Este martes fue imputado el exinterventor de esa cooperativa, un contador que proviene de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Roberto Emilio Pasqualino, quien está acusado, según lo que desgranó el fiscal Federico Reynares Solari, de pedir a Bailaque –a través de un informe– el desbloqueo de los fondos de la entidad intervenida, luego de que el entonces titular Herme Juárez, conocido como "Vino Caliente", fuera procesado en una causa por lavado de dinero en Zárate-Campana por el juez federal Adrián González Charvay.
El desbloqueo de los fondos de la cooperativa, unos 1.000 millones de pesos, permitió que Bailaque dispusiera que ese dinero pasara a ser manejado a nivel financiero por la mutual de Whpei, amigo del magistrado. La decisión que tomó Pasqualino al mando de la intervención se produjo, de acuerdo a lo planteó el fiscal, luego de reunirse con tres asesores de la intervención, que eran afines a Whpei.
Reynares Solari expuso en la audiencia mensajes que Bailaque envió a su secretario Gustavo Guazzaroni, que evidencian la intención del magistrado para que los fondos de la cooperativa vayan a las arcas de la mutual de Whpei. “Sería interesante que el dinero esté depositado a plazo fijo, pero no en una banca privada internacional (como lo estaba) sino de un banco local cooperativo, o de una mutual de la zona”, señaló Bailaque en un mensaje de audio.
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El financista Fernando Whpei está bajo la lupa de la Justicia por maniobras de extorsión.
Según la mirada de la fiscalía, Pasqualino al suscribir a la maniobra de Whpei y Bailaque incurrió en los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y prevaricato.
Para Pasqualino no hubo pedido de prisión preventiva, sino que el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le ordenó la prohibición de salir del país.
Un anónimo falso para extorsionar a un empresario
En otro tramo, el fiscal puso en el foco en ARCA, porque, según su visión, Vaudagna no actuó solo en la maniobra que se gestó en ese organismo, tras la presentación de un anónimo trucho contra el empresario Iglesias. Lo que interpreta la fiscalía en base a pruebas es que Vaudagna movió el engranaje institucional de ARCA para hacer creíble y convincente una investigación contra Iglesias, que terminó en la apertura de una causa en el juzgado de Bailaque.
La historia de esta trama dentro de la exAFIP comenzó el 14 de agosto de 2019, cuando en la sede de la Regional Rosario se simuló la recepción de una denuncia anónima que fue identificada como N° 3163691.
En dicha denuncia anónima se afirmaba, entre otras circunstancias, que Iglesias lavaba dinero proveniente del narcotráfico al tener vínculos con la organización criminal conocida como “Los Monos”, como publicó AIRE al revelar el contenido de ese anónimo trucho. Para potenciar su efecto, también se mencionaba al financista Jorge Oneto, socio de Iglesias, quien había sido imputado en una investigación en el fuero provincial de fuerte repercusión mediática, conocida como la “megaestafa inmobiliaria”.
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Las distintas investigaciones tomaron nuevo impulso cuando el extitular de ARCA, Carlos Vaudagna, pidió declarar como arrepentido.
De acuerdo a la visión del fiscal, Vaudagna omitió los procedimientos habituales para este tipo de presentaciones y, ese mismo día, radicó una denuncia penal falsa ante el juzgado que comandaba Bailaque. En la denuncia, se informó al magistrado que en ARCA se iniciarían tareas de verificación y fiscalización respecto de Iglesias y de Oneto. En vez de desligar en la fiscalía esta causa, como Bailaque hacía de manera frecuente, reasignó el caso en manos de la secretaria derechos humanos de su juzgado, a cargo de Gustavo Guazzaroni.
Unos días antes de que ingresara el anónimo en ARCA y fuera radicada la denuncia en el juzgado de Bailaque, Whpei le hizo saber a Iglesias, a través de un amigo, que tenía un problema serio en la ex AFIP y que podían solucionarlo.
Dentro de ARCA, el caso fue asignado al equipo “A” de la División de Investigaciones N° 1, en ese entonces, a cargo de Fernando D. A.
Los allanamientos ordenados por Marcelo Bailaque
El 31 de octubre de 2019, a partir de la nota 198/19, firmada por Fernando D.A., Bailaque afirmó supuestas falsedades en relación con el origen de la denuncia y emitió cinco órdenes de allanamiento contra Iglesias, entre ellos, su vivienda particular, sus oficinas en San Cristóbal Seguros; en la firma Brío Valores ALyC S.A, y la vivienda de su madre, donde Iglesias tenía registrado su domicilio fiscal.
Esas órdenes de allanamiento se ejecutaron al día siguiente con personal de la Prefectura Naval Argentina y de la exAFIP, y –como confesó en su declaración como arrepentido– Vaudagna se ocupó de coordinar los procedimientos y de informar los resultados a Bailaque, mientras que Fernando D.A. participó del allanamiento a la sede de la firma Brío Valores Agente de Liquidación y Compensación SA.
A la par de los allanamientos, el fiscal sostuvo que Bailaque y Whpei, junto con terceras personas ajenas al proceso, actuaron coordinadamente para seguir presionando a Iglesias con el objetivo de obtener el dinero que el financista del Grupo Unión le había exigido: 200.000 dólares a cambio de parar la causa. Para ello, el juez le comunicaba a Whpei cada movimiento y novedad del expediente judicial.
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Luego de la entrega del primer anticipo, durante 2020, Whpei le dijo a Iglesias que había mucha presión y que debía aportar más dinero. Ante esa exigencia, él le entregó U$S 10.000 en la oficina del Museo Internacional para la Democracia.
El 18 de diciembre de 2020, tras 16 meses de inactividad y encontrándose vencido el plazo requerido para llevar a cabo la verificación y fiscalización prometida dentro de ARCA –que nunca fue impulsada ni iniciada–, Fernando D.A. firmó el documento titulado “Informe de Investigación – Desestimado caso SEFI 1400149”, en el que, sin haber desarrollado ninguna investigación concreta, dispuso el archivo del caso con el argumento de que ya existía una “causa judicial abierta”.
Al año siguiente, el 3 de febrero de 2021, y ante un mero requerimiento telefónico de Guazzaroni, Fernando D.A., de manera totalmente informal, extrajo de los registros de la ex AFIP copias de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y del impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2012 a 2019 de Claudio Iglesias y de Jorge Oneto –cuyo contenido está alcanzado por el secreto fiscal– y se las envió por correo electrónico al secretario de Bailaque.
Esto se tradujo en la decisión que el 21 de abril de 2021 tomó Bailaque, que solicitó mediante oficio a la exAFIP el resultado final de las tareas de verificación y fiscalización a Iglesias. Este oficio, a diferencia del anterior, ingresó a la institución sin número de registro.
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Marcelo Bailaque, un juez que terminó en el banquillo de los acusados.
Ante este pedido, Fernando D.A. intercambió varios mensajes de WhatsApp con Guazzaroni y se reunieron personalmente en dos ocasiones, según la acusación de la Fiscalía. Los encuentros tuvieron como objetivo, acordar y direccionar el contenido de la respuesta al pedido del juez sobre la investigación y fiscalización a Iglesias.
El 20 de mayo de 2021, Fernando D.A. firmó un documento, identificado como “nota reservada N° 1/2021”, en el que expuso el análisis de los perfiles fiscales de Oneto e Iglesias, en base en la información del organismo y la documentación aportada por el Ministerio Público de la Acusación en la causa 34366/2019, que se refería a la megaestafa inmobiliaria.
En esa respuesta formal, Fernando D.A. señaló que “no podía establecer con certeza la veracidad de la composición patrimonial expuesta en las declaraciones juradas analizadas y su evolución acorde a los ingresos declarados”, y señaló que tales extremos sólo podrían determinarse mediante un proceso de fiscalización que permitiera acceder a documentación en poder de los contribuyentes o de terceros.
El rol de Fernando Whpei
Antes de que Bailaque ordenara las declaraciones indagatorias de Iglesias y Oneto, que ocurrieron el 2 de agosto de 2021, Whpei volvió a exigirle dinero a Iglesias, quien accedió a esa extorsión. Luego de que embolsara la plata, el 7 de septiembre de ese año Bailaque dictó la falta de mérito, para lo cual, entre otros argumentos, valoró toda la información que Fernando D.A: había proporcionado hasta ese momento de la exAFIP.
En ese momento, Whpei volvió a exigir dinero a Iglesias para que Bailaque hiciera lugar al pedido de restitución de U$S 115.624 y otros valores secuestrados en el allanamiento del 1 de noviembre de 2019 en la sede de Brío Valores S.A, que pertenecían a su socio Jorge Oneto. Ante esta exigencia, Iglesias le entregó a Whpei otra suma de dinero en su oficina donde está en Museo de la Democracia, y el 5 de noviembre de 2021, sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal, el magistrado resolvió favorablemente esa solicitud.
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Ante cada pedido de los abogados de Iglesias para que la causa se cerrara, Whpei volvía a pedir dinero al financista. En 2022, en una fecha anterior al 28 de marzo de 2022, día en que las defensas de Iglesias y Oneto instaron sus sobreseimientos, Whpei volvió a exigirle plata al empresario. Iglesias fue a domicilio particular de Whpei y le entregó una nueva suma. En total, y como resultado de estas presiones coordinadas con el juez Bailaque, Fernando Whpei recibió de Claudio Iglesias la suma de U$S 160.000.
Insaciable, Whpei volvió a pedirle dólares a Iglesias para que el juez dictara su sobreseimiento y ante su negativa, Whpei le dijo que, una vez dictado el sobreseimiento, debía pagar el resto y que se quedara tranquilo porque “la lapicera la seguía teniendo el juez”, y que mientras él tuviera la causa “no le iba a pasar nada”.
La historia termina en que el 29 de febrero de 2024 Bailaque rechazó el sobreseimiento de Iglesias y de Oneto, y recién ahí, cinco años después, delegó la investigación en Fiscalía Federal Nº 2 y en PROCELAC.
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El 15 de julio de 2024, la Procuraduría de Lavado de Activos pidió a ARCA que informara qué había pasado con la investigación a Iglesias y porqué se dispuso su archivo o cierre. No se había investigado al denunciado en el anónimo y no se había hecho la fiscalización dentro de la exAFIP.
La respuesta de ARCA fue enviada el 9 de agosto de 2024. Los fiscales creen que fue redactada por Fernando D.A, porque se tergiversa la realidad del devenir de las actuaciones en un evidente intento por mejorar la comprometida actuación del funcionario de ARCA, que estuvo involucrado en la maniobra. Está previsto que este miércoles, después de un cuarto intermedio, Fernando D.A. quede imputado.
