Bailaque presentó su renuncia el 10 de junio pasado, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no la aceptó, por lo que el proceso para apartar al magistrado rosarino continúa. Si el presidente Javier Milei cambiara de posición y aceptara la renuncia del juez, todo el extenso peregrinaje en el Consejo de la Magistratura se anularía.
El juez federal tuvo el último round para defenderse el martes pasado, cuando debía presentarse ante la Comisión de Acusación. Prefirió enviar un extenso documento en el que expone los argumentos de su inocencia. “Ninguna de mis actuaciones como juez federal han tenido por objeto –ni han tenido como efecto real– la protección, el encubrimiento o el favorecimiento de personas vinculadas a organizaciones criminales”, señaló el funcionario.
La Causa Alvarado, el punto de partida
La causa de Bailaque llegó al Consejo de la Magistratura con el impulso de fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que al conseguir la condena del narcotraficante Esteban Alvarado en 2022 por los cargos de homicidio y asociación ilícita, cuestionaron al juez rosarino por no habilitar medidas cruciales en un trámite contra el mismo acusado casi diez años antes, en un legajo que estaba cargado de prueba decisiva en su contra.
Bailaque dijo en su descargo que la Fiscalía no destacó la cantidad de intervenciones telefónicas que sí fueron otorgadas. “La inmensa mayoría que fueron concedidas, que la fuerza de seguridad que investigaba y que la Fiscalía que dirigía la investigación consideraban importantes, no dieron los frutos esperados por los investigadores”, señaló el juez.
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El senador Luis Juez preside la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dictaminó por la destitución de Marcelo Bailaque.
“Sin embargo, luego sí, paradójicamente, las que no fueron concedidas terminaron siendo, a juicio de los investigadores, aquellas determinantes y que frustraron la investigación”, apuntó Bailaque.
Todo listo para la destitución de Bailaque
A pesar de su intento por defenderse, Bailaque se encamina a ser destituido por el Consejo de la Magistratura, que este jueves terminó una etapa trascendental de su tarea al aprobar en el plenario el dictamen de la acusación que llevaron adelante los consejeros Álvaro González y Alberto Maques.
“Nos encontramos, en un punto en el que consideramos que se han reunido los elementos suficientes para proponerle plenario de este cuerpo, la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión en sus funciones del magistrado Marcelo Bailaque, juez del Juzgado Federal n° 4 de Rosario”, señalaron los consejeros.
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Expusieron que “se encuentra debidamente acreditado y configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por obrar con falta de integridad, transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, que les es exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando así la confianza pública en el sistema judicial, en su intervención, previa y durante el trámite de los expedientes que se han identificado en el dictamen presentado”.
Según fuentes del Consejo de la Magistratura es posible que antes del inicio de la feria judicial de mitad de año, Bailaque sea destituido.
Marcelo Bailaque, entre la jubilación y la destitución
Antes de enviar su renuncia, Bailaque pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario una certificación de ingresos para mandar esa documentación a Santa Cruz. Si el Poder Ejecutivo acepta su renuncia o si el Consejo de la Judicial lo destituye, en ambos casos, perderá sus fueros y deberá cumplir la prisión preventiva que fue ordenada por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ante el pedido del fiscal de PROCELAC Diego Velazco.
Luego, la Cámara Federal de Apelaciones, con el voto de los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria con el argumento de que no había peligro de fuga del magistrado y que en la comodidad de su casa no podía interceder en la causa judicial en la que se lo investiga.
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La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió este jueves para dictaminar sobre el caso del juez Bailaque.
Bailaque tomó esta decisión al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario. En el Consejo de la Magistratura observaron que eligió un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Las tres causas contra Marcelo Bailaque
El juez federal de Rosario enfrenta una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos. Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló AIRE el 11 de junio de 2024, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.
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Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que “esto es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de Bailaque actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez ocupe el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.
Bailaque, Whpei y Vaudagna: una trama de extorsión
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Fernando Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la Justicia– para perjudicar al empresario Claudio Iglesias.
Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
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El financista Fernando Whpei también está involucrado en la causa que implica a Marcelo Bailaque.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
El contador que conecta a Bailaque con Alvarado
Marcelo Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que Esteban Alvarado, el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau.
“No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este medio. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.
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Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la Justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría.
Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.
