Contaminación del aire y del agua, quemas y pérdida de hábitats naturales, protección de los humedales, uso de agroquímicos: la preocupación social por la agenda ambiental crece en Santa Fe y la Justicia no quiere quedar al margen de eso.
Crece la preocupación social por la agenda ambiental y la Justicia no se quiere quedar al margen.
Con ese objetivo esta semana se presentó un proyecto que apunta a la creación de fiscalías y juzgados ambientales en la provincia, motorizado por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario y la facultad de Derecho de la UNR.
Matías de Bueno, a cargo del Observatorio, explicó que la idea es avanzar en la conformación de un fuero específico para temas ambientales: “La Justicia debe tener un marco específico para trabajar con estos temas y que pueda haber juicios civiles, administrativos y penales especializados en esa temática, que requiere especialización y interdisciplinariedad”.
En ese marco, la propuesta es que Santa Fe cuente con juzgados y fiscalías ambientales, más una fiscalía penal ambiental, cuyo trabajo esté acoplado al de un comité de elaboración de la prueba y convenios con universidades para trabajar en la acción probatoria.
Propuesta legislativa
Ya hay una veintena de países en América Latina con juzgados y fiscalías ambientales, como Brasil (donde hay más de 100), Perú (que tiene cuatro), Chile (tres) y varias naciones de América Central. En Argentina, en cambio, todavía es materia pendiente: apenas existen dos juzgados de ese tipo en Misiones y en Jujuy, y una fiscalía ambiental en esa provincia norteña.
La propuesta para que Santa Fe avance en ese mismo camino fue presentada formalmente esta semana en Rosario en el marco de unas jornadas con especialistas en torno al derecho ambiental actual que tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario.
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Allí se presentó el proyecto que buscan ingresar en la Legislatura una propuesta para la creación de fueros provinciales en delitos ambientales, con fiscalías especializadas.
De modo general, la propuesta busca que exista en Santa Fe un sistema de justicia ambiental especializado. Para eso, y como primera etapa, ya se designó una comisión dentro del Colegio de Abogados para la elaboración del proyecto, que fue presentado a nivel público antes de ser ingresado a la Legislatura para su tratamiento.
Un cuerpo especializado
Además de los juzgados y las fiscalías, el proyecto incluye la creación de un “Cuerpo interdisciplinario de Investigación Científica” que estará compuesto por un ingeniero ambiental, un ingeniero o licenciado en química y un médico especialista en toxicología.
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Su función será “asistir técnica y profesionalmente a las Fiscalías Ambientales en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente”.
La importancia del Acuerdo de Escazú
Según señaló durante la jornada Albano Latini, del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, tener ámbitos judiciales especializados en materia ambiental va en sintonía con lo que indica el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional al cual Argentina adhirió hace dos años que busca impulsar el desarrollo sostenible y mejorar las posibilidades de elaborar mejores políticas públicas ambientales en la región, gracias a una mejora en derechos fundamentales como el de acceso a la información, el de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia.
“El derecho de acceso a la justicia ambiental se encuentra consagrado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. El mismo fue adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021.
A través de la ley 27.566 la Argentina aprobó dicho acuerdo, asumiendo el compromiso de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental, así como la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, menciona la propuesta.
