Por el caso se desarrollaron a principios de octubre más de veinte allanamientos que terminaron con el secuestro de 400 teléfonos.
La causa que investiga la ruta de los celulares robados y extraviados de Santa Fe sumó durante este martes las primeras condenas. En una audiencia que tuvo lugar en tribunales y que fue presidida por el juez penal Leandro Lazzarini, siete de los doce imputados que por el momento tiene el caso aceptaron penas mediante juicios abreviados.
Las condenas se dieron luego de una serie de acuerdos cerrados entre la fiscal de la causa, Gabriela Arri y las distintas defensas a cargo de Sonia Bustos (defensora pública); Roberto Patiño; Analía Vega; Ignacio Huser; y Clara Vázquez.
El acuerdo alcanza a Diego Rubén G., Mariana H., David B., Mauricio C., Alejandro V., Mauro Aníbal R., y Damián Aníbal C. Todos acordaron penas de tres años de prisión condicional como autores de “encubrimiento agravado por habitualidad y actuar con ánimo de lucro y por no contar con habilitación especial”.
El procedimiento abreviado también dispuso para las siete personas la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad comercial relacionada con la compra, venta, reparación de teléfonos celulares por el término de cinco años por lo que no podrán estar vinculados al rubro mientras dure la medida acordada en el palacio de justicia.
El caso salió a la luz el pasado 6 de octubre cuando agentes de la División Complejas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desplegaron 23 allanamientos en domicilios particulares y locales de venta y reparación de celulares en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. En tales procedimientos, los investigadores secuestraron cerca de 400 teléfonos de los cuales muchos de ellos figuraban como denunciados ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
De la causa también surgió que, en esos locales comerciales, sus encargados y propietarios, utilizaban los llamados Box Cracked, que permiten desbloquear un teléfono y a su vez cambiarle el IMEI, lo que comúnmente se conoce como el DNI de cada dispositivo. Los mismos permiten que los teléfonos sean desbloqueados por lo que en muchos casos pueden volver a ser usados y nuevamente puestos en circulación.
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La causa no solo permitió desbaratar estos locales de venta y reparación, sino que también destapó por primera ante la Justicia que sucede con los teléfonos que son robados o perdidos y nunca jamás terminan siendo recuperados por sus legítimos propietarios.
En este sentido, según indicaron fuentes judiciales a AIRE, años atrás existió una investigación que se llevó a cabo en una unidad investigativa, pero que terminó frustrándose antes de concretarse los allanamientos. Algunos creen que el procedimiento terminó siendo “vendido” por la fuerza que investigó en su momento a los encargados de recibir y modificar los IMEI de los celulares de dudosa procedencia.
