Organizaciones socioambientales advierten que, en el nuevo orden estatal libertario, la protección del ambiente quedará en niveles mínimos.
El proyecto de Ley Bases (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) que hace pocos días obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y que plantea, entre muchas otras cosas, una emergencia energética, económica y financiera por el plazo de un año, puede significar un grave daño tanto para el ambiente como para el ejercicio de los derechos ciudadanos en ese ámbito, según señalaron diferentes organizaciones socioambientales durante los últimos días.
“La nueva Ley Ómnibus tiene implicancias negativas en materia de derechos socioambientales como la posible sustitución de las audiencias públicas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego”, señalaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
También agregaron que, si bien en esta nueva versión del proyecto no se plantea de manera explícita la modificación o eliminación de leyes ambientales clave como la Ley de Bosques o la Ley de Glaciares (algo que sí aparecía en el proyecto de diciembre de 2023), la nueva Ley Bases “sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un costo”, lo que pone en peligro el cuidado de los ecosistemas.
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“La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgo los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, sostienen los ambientalistas.
La FARN plantea que el mega proyecto legislativo “ve la energía como una mercancía y no como un derecho”, ya que garantiza energía para la exportación “pero no para la población”.
“De los 232 artículos que tiene el nuevo proyecto, 51 son modificaciones, derogaciones o nuevos artículos de la Ley de Hidrocarburos, con el propósito de promover ganancias de la explotación hidrocarburífera”.
Además, promueve plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore, lo que contradice de forma absoluta los compromisos climáticos asumidos por Argentina en diferentes foros internacionales.
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Por otra parte, la Ley Bases plantea una delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en materia de gestión ambiental hidrocarburífera, algo que -según las organizaciones- “viola el artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece como regla general la prohibición de delegar facultades legislativas al presidente”.
“La gestión ambiental de hidrocarburos debe debatirse en el Congreso. Además, teniendo en cuenta que el proyecto propone liberar la exportación de energía, la protección del ambiente no parece una prioridad al momento de regular la gestión hidrocarburífera”, señalaron los ambientalistas.
Otros de los aspectos preocupantes del mega proyecto normativo es que propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo y sostiene que las audiencias públicas podrán ser complementadas o sustituidas por el mecanismo que resulte “más idóneo” para la eficiente participación de la ciudadanía.
Para la FARN esto implicaría “un grave retroceso para la participación ciudadana en asuntos vinculados con la protección ambiental”, al tiempo que recordaron que la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) subraya la obligatoriedad de las audiencias públicas en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
En ese sentido se expresaron desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que han pedido ya reuniones con los jefes de bloques del Senado para transmitir la preocupación sobre la erosión institucional y democrática que significa la Ley Bases, una puerta abierta a una verdadera “reforma corporativa”, en palabras del abogado Lucas Michelaud.
La Ley Bases es, ante todo, una plataforma amigable para los sectores extractivos, ya que propone crear un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que busca atraer capitales de más de 200 millones de dólares con fines de exportación, a través de beneficios tributarios, cambiarios y regulatorios.
“El RIGI puede suponer un perjuicio para el ambiente, ya que ninguno de sus artículos específicos le impone a las empresas beneficiarias que presenten Estudios de Impacto Ambiental o Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos”, señalaron las agrupaciones.
