Lo acusan de impulsar bloqueos que paralizan rutas clave y ponen en riesgo la salud, la economía y la estabilidad política del país.
El gobierno de Bolivia denunció penalmente a Evo Morales en medio de la escalada de bloqueos de caminos
La crisis política y social en Bolivia escaló este jueves con una denuncia penal del gobierno contra el expresidente Evo Morales, a quien acusan de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos vinculados a los bloqueos de caminos que afectan a gran parte del país.
La denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía por el ministro de Justicia, César Siles, quien afirmó que el exmandatario y sus seguidores están detrás de los cortes que ya duplicaron su alcance en menos de 48 horas.
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“Las víctimas son todos los bolivianos: enfermos sin atención médica, personas con discapacidad que no pueden transitar y comunidades indígenas aisladas”, expresó Siles en conferencia de prensa.
Los bloqueos pasaron de 13 a 27 puntos en todo el país, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayoría de las interrupciones se concentran en el departamento de Cochabamba, bastión político de Morales, aunque también hay cortes en Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.
Las movilizaciones son impulsadas por sectores cercanos al exmandatario, que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a que el Tribunal Constitucional lo inhabilitó y actualmente no cuenta con un partido acreditado.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que los bloqueos ya generan pérdidas diarias de entre 150 y 200 millones de dólares.
“El año pasado una paralización similar nos costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato”, aseguró.
La denuncia contra Morales incluye los siguientes cargos:
Según el Ejecutivo, existen pruebas de que Morales habría instruido “cercar ciudades” para obstaculizar las elecciones generales que se celebrarán en menos de tres meses.
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El gobierno boliviano pidió a la Fiscalía que actúe “con celeridad” para frenar el avance de las protestas, en un momento clave para la estabilidad democrática del país.
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