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Qué es el Acuerdo de Escazú, que busca reforzar la democracia ambiental en América Latina

Se cumplió un año de la puesta en vigor de este tratado internacional, al que Argentina ya adhirió. Es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Más democracia ambiental, en un planeta atravesado por una crisis ecológica creciente, es la apuesta del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales a las poblaciones de los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina.

Aprobado hace apenas un año por la mayoría de los países sudamericanos (todavía falta la adhesión de Colombia, Perú y Chile), esta semana se realizó la primera reunión de la Conferencia de las Partes (lo que se denomina la COP1) del acuerdo, durante la cual se avanzó en la implementación concreta de sus cuatro pilares fundamentales: el acceso a la información pública, a la participación ciudadana, a la justicia y a la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

¿Sabés qué es el Acuerdo de Escazú?

En definitiva: ampliar el campo de la democracia ambiental, en la región más violenta con los defensores de la naturaleza. Según la ONU, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra ocurren actualmente en América Latina y el Caribe. Argentina, que será la sede de la COP extraordinaria de Escazú en 2023, tiene todavía el desafío de hacer cumplir de manera efectiva lo que propone el tratado.

El espíritu del acuerdo

¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo de Escazú? Se trata de una herramienta que busca, en primer lugar, impulsar el desarrollo sostenible y mejorar las posibilidades de elaborar mejores políticas públicas ambientales en la región, gracias a una mejora en derechos fundamentales como el de acceso a la información, el de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia. El foco está puesto, en particular, en reforzar la asistencia técnica y jurídica a personas y grupos vulnerables, además de un fuerte reconocimiento a los pueblos indígenas.

Durante la reunión de esta semana se aprobaron dos reglas de procedimiento para el funcionamiento del acuerdo, y se aprobó también la creación de un grupo de trabajo sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que va a armar un plan de acción específico, que se presentará en la COP2.

En materia de financiamiento, se acordó que el fondo de contribuciones voluntarias será conformado como un fondo fiduciario que va a estar administrado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

La situación de Argentina

Las herramientas legales y de acción ciudadana que propone el Acuerdo de Escazú ya están vigentes, al menos desde la teoría, en Argentina. Existe, de hecho, un fallo judicial que cita al tratado por parte del juez Santiago Martín, de Mar del Plata, que fue el funcionario judicial que dio lugar a la suspensión de la exploración sísmica en el mar argentino argumentando que esa decisión del gobierno nacional padecía de un “cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden del Acuerdo de Escazú”.

Acuerdo de Escazú primera reunión
El evento inaugural del acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, y fue encabezado por el presidente del país vecino, Gabriel Boric. Por Argentina, participó la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

El evento inaugural del acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, y fue encabezado por el presidente del país vecino, Gabriel Boric. Por Argentina, participó la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

A nivel regional, el Acuerdo fue puesto en valor por grupos ambientalistas como la Red Nacional de Humedales y Los Bajos No Se Tocan en relación a los proyectos de obras hídricas en la zona de los Bajos Submeridionales. Según esas organizaciones, existe poca o nula información pública sobre los proyectos de modificación de ese territorio y sus consecuencias ambientales, y no hubo hasta ahora instancias de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, algo que también aparece dentro de ese tratado como fundamental.

“Argentina es uno de los 12 países de los 33 de la región que lo ha ratificado y eso es un paso adelante sin lugar a dudas. Ahora es el momento de generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y Nación para implementarlas en el territorio con diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se adecuen a los estándares establecidos por que establece el Acuerdo de Escazú” ponderaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Rango constitucional

Esta semana, el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski presentó un proyecto en esa Cámara para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú. “Es importante para que toda persona tenga acceso adecuado a la información sobre el ambiente, oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos", dijo el legislador, que recordó que se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El proyecto considera que la Constitución Nacional provee la herramienta para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”, y les otorga una jerarquía superior a la de las leyes nacionales.

El Senado aprobó de manera unánime el Acuerdo de Escazú en agosto de 2020, tras lo cual fue ratificado por Diputados (por mayoría) en septiembre de ese mismo año.