Economía y finanzas a la luz de la Carta Encíclica "Caritas in veritate": el homo economicus

La Carta Encíclica del Sumo Pontífice Emérito Benedicto XVI sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad conocida como “Caritas in veritate” dada en Roma, el 29 de junio del año 2009, quinto de su Pontificado, vuelve a clarificar y reiterar la necesidad de un hombre en comunión con su Creador ya que “... sólo el encuentro con Dios permite no «ver siempre en el prójimo solamente al otro», sino reconocer en él la imagen divina, llegando así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que «es ocuparse del otro y preocuparse por el otro»”.

Dentro de sus tantos aportes valiosos para la humanidad, Su Santidad señala un criterio ético-solidario que debe regir tanto en la economía como en las finanzas (públicas y privadas) entendiendo que “... la economía y las finanzas, al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando quien los gestiona tiene sólo referencias egoístas. De esta forma, se puede llegar a transformar medios de por sí buenos en perniciosos. Lo que produce estas consecuencias es la razón oscurecida del hombre, no el medio en cuanto tal. Por eso, no se deben hacer reproches al medio o instrumento sino al hombre, a su conciencia moral y a su responsabilidad personal y social”.

En primer término y como hemos destacado en la anterior publicación [1], entendemos que el materialismo individualista aplicado a ultranza en la planificación y manejo de las finanzas públicas si bien permite el respeto de la libertad de cada individuo, lo cual es a su vez tutelado por el poder político, trae como consecuencia en el mercado de que los fuertes opriman “libremente” a los más débiles. Es por ello por lo que debemos partir que el fin de la sociedad no es el bien individual aislado, ni mucho menos un conjunto de bienes individuales de sus integrantes.

Aldo Alurralde es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Asimismo, y en la actualidad, dos problemas principales y de manera estructural afectan las finanzas públicas y que se traslucen en la mayoría de las finanzas de los estados subdesarrollados. Por un lado, la magnitud de gastos públicos y por el otro la disminución de los recursos (en especial aquellos conocidos como derivados del Estado como son los tributos comprendiendo a las subespecies impuestos, tasas y contribuciones).

En materia de gasto público debemos partir de la base que no es malo que los estados gasten, sino que creemos que dicho gasto deberá orientarse hacia los sectores productivos de la economía de manera que permitan reactivar la misma.

Cada vez que se pretende actuar bajo la guía de consideraciones morales y que se juzga el accionar de otros se debe partir de la premisa básica de “dar el ejemplo”. Cuando el Estado gasta y gasta bien podemos decir que realiza un manejo responsable de sus finanzas, direccionando el gasto hacia las reales necesidades públicas, lo cual implica que los administrados perciban que sus esfuerzos económicos vuelven a la comunidad y no son utilizados para financiar déficits presupuestarios. Así por ejemplo todo gasto originado por el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas incorpora un efecto multiplicador en la economía en lo que hace -principalmente- a la generación de bienes y servicios. De esta manera se legitima el gasto, fundado en un criterio ético de ayuda hacia los que menos tienen.

LEER MÁS ► Sistematización del fraude fiscal: cuando el reproche social se disocia del delito de evasión

Actualmente nadie duda que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la utilización del microcrédito constituyen un elemento esencial en la estrategia del crecimiento de una economía. Las operaciones de las Pymes abarcan una amplia y diversa gama de actividades económicas, que van desde pequeñas empresas manufactureras o de servicios en rápido crecimiento hasta microempresas en las zonas rurales. En conjunto, las pymes no solo contribuyen de manera importante al mejoramiento del nivel de vida, sino que también inducen a una formación sustancial de capital local y logran altos niveles de productividad y capacidad. Las pymes pueden contribuir en forma importante al aumento de la producción y el empleo industriales y servir de mecanismo vital para el crecimiento empresarial, tecnológico y administrativo. Hay sectores enteros de la industria que por medio de las pymes y el acceso al microcrédito pueden aumentar su competitividad y su capacidad de exportación.

La situación antedicha es advertida por el Santo Padre en la Encíclica referenciada al señalar que: “... la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Hoy se habla mucho de ética en el campo económico, bancario y empresarial ... Se desarrolla una «finanza ética», sobre todo mediante el microcrédito y, más en general, la micro financiación. Dichos procesos son apreciados y merecen un amplio apoyo. Sus efectos positivos llegan incluso a las áreas menos desarrolladas de la tierra”. Aunque seguidamente advierte: “... Conviene, sin embargo, elaborar un criterio de discernimiento válido, pues se nota un cierto abuso del adjetivo «ético» que, usado de manera genérica, puede abarcar también contenidos completamente distintos, hasta el punto de hacer pasar por éticas decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del hombre”.

Benedicto XVI, autor de la Carta Encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad conocida como “Caritas in veritate”, publicada en el año 2009.

Por otra parte, la crisis financiera acaecida en el contexto internacional en la última década -conocida también como de las “hipotecas subprime” (subprime mortgage crisis) [2]- generó un especial llamado del Sumo Pontífice hacia las naciones más desarrolladas.

Primeramente, señalamos que el término “Desarrollo” trasciende en la Doctrina Social de la Iglesia al de simple plenitud económica de un país aisladamente, sino que adquiere un carácter universal e integral y se encuentra íntimamente vinculado con la necesidad del hombre de Dios, caso contrario existirá un “desarrollo deshumanizado”. En tal sentido, magistralmente advierte el Santo Padre que: “Este desarrollo exige, además, una visión trascendente de la persona necesita a Dios: sin Él, o se niega el desarrollo, o se le deja únicamente en manos del hombre, que cede a la presunción de la auto-salvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado”.

Asimismo, el término “desarrollo” no debe confundirse con el de “evolución”, propio de los estados que sostienen el ateísmo. La simple evolución limita la misión del ser humano a la resolución de simple cuestiones “prácticas” conviviendo en dichos estados este mal llamado “desarrollo” con el “subdesarrollo moral”. Por lo expuesto advierte Su Santidad que: “El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera únicamente historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a transcenderse en una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de evolución, pero no de desarrollo. Cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo humano integral y les impide avanzar con renovado dinamismo en su compromiso en favor de una respuesta humana más generosa al amor divino. Y también se da el caso de que países económicamente desarrollados o emergentes exporten a los países pobres, en el contexto de sus relaciones culturales, comerciales y políticas, esta visión restringida de la persona y su destino. Éste es el daño que el «superdesarrollo» produce al desarrollo auténtico, cuando va acompañado por el «subdesarrollo moral»“.

LEER MÁS ► Corrupción y derechos humanos: responsabilidad del Estado y transversalidad del fenómeno

El Santo Padre descubre en la mentada crisis una oportunidad para el dialogo en la búsqueda de la verdad ya que: “... la verdad es «lógos» que crea «diá-logos» y, por tanto, comunicación y comunión”. Sostiene que dicho diálogo para ser eficaz ha de tener como punto de partida una toma de conciencia de la identidad específica de los diversos interlocutores debiendo revisarse el camino andado, generarse nuevas reglas y encontrarse nuevas formas de compromiso, apoyándonos en las experiencias positivas y rechazando las negativas ya que “De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada”.

En el marco de la crisis internacional la tarea de los estados más ricos no se agota con una simple ayuda monetaria o un dirigismo económico externo ya que en palabras de Su Santidad: “La ayuda internacional, precisamente dentro de un proyecto inspirado en la solidaridad para solucionar los actuales problemas económicos, debería apoyar en primer lugar la consolidación de los sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos en los países que todavía no gozan plenamente de estos bienes. Las ayudas económicas deberían ir acompañadas de aquellas medidas destinadas a reforzar las garantías propias de un Estado de derecho, un sistema de orden público y de prisiones respetuoso de los derechos humanos y a consolidar instituciones verdaderamente democráticas. No es necesario que el Estado tenga las mismas características en todos los sitios: el fortalecimiento de los sistemas constitucionales débiles puede ir acompañado perfectamente por el desarrollo de otras instancias políticas no estatales, de carácter cultural, social, territorial o religioso”.

Etimológicamente el término Estado proviene del verbo latino sto, stare, steti, statum, que significa estar de pie, ser o estar firme, estar parado sin moverse. Todas estas palabras engloban la idea de estabilidad y presencia, constituyendo estos últimos un elemento básico de un Estado, de un estatuto o de una constitución. Ello es así porque el Estado constituye una creación de la persona humana en comunidad para poder realizarse integralmente en todas sus dimensiones (humanas, económicas, políticas, éticas, intelectuales, sociales, religiosa, etc).

LEER MÁS ► El principio precautorio, la tutela del ambiente y el rol esencial de los jueces

Dentro del Estado dicha persona interactúa con su propia creación ejercitando los derechos que le confiere su ciudadanía, razón por la cual es esencial la adopción de un régimen y un sistema institucional democrático, que sirva como un medio para que esa misma comunidad política alcance como fin el bien común.

Por otra parte, el presupuesto legitimador de la existencia y permanencia del Estado consiste, entre otros, en la promoción y garantía de los derechos fundamentales dentro de un sistema democrático constituyendo la persona humana el principio y fin de la existencia del Estado y del derecho.

Los derechos fundamentales son aquellos que, dentro del ordenamiento jurídico, disfrutan de un status especial en cuanto a las garantías de su tutela que el Estado brinda. Es por ello que los derechos constitucionales (denominados también derechos fundamentales y garantías individuales) constituyen aquellos derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana.

Si bien ello es así, su constitucionalización no fue automática sino el producto de un largo proceso histórico de luchas y conquistas sociales. En tal sentido debemos recordar que hasta fines del Siglo XV no existía la concepción del Estado como un ente de existencia ideal, necesaria e independiente del gobernante no siendo posible hablar de actividad y política financiera del Estado ni mucho menos de derechos de los ciudadanos. Desde principios del Siglo XX el Estado va abandonando su rol de laisser faire y laisser passer (dejar hacer, dejar pasar) a raíz de la industrialización y la creciente desprotección del individuo en sus derechos sociales más elementales. Concordantemente a este proceso histórico los derechos de propiedad fueron perfeccionados e independizados de la política y del Soberano actuando como instrumento facilitador de la economía.

LEER MÁS ► La necesidad de mecanismos de prevención del uso de drogas en provincias y municipios

La consagración de los derechos fundamentales es relativamente reciente llegando a su positivización en el ámbito nacional, por medio del dictado de leyes tutelares de los mismos o plasmados en declaraciones de derechos y cartas constitucionales. A nivel internacional y luego de la segunda guerra mundial encontramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 [3] la cual, junto con otros tratados y pactos, promovieron su universalización y respeto bajo la denominación de uso más común de “derechos humanos”.

No obstante lo expuesto y en la actualidad la mentada universalización y respeto no se han alcanzado integralmente ya que existen diversas condiciones políticas, económicas, sociales, culturales e inclusive religiosas en cada Estado que muchas veces constituyen un freno al reconocimiento de los mismos.

Asimismo, los derechos humanos (fundamentales) se encuentran en constante evolución tanto en la esfera pública como en la privada. Ello es así debido a las nuevas problemáticas y necesidades que surgen día a día y que, como sostuvimos, fundamentalmente se vinculan con el respeto de la dignidad de la persona humana.

Frente a ello advierte en la Carta Encíclica de marras el Santo Padre que “... el mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre los Estados con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adoptando diversas medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del mundo del trabajo. Estos procesos han llevado a la reducción de la red de seguridad social a cambio de la búsqueda de mayores ventajas competitivas en el mercado global, con grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social”.

LEER MÁS ► Una postura frente al intento de responsabilizar a los medios por los comentarios de terceros

Dentro de este esquema surge el principio de subsidiaridad, que se opone a toda forma de colectivismo y traza los límites en la intervención del Estado intentando armonizar las relaciones entre los individuos y la sociedad. En tal sentido señala el Sumo Pontífice: “La subsidiaridad es ante todo una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipadora, porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades. La subsidiaridad respeta la dignidad de la persona, en la que ve un sujeto siempre capaz de dar algo a los otros. La subsidiaridad, al reconocer que la reciprocidad forma parte de la constitución íntima del ser humano, es el antídoto más eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista. Ella puede dar razón tanto de la múltiple articulación de los niveles y, por ello, de la pluralidad de los sujetos, como de su coordinación”.

Por último, resta señalar la problemática descripta en la Encíclica de lo que se denomina una “sociedad en vías de globalización” siendo en tal sentido el amor en la verdad -caritas in veritate- un gran desafío para la Iglesia, advirtiéndose que “El riesgo de nuestro tiempo es que la interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se corresponda con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo realmente humano”.

Es sabido que en la última década y dentro del marco de la globalización los paradigmas económicos primaron sobre los políticos dentro de un panorama a veces inquietante (el homo economicus resucitó con toda su fuerza). La crisis de las hipotecas sub prime y el lavado de activos demuestran que el sector financiero está cada vez más desvinculado de la economía real, hay un divorcio creciente entre la producción y el consumo, y no existen suficientes mecanismos reguladores estatales ni supraestatales que permitan ordenar el caos de un sistema de valores que pone en peligro el desarrollo mundial mismo.

LEER MÁS ► Narcotráfico y prisión domiciliaria: análisis del riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio

La “sociedad global” no solucionó la brecha entre los Estados con economías ricas y los pobres diseminados en todo el mundo como tampoco morigeró en forma significativa la problemática del hambre y del acceso al agua. A raíz de lo expuesto en la Carta Encíclica referenciada sostiene el Sumo Pontífice que: “…en la era de la globalización, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido también en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. El hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces, tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o por la irresponsabilidad política nacional e internacional. El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socioeconómicos, que se puedan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo. El derecho a la alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros derechos, comenzando ante todo por el derecho primario a la vida. Por tanto, es necesario que madure una conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso al agua como derechos universales de todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones.”

No obstante lo expuesto el Santo Padre considera que el fenómeno de la globalización, guiado por la caridad en la verdad, pueden constituir una verdadera oportunidad de progreso mundial al señalar que: “La novedad principal ha sido el estallido de la interdependencia planetaria, ya comúnmente llamada globalización. Pablo VI lo había previsto parcialmente, pero es sorprendente el alcance y la impetuosidad de su auge. Surgido en los países económicamente desarrollados, este proceso ha implicado por su naturaleza a todas las economías. Ha sido el motor principal para que regiones enteras superaran el subdesarrollo y es, de por sí, una gran oportunidad. Sin embargo, sin la guía de la caridad en la verdad, este impulso planetario puede contribuir a crear riesgo de daños hasta ahora desconocidos y nuevas divisiones en la familia humana. Por eso, la caridad y la verdad nos plantean un compromiso inédito y creativo, ciertamente muy vasto y complejo. Se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa «civilización del amor», de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura”.

Dentro de todo este contexto el aporte orientador de la Iglesia es riquísimo, es por ello por lo que entendemos que la Carta Encíclica “Caritas in veritate” constituye un nuevo llamado de la misma al amor en verdad orientada en esta oportunidad a la Economía y las Finanzas Públicas y Privadas. Bienvenida entonces la buena luz de ésta, la verdadera y buena Doctrina.

Notas al pie

[1] “Sistematización teórica del Fraude Fiscal - Cuando el reproche social se disocia del delito de evasión”, Doctrina Jurídica destacada, Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC D 669/2021.

[2] La crisis de las hipotecas subprime de los años 2007/2008 fue una crisis financiera generada por desconfianza crediticia que se extendió inicialmente por los mercados financieros de Estados Unidos y se considera el detonante de una importante recesión en el plano internacional, abarcando lo que se conoció como la burbuja inmobiliaria en España lo que motivo numerosas quiebras financieras, nacionalizaciones bancarias, constantes intervenciones de los bancos centrales de las principales economías desarrolladas, profundos descensos en las cotizaciones bursátiles y un deterioro de la economía global real de las naciones más industrializadas.

[3] El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su preámbulo establece “ Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Este artículo fue originalmente escrito para la editorial Rubinzal Culzoni.