La decisión presidencial deja sin beneficios a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Según el Supremo Tribunal Federal, aquellos hechos representaron un intento de ruptura del orden democrático, motivo por el cual el Ejecutivo decidió negarles cualquier tipo de clemencia.
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El decreto establece criterios estrictos para quienes sí pueden acceder al perdón, pero marca una lista negra de delitos graves que quedan fuera:
- Atentados contra el Estado democrático de derecho y abuso de autoridad.
- Condenas por narcotráfico, delitos sexuales y tortura.
- Integrantes de facciones criminales o presos en cárceles de máxima seguridad.
- Personas que hayan accedido al beneficio de la delación premiada.
Por el contrario, el texto de Lula da Silva prioriza los perdones por razones humanitarias. Esta categoría alcanza a personas con discapacidades severas, enfermedades terminales, embarazos de alto riesgo y padres o madres que sean el único sostén de hijos con discapacidades. También podrán verse beneficiados los mayores de 60 años que cumplan con los requisitos de tiempo de condena cumplida.
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Esta atribución, exclusiva del jefe de Estado conforme a la Constitución brasileña, busca equilibrar la compasión humanitaria con la firmeza judicial ante los delitos que buscaron desestabilizar la democracia del país.
