¿Fueron a Brasil?: el agujero negro de los fusiles y municiones en Fabricaciones Militares y el Batallón 603
Una auditoría detectó faltantes de balas y otros componentes, pero el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque jamás investigó. ¿Fueron a parar a Brasil?
El robo de armas en Fabricaciones Militares y el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, es un negocio permanente.
La aparición de un fusil FAL del Ejército argentino en manos de Comando Vermelho en la favela Penha, donde se produjo el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que terminó con más de 100 muertos, dejó al descubierto que el robo de armas en Fabricaciones Militares y el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, es un negocio permanente, según las sospechas que surgen de investigaciones judiciales. La fiscalía federal pidió a Brasil, a través de la ANMAC, que envié qué numeración tiene el fusil argentino secuestrado en manos de Comando Vermleho para confirmar si pertenece al lote robado en el batallón de las afueras de Rosario.
En 2011 se detectó un faltante de 43 fusiles FAL y 2.500 partes de ese tipo de arma en el Batallón 603, y la causa quedó dormida en el juzgado federal de Rosario, a cargo Marcelo Bailaque, quien renunció el 1° de julio pasado y actualmente está preso en su casa, acusado de varias causas, entre las que figura que encubrió al jefe narco Esteban Alvarado.
El fiscal federal Javier Arzubi Calvo “rescató” esa causa, en la que están procesados siete militares, pero probablemente sea tarde: la semana próxima la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario definirá si prescribió o no.
En 2014 se había detectado un faltante de municiones calibre 9 mm, que, según el inventario del Ministerio de Defensa de la Nación, en ese momento a cargo de Agustín Rossi, fue de 19.600 balas de ese calibre y 800 .32. Ese caso, que se inició por una denuncia de esa cartera, terminó con el procesamiento de cinco militares.
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La salvaje matanza en Rio de Janeiro dejó al descubierto maniobras de corrupción en Fabricaciones Militares y el Batallón 603.
El robo de fusiles FAL no fue la única causa que quedó en el olvido, sin investigar, por distintas razones. Una auditoría del Ministerio de Defensa de la Nación detectó en 2016 irregularidades en más de 12 millones de municiones y fulminantes en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán, pero tres años después la Justicia Federal archivó la causa al reconocer que no se pudo establecer el destino del material bélico ni cuantificar el perjuicio al Estado.
El caso expuso las contradicciones de un sistema que cerró un expediente sobre armamento sin investigar a fondo un entramado de registros paralelos, transferencias irregulares y depósitos clandestinos que la propia auditoría había calificado como "discrecional y opaco".
El 14 de marzo de 2016, el Ministerio de Defensa de la Nación presentó una denuncia penal por defraudación a la administración pública ante el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo en ese momento de Marcelo Bailaque. La denuncia se basó en una auditoría realizada entre el 1 y 5 de febrero de ese año en la Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán.
El problema que apareció, según explicó a AIRE, una alta fuente judicial de la Fiscalía Federal de Rosario, es que nunca se pudo cotejar la información que había arrojado la auditoría con datos anteriores, debido al “descontrol” que existía en esa dependencia.
“Fue imposible encontrar un responsable porque no existía la documentación o contenía imprecisiones y anomalías”, afirmaron fuentes judiciales. Funcionarios que estuvieron luego al mando de FM señalaron que luego se comprobó que el faltante de fulminantes estaba en la planta de Villa María. “La auditoría se realizó mal”, se atajaron funcionarios que estuvieron en la gestión de Alberto Fernández.
Los auditores habían detectado el faltante de 1.141.000 cartuchos de diversos calibres, incluyendo munición clasificada como "mojada" tras una tormenta ocurrida en 2012. Además, faltaban 1.790.000 fulminantes para fusiles FAL y Mauser, y 9.130.000 fulminantes para pistolas calibre 9 milímetros. Pero la situación era aún más compleja: los auditores también encontraron excedentes no declarados en los registros contables, incluyendo 96.408 proyectiles calibre 9 milímetros, 84.000 del mismo calibre de uso militar, 757.682 proyectiles para FAL y doscientos noventa y 9.000 para cartuchos lanza granadas lacrimógenas.
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En 2011 se detectó un faltante de 43 fusiles FAL y 2.500 partes de ese tipo de arma en el Batallón 603 y la causa quedó dormida en el juzgado federal de Rosario, a cargo Marcelo Bailaque.
La denuncia también daba cuenta del hallazgo de 1.450 cartuchos 9 milímetros de uso militar, 27.000 7,65 milímetros y 7.000 calibre 12,7 milímetros sin registro. Asimismo, los auditores habían detectado material de alta peligrosidad y sensibilidad almacenado en un lugar denominado "Depósito Ex PAF62" sin que figurara en ningún inventario oficial. El informe original, clasificado como "reservado", al que tuvo acceso AIRE, había documentado exhaustivamente estas irregularidades mediante recuentos físicos, cruces con registros contables, análisis de movimientos ante el exRENAR y fotografías de los depósitos.
El juez Bailaque delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Claudio Kishimoto. El caso permaneció abierto durante más de tres años sin que se realizaran medidas probatorias sustanciales, aunque el fiscal admitió –en diálogo con AIRE– que “fue imposible acceder a la documentación para verificar los faltantes”.
No se citó a declarar a los responsables identificados en la auditoría, no se ordenaron peritajes independientes ni se profundizó en el sistema paralelo de transferencias que la auditoría había detectado. Finalmente, el fiscal solicitó el archivo de la causa al argumentar que no surgían de las constancias nuevos elementos que permitieran continuar las investigaciones.
El pedido reconocía explícitamente que no había sido posible corroborar el volumen de producción anual de los elementos en cuestión, determinar el destino de los elementos fabricados o almacenados, establecer su origen ni cuantificar un eventual perjuicio patrimonial a las arcas del Estado Nacional.
El 12 de junio de 2019, el juez Bailaque aceptó el pedido fiscal y archivó la causa, limitándose –en teoría– a verificar que la solicitud estuviera "debidamente motivada". La resolución judicial ordenó devolver la documentación reservada en Secretaría a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y al Ministerio de Defensa, lo que implica que toda la prueba documental regresó a las mismas instituciones que fueron objeto de investigación. El fallo no cuestionó la imposibilidad declarada por la fiscalía de establecer el destino de millones de municiones ni la ausencia de peritajes o testimonios que pudieran esclarecer los hechos denunciados.
Las contradicciones entre la gravedad de los hallazgos documentados y la decisión de archivar son múltiples y evidentes. La auditoría original había producido un informe exhaustivo con recuentos físicos de inventario, cruces con registros contables, detección de sistemas paralelos de transferencia mediante remitos duplicados con numeración genérica, análisis de movimientos ante el RENAR y fotografías de depósitos irregulares. Sin embargo, el archivo sostuvo que no surgieron nuevos elementos para continuar la investigación, sin explicar qué se hizo con los elementos ya documentados ni por qué no se profundizó en las líneas investigativas que la propia auditoría había trazado.
Es llamativo el tratamiento de la munición clasificada como "mojada" por una tormenta de 2012. La causa judicial menciona específicamente este hallazgo, identificado como "1.B" en la auditoría, que daba cuenta del faltante de más de 1.000.000 de cartuchos que debían haber sido destruidos por estar clasificados como "prohibido su uso". La auditoría original había establecido que los registros de destrucción eran irregulares y no coincidían con las cantidades reportadas, pero la investigación judicial nunca estableció si esta munición fue efectivamente destruida sin registro adecuado, desviada a otro destino, vendida irregularmente o robada.
Otro punto preocupante es que casi un millón de unidades en excedente no declarado, material que existía físicamente pero no figuraba en ningún registro oficial, tampoco desató una investigación profunda. La presencia de material no declarado es tan grave como los faltantes, ya que sugiere producción no registrada o ingresos irregulares a la fábrica, pero la justicia nunca investigó el origen de estos excedentes ni cómo llegaron a los depósitos de la instalación militar. Entre estos excedentes figuraban proyectiles de uso militar y fulminantes para armamento de guerra, cuya existencia sin registro plantea serias dudas sobre los controles de producción y almacenamiento.
El archivo judicial menciona brevemente la existencia de material de alta peligrosidad y sensibilidad no inventariado en el llamado “depósito Ex PAF62”, identificado como hallazgo número 3 en la auditoría, pero no profundiza en las implicancias de seguridad de este descubrimiento. La auditoría original había detallado que este depósito contenía 16.154 piezas explosivas, 82 kilogramos de pólvora negra y más de 150.000 cartuchos sin registro, todo almacenado inadecuadamente debido a su inestabilidad propia. Este material explosivo, fuera de control y sin inventariar, representaba un riesgo de seguridad evidente que la investigación judicial dejó sin examinar.
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Uno de los argumentos más controvertidos del pedido de archivo fue la supuesta imposibilidad de cuantificar un eventual perjuicio patrimonial al Estado Nacional. Esta afirmación resulta contradictoria cuando las municiones tienen valores de mercado establecidos, el Ministerio de Defensa cuenta con registros de costos de producción y las licitaciones públicas documentan precios unitarios del material. La propia auditoría había documentado ajustes contables millonarios en las matrículas de munición, lo que evidenciaba que sí existían valores asignados al material faltante o excedente. La decisión de no realizar peritajes contables para establecer estos valores dejó sin cuantificar un potencial daño al patrimonio público que podría alcanzar cifras millonarias.
Un elemento crucial que la justicia dejó completamente sin investigar fue el canal paralelo de movimiento de material bélico que la auditoría había detectado, mediante el cual se transferían municiones entre fábricas militares usando remitos con numeración genérica, matrícula ficticia y sin registro contable ni control de la exRENAR. La propia auditoría había señalado que este sistema impedía el control externo y la trazabilidad del armamento, calificándolo como un mecanismo que funcionaba solo en conocimiento del emisor, fuera de cualquier supervisión. La investigación judicial no profundizó en quiénes crearon este sistema, cuánto material se movió por este canal ni cuál era su destino final, a pesar de que este esquema había sido reconocido por funcionarios de la propia fábrica en reuniones con los auditores.
Tanto la auditoría como la denuncia mencionaban el traslado de veinticuatro toneladas de pólvora marca CBC 102 entre instalaciones militares usando documentación irregular, específicamente remitos que no fueron agregados a la carpeta de uso habitual para movimiento de mercadería entre dependencias. El expediente judicial no registra ninguna medida para esclarecer si esta pólvora llegó efectivamente a destino, qué autorización formal tenía el traslado, por qué se utilizó el sistema paralelo en lugar de los procedimientos regulares ni dónde se encuentra actualmente ese material explosivo. La pólvora sin registro representa un riesgo de seguridad comparable al de las municiones, pero la justicia cerró la causa sin verificar su paradero.
El archivo de esta causa sienta un precedente preocupante sobre la capacidad del sistema judicial para investigar irregularidades en instalaciones militares sensibles. Más de doce millones de unidades entre faltantes y excedentes no declarados, tres años de investigación sin medidas probatorias sustanciales, la imposibilidad declarada de determinar destinos y cuantificar perjuicios, y finalmente el archivo sin responsables identificados configuran un panorama de impunidad que cuestiona la efectividad de los controles sobre material bélico estatal.
El cierre del expediente deja interrogantes fundamentales sin respuesta que van al corazón de la seguridad pública y el control del armamento. No se sabe dónde están los casi once millones de fulminantes faltantes, elementos esenciales para la fabricación de municiones que en manos equivocadas podrían abastecer actividades ilícitas durante años. Tampoco se estableció qué ocurrió con el millón de cartuchos clasificados como mojados que debieron ser destruidos, ni de dónde salieron los casi un millón de proyectiles excedentes que existían físicamente pero no figuraban en ningún registro oficial. La investigación no identificó quién operaba el sistema paralelo de transferencias ni cuánto material se movió sin registro entre 2014 y 2016, período en el cual la auditoría detectó múltiples irregularidades. Finalmente, no se conocen medidas concretas adoptadas para evitar que estas irregularidades se repitan, más allá de la devolución de la documentación a las mismas instituciones involucradas.
Para los responsables de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán mencionados en la auditoría original, el archivo de la causa significa el fin de cualquier responsabilidad penal por las irregularidades documentadas en 2016. Ningún funcionario fue imputado, ningún procedimiento administrativo disciplinario trascendió públicamente y los mecanismos que permitieron el funcionamiento del sistema paralelo de transferencias permanecen sin desmantelar ni siquiera identificar plenamente. El Ministerio de Defensa, que había denunciado los hechos con patrocinio letrado del doctor Pablo Maximiliano Tosco, no realizó declaraciones públicas conocidas sobre el archivo de la causa ni informó sobre medidas administrativas internas adoptadas tras la auditoría.
Para el sistema de control de material bélico argentino, el archivo sin investigación exhaustiva de un caso que involucra millones de unidades de munición y fulminantes plantea serias dudas sobre la capacidad de fiscalización efectiva del armamento en manos del Estado. Si una auditoría interna del propio Ministerio de Defensa puede documentar exhaustivamente irregularidades de esta magnitud y aun así la justicia cierra el caso por falta de elementos, se configuran incentivos perversos que debilitan cualquier intento de control y transparencia. La existencia de sistemas paralelos de transferencia, depósitos sin inventariar y millones de unidades sin destino establecido no solo representa un potencial perjuicio patrimonial al Estado, sino fundamentalmente un riesgo de seguridad pública si ese material termina en circuitos ilegales.
