“Esta es una causa en la que no se puede fallar. Si uno la emprende no es para ver qué pasa, sino para obtener un resultado positivo”, sostuvo. “Institucionalmente no fue gratis tener un juez cuestionado tomando decisiones. Por eso lo hicimos con la convicción absoluta de que hay prueba para dar certeza y por ende, una condena”.
La investigación contra Marcelo Bailaque
La investigación se centra en tres hechos que, según el fiscal, tienen un hilo común: “conflictos de intereses no blanqueados” y “abuso del poder que el sistema institucional argentino le había dado para satisfacer intereses particulares, no para satisfacer el interés general”.
Uno de esos hechos está vinculado con la causa contra el narco Esteban Lindor Alvarado. “Se le endilga la demora en la persecución penal a Alvarado. Y en ese caso el conflicto de interés era que Gabriel Misó, una persona de íntima amistad con el doctor Bailaque, era el contador de parte del entramado societario que había armado Alvarado para lavar dinero”, explicó.
En la causa por extorsión y concusión, según relató Reinares Solari, también aparece el nombre de Fernando Whpei, amigo del exjuez. “Y tampoco blanquea esa relación. Otra vez lo mismo: un vínculo personal que no fue declarado y que contaminó su intervención”.
En el tercer hecho, relacionado con el manejo de fondos de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín, el fiscal apuntó que “esos fondos terminaron depositados en una mutual en la cual, según nuestra hipótesis acusatoria, su amigo Fernando Whpei tenía una influencia decisiva”. Y recordó: “Cuando los estibadores lo recusaron y le dijeron ‘usted no puede manejar los fondos de esta manera porque están yendo a lo de un amigo suyo’, él no contestó eso. Eligió no contestar”.
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Para Reinares Solari, esas omisiones configuran un patrón claro de conducta: “No blanqueaba precisamente el conflicto de intereses porque lo que estaba haciendo era defendiendo intereses particulares suyos o de personas de su círculo, y no el interés general”.
Y fue aún más allá: “Las decisiones estratégicas sobre a quién se perseguía o a quién no se perseguía en el juzgado de Bailaque no se tomaban en su despacho. Daba la impresión de que se tomaban en un quincho. Eso reafirma lo que decíamos antes: que eran cuestiones privadas, particulares, que se ponían por encima del interés institucional”.
Con la aceptación de la renuncia de Bailaque —si es que es aceptada por Javier Milei y que se hará efectiva el 1 de julio—, la Fiscalía podrá avanzar con una medida cautelar clave. “Había un obstáculo que era la prohibición de arresto por su condición de magistrado. Con la renuncia, ya no vamos a tener ese obstáculo”, explicó.
La Cámara Federal de Apelaciones ya dictó prisión domiciliaria para Bailaque por 90 días, medida que se hará efectiva en cuanto pierda sus fueros. “El Código Procesal prevé esta modalidad para evitar que una persona entorpezca el proceso y garantizar su presencia en el juicio. Por eso se consideró suficiente esa medida, al menos por ahora”.
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Consultado sobre el alcance de la investigación, Reinares Solari admitió que podría haber más hechos y más personas implicadas. “Ahora estamos abocados a estos tres casos, que ya nos demandaron bastante trabajo. Pero sí, lo dije antes y lo reitero: parece demasiada estructura para dos o tres hechos. Da la sensación de que puede haber más”.
La conexión con Carlos Vaudagna
El fiscal también se refirió a la rebaja del monto del embargo: “Lo que señalan las defensas es que los fondos, cuando la Cámara ordenó que se sacaran de la mutual y fueran al Banco Nación, fueron devueltos. Y es cierto. Pero nosotros sostenemos que, durante el tiempo que estuvieron depositados en esa mutual, hubo un beneficio económico. Hicimos un cálculo con la tasa activa y pasiva del sistema bancario. La Cámara entendió que hacía falta una prueba más profunda. Básicamente por eso bajó el monto del embargo”.
Sobre la posibilidad de que Bailaque colabore o brinde información a cambio de algún beneficio, Reinares Solari reveló que sí hay personas en esa situación. “Vaudagna hizo una declaración como imputado colaborador. Se tendrá que evaluar si su aporte fue relevante para que acceda a los beneficios que prevé la ley. Hay un plazo de un año para eso”.
Por último, dejó una reflexión institucional: “No es que un grupo de fiscales dijo determinadas cosas. También colegas de la Cámara afirmaron que había alta probabilidad de que Bailaque hubiera incurrido en conductas ilícitas. Y ese juez seguía disponiendo justicia. Esa situación, desde lo institucional, se resolvió con su renuncia”.
Y concluyó: “Nosotros juntamos prueba para sustentar una acusación. Luego habrá decisiones políticas. Como nos enseñaban en la facultad: las decisiones judiciales se toman porque corresponde, porque son justas. Las decisiones políticas, en cambio, son de oportunidad, mérito y conveniencia. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Y después, la ciudadanía evaluará si estuvo bien o no”.
