El 28 de julio de 2021, los padres de una niña de 7 años denunciaron que su hija podía haber padecido un abuso sexual en las instalaciones del Colegio San José, y reclamaron que se investigue. Un año después, los abogados querellantes que los representan denunciaron públicamente graves irregularidades en la investigación, tanto por parte de los fiscales intervinientes como de una médica pediatra de Rafaela.
El Colegio San José, de Rafaela, depende directamente del Obispado y es una de las tres instituciones educativas privadas de esa ciudad.
Los pormenores del caso fueron ventilados en una conferencia de prensa realizada en Rafaela, y la denuncia de los letrados querellantes Guillermo Munné, Paula Condac y Lorena Adorati alcanza a los fiscales que tomaron intervención tras la denuncia, al fiscal regional Diego Vigo, al fiscal general Jorge Baclini y a la auditora del MPA Cecilia Vranicich.
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Posible encubrimiento
En la conferencia de prensa, los abogados querellantes realizaron un repaso de los hechos: “el abuso se cometió en un baño del Colegio San José en horas de la tarde del día 28 de julio de 2021. Las lesiones de la víctima fueron constatadas esa misma noche por un reconocido médico ginecólogo de esta ciudad. En la causa obra agregado el esquema de la lesión constatada y la declaración testimonial del ginecólogo, que dan cuenta de esa lesión y de la presunción de abuso”, sostuvieron.
A continuación, los abogados detallaron que tanto los registros electrónicos y audiovisuales de ingresos y acciones en el Colegio San José no fueron inmediatamente preservados, circunstancia que los hace presumir que se filtró la información: “dudamos sobre el cumplimiento de la reserva que las fiscales debían tener de esta evidencia aportada por el médico ginecólogo”.
Luego intervino en la causa una médica pediatra, quien describió las mismas lesiones en la víctima y aún la misma ropa, “pero inventando una historia que ahora les damos a conocer: la médica declaró en la causa a fines de agosto, y dijo que 20 días antes del abuso, había revisado ginecológicamente a la niña víctima en la Guardia de la Clínica Nacer, describió las mismas lesiones que el ginecólogo y concluyó que la niña se había autolesionado”, expresaron los querellantes. Además agregó que le había recetado “una cremita” para tratar las lesiones.
Esta profesional, que los querellantes denuncian por encubrimiento, aseveró al declarar que si bien en el libro de Guardia constaba que la niña fue por vómitos, cuando entraron al consultorio, la mamá reconoció que eso no era real e instó a su hija a que diga la verdad, o sea que iban por una lesión vaginal. Los abogados sostienen que con esta declaración falaz, “la médica encubridora intentó plantar una evidencia falsa para desviar la investigación y para que se evapore el delito cometido en el baño del Colegio San José, poniendo las lesiones a cargo de la propia víctima”.
Munné, Condac y Adoratti agregaron que luego, las fiscales Favia Burella y Angela Capitanio, “a espaldas de la mamá y el papá de la niña, buscaron convencer a este equipo legal sobre el valor de lo aportado por esta médica encubridora. De habernos guiado por eso, la familia hubiese perdido nuevamente su representación profesional como querellantes”.
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Negativa a investigar
El accionar de la profesional de la salud fue desenmascarado por los propios abogados querellantes, quienes pudieron constatar que la médica, cuando atendió a la niña 20 días antes del abuso, “suscribió de su puño y letra una receta con dos medicamentos, señalando en el diagnóstico que la niña padecía gastroenteritis aguda. No existieron ni revisación ginecológica, ni lesión vaginal, ni calcita ni cremita. Así lo probamos, presentando la foto de la nena en la sala de espera con una remera con manchas de vómitos y un pantalón pijama, suelto, a cuadros (esta foto la mandó la mamá al papá que esperaba afuera por protocolo covid)”, es decir, una vestimenta diferente a la que había declarado ante el MPA.
Los querellantes además aportaron la receta de la médica y el ticket de compra de la farmacia: “recetó Enterogemona plus ampollas bebibles x 1 caja e Ibuprefeno en suspensión pediátrica x1 unidad bajo el diagnóstico sellado y firmado de GEA (gastroenteritis aguda)”, precisaron. “La ‘cremita’ indicada para lesiones vaginales, no sólo es desmentida por esta receta que firma y sella la médica, sino que tampoco aparecen en ninguna otra receta, según informa el titular del Colegio de Farmacéuticos en fecha 23 de noviembre de 2021”, resumieron.
Los querellantes expusieron las irregularidades ante las fiscales Favia Burella y Ángela Capitanio, “quienes se negaron a investigar; recurrimos al fiscal regional Diego Vigo, que sostuvo a las fiscales en su decisión de no investigar a la médica. Recurrimos ante el Fiscal General de la Provincia de Santa Fe Jorge Baclini para que aparte de la investigación a Vigo, Burella y Capitanio, y ponga al frente de la investigación un fiscal con garantía de objetividad y transparencia ante quien sí pudiéramos aportar nuestras pruebas y proponer otras nuevas. Aún no lo logramos. Denunciamos a las fiscales mencionadas ante la Auditora General de Gestión del MPA Cecilia Vranicich, quien no encontró nada raro en que las fiscales se nieguen a investigar”, enumeraron los letrados.
Pero eso no fue todo; los querellantes recurrieron directamente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela. El camarista Cristian Fiz responsabilizó de la situación al Fiscal General Baclini “pero a la vez dejó claro que ante la negativa reiterada de investigar a la médica pediatra en la causa del abuso sexual, conservábamos la facultad de efectuar una denuncia penal autónoma contra ella, o sea denunciar a la médica ante otro fiscal y abrir una nueva causa”.
Las actuaciones por el accionar de la médica pediatra fueron remitidas al fiscal Gustavo Bumaguín, “quien sin hacer una sola diligencia el 05 de julio de este año desestimó el caso y archivó el legajo. Para ello omitió tratar el encuadramiento penal más adecuado de la situación como encubrimiento y actuó como si no existiera la prueba documental que pone en evidencia la maniobra de la médica, cerrando filas con Baclini, Vigo, Burella, Capitanio y Vranicich”, cuestionaron los querellantes.
Violencia institucional
Finalmente, los letrados que representan a los padres de la niña, sostuvieron que “la fiscal Burella, además de resistirse férreamente a investigar a la médica pediatra, litigó contra la querella para que nadie la investigue, litigó contra los intereses y el acceso a la Justicia de una niña de siete años víctima de abuso sexual agravado en un colegio religioso, sin que el Fiscal Regional Vigo ni el Fiscal General Baclini ni la Auditora General del MPA Vranicich encuentren nada raro en esto”.
“Tocamos todas las puertas y todas permanecieron hermética, sistemática y corporativamente cerradas para la niña víctima. El MPA se blindó en la negativa a investigar y con ello obstaculizó el Acceso a la Justicia de la niña de tal modo que lo tornó imposible”, cuestionaron los querellantes. “La niña, los padres, su familia y este equipo legal padecimos de parte del MPA de Rafaela una mayúscula y cruel violencia institucional, que vino a agregarse a los engaños y destratos que la familia sufrió de parte de autoridades del Colegio en los días posteriores a denunciar el abuso cometido”, concluyeron.
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