x 1 caja e Ibuprefeno en suspensión pediátrica x1 unidad bajo el diagnóstico sellado y firmado de GEA (gastroenteritis aguda)”, precisaron. “La ‘cremita’ indicada para lesiones vaginales, no sólo es desmentida por esta receta que firma y sella la médica, sino que tampoco aparecen en ninguna otra receta, según informa el titular del Colegio de Farmacéuticos en fecha 23 de noviembre de 2021”, resumieron.
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Los querellantes expusieron las irregularidades ante las fiscales Favia Burella y Ángela Capitanio, “quienes se negaron a investigar; recurrimos al fiscal regional Diego Vigo, que sostuvo a las fiscales en su decisión de no investigar a la médica. Recurrimos ante el Fiscal General de la Provincia de Santa Fe Jorge Baclini para que aparte de la investigación a Vigo, Burella y Capitanio, y ponga al frente de la investigación un fiscal con garantía de objetividad y transparencia ante quien sí pudiéramos aportar nuestras pruebas y proponer otras nuevas. Aún no lo logramos. Denunciamos a las fiscales mencionadas ante la Auditora General de Gestión del MPA Cecilia Vranicich, quien no encontró nada raro en que las fiscales se nieguen a investigar”, enumeraron los letrados.
Pero eso no fue todo; los querellantes recurrieron directamente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela. El camarista Cristian Fiz responsabilizó de la situación al Fiscal General Baclini “pero a la vez dejó claro que ante la negativa reiterada de investigar a la médica pediatra en la causa del abuso sexual, conservábamos la facultad de efectuar una denuncia penal autónoma contra ella, o sea denunciar a la médica ante otro fiscal y abrir una nueva causa”.
Las actuaciones por el accionar de la médica pediatra fueron remitidas al fiscal Gustavo Bumaguín, “quien sin hacer una sola diligencia el 05 de julio de este año desestimó el caso y archivó el legajo. Para ello omitió tratar el encuadramiento penal más adecuado de la situación como encubrimiento y actuó como si no existiera la prueba documental que pone en evidencia la maniobra de la médica, cerrando filas con Baclini, Vigo, Burella, Capitanio y Vranicich”, cuestionaron los querellantes.
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