En el Senado, el kirchnerismo está a solo cuatro votos de alcanzar el quorum para rechazar la Ley Bases o introducir cambios, lo que devolvería el proyecto a la Cámara de Diputados. El gobierno de Javier Milei trabaja para evitarlo.
Al gobierno de Milei le preocupa que los gobernadores de algunas provincias no manejen a sus senadores, lo que complica las negociaciones por la Ley Bases.
Tras el impulso que recibieron de la Cámara de Diputados de la Nación, donde obtuvieron media sanción tras una sesión maratónica de 48 horas, los proyectos de Ley Bases y reformas fiscales transitarán, a partir de la semana próxima, un trayecto espinoso e impredecible en el Senado, donde el kirchnerismo –con un bloque de 33 senadores– está a solo cuatro votos de alcanzar el quorum y, eventualmente, rechazar ambos proyectos.
¿Cuán factible es esta posibilidad? Por ahora es difícil. Se asoma menos probable el rechazo en general de ambos textos que la introducción de modificaciones en particular, lo que los devolvería a la Cámara baja. Un trámite indeseado por el gobierno de Javier Milei, que trabaja para evitarlo.
En pos de este objetivo están los negociadores de la Casa Rosada, con el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse a la cabeza. El asesor Santiago Caputo, incondicional del presidente Milei, también es de la partida.
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Apuntarán a profundizar las divisiones que comenzaron a insinuarse en Unión por la Patria. Dos gobernadores, Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), ya expresaron su apoyo a ambas leyes, al igual que el tucumano Osvaldo Jaldo.
Sin embargo, esas declaraciones de respaldo no implican, necesariamente, que sus legisladores actúen en consecuencia. Por caso, la exgobernadora catamarqueña y hoy senadora Lucía Corpacci, se manifestó a priori contraria a votar el proyecto. Lo mismo sucede con Juan Manzur, exgobernador tucumano, y los salteños Sergio Leavy y Nora Giménez, de cuño kirchnerista que no responden al mandatario.
Está claro que los gobernadores de algunas provincias no manejan a sus legisladores y eso complica las negociaciones. De allí que la Casa Rosada buscará los votos en aquellas provincias donde la disciplina partidaria es más férrea: es el caso de Santiago del Estero, donde su mandamás, Gerardo Zamora, tiene tres senadores que le responden sin cortapisas. Por ahora Zamora se muestra esquivo: en la Cámara de Diputados sus legisladores votaron en contra.
Distinta fue la posición de los diputados por Río Negro, Misiones, Neuquén y Chubut, que avalaron en Diputados las dos iniciativas; Santa Cruz aportó también un voto positivo.
Sin embargo, los senadores patagónicos, que tienen un mayor peso específico en la Cámara alta que en Diputados, condicionarán su voto a que se modifique el piso mínimo del impuesto a las Ganancias. Aducen que es demasiado bajo para los sueldos más altos que se cobran en la región respecto del resto del país. Ese podría ser uno de los cambios que se podría introducir en el paquete de reformas fiscales.
Este no es el único escollo que deberán enfrentar el gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la escueta tropa de siete senadores de La Libertad Avanza en el Senado.
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También asoma conflictivo el tema del aumento del impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y la decisión tomada en Diputados, en una apretada votación, de incluir a la Tabacalera Sarandí entre los sujetos alcanzados por el gravamen.
La empresa viene eludiendo el pago del tributo gracias a una serie de fallos judiciales que beneficiaron a su propietario, Pablo Otero, o “El señor Tabaco” como lo denominó el presidente Milei. El tributo fue incluido a último minuto en la Ley Bases sancionada en Diputados.
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En este caso, las cuentas en la Cámara alta están en el aire. La votación del impuesto en Diputados atravesó de manera transversal a todos los bloques, demostrando que el de Sarandí es un tema que excede a los posicionamientos ideológicos o políticos y que de fondo, según las versiones que circulan por los pasillos del Congreso desde hace más de dos semanas, están los lobbies cruzados entre tabacaleras, con Otero de un lado y Massalin Particulares del otro.
En este escenario, el ministro Francos tendrá que trabajar mucho para lograr que su optimismo en que las leyes saldrán sancionadas del Senado se vuelva realidad. La única posibilidad que le queda es restar votos de la bancada peronista, una misión difícil, aunque no imposible.
