La atribución de los hechos también roza al contador Gabriel Mizzau. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz formalizó la imputación y resolvió prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Bailaque por el plazo de 120 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026.
En una audiencia celebrada este jueves en los Tribunales Federales de Rosario, el fiscal de Procelac, Juan Argibay Molina, expuso la ampliación de la imputación al exjuez Bailaque, detenido y en prisión domiciliaria desde mayo pasado investigado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.
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El contador de Bailaque, Gabriel Mizzau, también está involucrado en la causa judicial.
Al detallar la atribución, Argibay Molina expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Irigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, de propiedad de Bailaque.
La investigación determinó que la mutual Siempre Joven tiene domicilio en Mariano Moreno 5522 de Wilde, provincia de Buenos Aires, y está vinculada tanto a Whpei como con distintas personas jurídicas relacionadas a éste, tales como: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.
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Si bien la mutual tenía sedes en Buenos Aires, Chubut, San Juan y Mendoza, no contaba con sucursal en Santa Cruz, y nunca ocupó el inmueble que alquiló. Al poco tiempo de celebrar el contrato de locación, por decisión Whpei, la mutual cedió gratuitamente su uso a la mutual 12 de Septiembre, “cuando la cesión de los derechos emergentes del contrato o sublocación (total o parcial) de la propiedad estaba prohibida”, expuso Argibay Molina.
La mutual 12 de Septiembre utilizó la propiedad hasta mayo de 2023 y, desde ese momento quedó desocupada y en estado de abandono. Pero sin perjuicio de ello, Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler de la propiedad por parte de la mutual Siempre Joven resultó extraño a su objeto, pues la contratación careció de causa real y “funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.
Además, el fiscal detalló los períodos en los cuales el juez recibió depósitos bancarios de Siempre Joven en una cuenta personal del Banco Patagonia: $258.000 en 2019; $348.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $924.000 en 2023, $2.600.597 en 2024 y $460.597 en enero de 2025, y en paralelo emitió facturas por $17.000 en 2019, $322.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $1.014.000 en 2023, y $2.647.722 en 2024.
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El empresario Fernando Whpei también está siendo investigado por la Justicia.
Bailaque, de acuerdo a la imputación, incluyó ingresos en sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto ante el fisco como ante el Consejo de la Magistratura, como ingresos lícitos. “Como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado.
Al hacerlo, siempre de acuerdo a la teoría fiscal, Bailaque incumplió la prohibición de aceptar dádivas prevista en el artículo 8, inciso F, del Reglamento para la Justicia Nacional y en el artículo 18 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Para sustentar la imputación, el fiscal sostuvo que los hechos se acreditaron con reporte de movimientos de la caja de ahorro; transferencias de dinero corroborada con facturas emitidas por Bailaque. De acuerdo con lo informado por ARCA, Bailaque facturó servicios de alquiler por un total de $5.145.722.
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En relación con el enmascaramiento de las dádivas a través del contrato de locación, de las tareas realizadas por personal de Gendarmería Nacional en la Oficina de Planificación (Catastro) de Caleta Olivia, se acreditó que es titular del inmueble ubicado en Irigoyen 29 (ex 2044) de esa ciudad, además de declaraciones testimoniales de profesionales que colaboraron en la confección del contrato original del inmueble.
Al atribuir una calificación legal a la conducta, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Bailaque haber cometido 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en concurso real entre sí, todo ello en calidad de autor penalmente responsable.
En relación a las medidas cautelares, Diego Iglesias, titular de PROCELAC, solicitó la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria por 90 días Mizzau y Bailaque. Y si bien ya pesa sobre Bailaque un embargo por 600 millones de pesos, ante las nuevas figuras endilgadas, requirió ampliar el embargo a los 685 millones de pesos.
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Velasco recordó como un elemento preponderante para mantener la prisión preventiva de Bailque las medidas pendientes, la imputación original el peligro procesal. Y que si bien en el marco de la pesquisa se secuestraron 58 elementos electrónicos (celulares, discos externos, computadoras, pen drive, memorias) de los cuales se pudo realizar extracción forense a 40, ello no fue posible sobre el teléfono celular marca Apple, modelo Iphone de Bailaque, el cual podría brindar información valiosa.
En relación al capítulo de lavado de activos, que también roza al Mizzau (imputado y bajo prisión preventiva domiciliaria) el fiscal de Procunar, Matías Scilabra, solicitó al juez que a la hora de evaluar la continuidad de la medida cautelar, pondere su rol y vínculo profesional con empresas relacionadas al condenado narcocriminal Esteban Alvarado.
Tras valorar distintas circunstancias, la complejidad del caso, los graves hechos de corrupción por los cuales Bailaque está bajo investigación y la pena en expectativa, el juez Da Cruz rechazó los planteos formulados por su defensa y formalizó la ampliación de la imputación en los términos y calificación legal que propuso la Fiscalía. Y resolvió prorrogarle la prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 180 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026, y le amplió el embargo a 685 millones de pesos. Respecto de Mizzau, le prorrogó la prisión preventiva domiciliaria hasta el 10 de noviembre de 2025.
