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Por qué el acusado por el femicidio de Esperanza no estaba bajo control "pospenitenciario"

Desde la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe explicaron que los internos que cumplen la pena en su totalidad no están bajo la órbita del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Mientras en la Justicia provincial avanzan con la causa que tiene en el centro de la escena a Jorge Alberto “El Tío” Romero (29) como el autor del femicidio de Gabriela Degiorgio, perpetrado en Esperanza, desde la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (ex Patronato de Liberados) del centro y norte de la provincia aclararon que el área no tomó intervención reciente en el caso porque así lo establece el desempeño propio del organismo.

Dicha oficina cuenta con un total de 16 personas, pero son sólo cuatro las destinadas a controlar en todo el centro y norte de la provincia (desde el departamento San Jerónimo hasta el límite con Chaco) a los presos que se encuentran con prisión domiciliaria o que cumplen la condena de manera condicional -o quizás gozan de una salida transitoria-.

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En este sentido, y ante el planteo de si Romero debía contar con asistencia de parte del área luego de haber egresado del penal de Piñero el pasado 15 de julio al finalizar una condena de seis años de prisión efectiva, desde el área aclararon que el mismo no se encontraba cautelado por lo que no debía ser controlado por la delegación.

“Cuando la pena se cumplió en su totalidad en el penal y la persona no salió anticipadamente, no pasa por acá”, explicó a Aire Digital Silvina Ansaldi, la Jefa Administrativa del área.

“Nosotros no hablamos ni de presos ni de internos porque atendemos a estas personas una vez que ellos salen en el periodo de libertad condicional o asistida o terminan de cumplimentar las penas que son dispuestas en las audiencias”, indicó. “Somos auxiliares de la Justicia. Ellos vienen con certificados y de no hacerlo lo informamos al Juzgado correspondiente. Esa es nuestra tarea básicamente”, agregó.

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—¿Qué es lo que controlan ustedes?

—Las reglas de conductas que son impuestas por los juzgados donde especifican el domicilio que es una de las mayores con importancia y peso. Además, que vengan los tutelados a firmar mensualmente a esta Dirección y en aquellos casos muy puntuales donde tienen que realizar algún tratamiento de adicciones o asistencia a los talleres por violencia de género como así también donaciones o tareas comunitarias.

—¿Con cuántos tutelados trabajan diariamente?

—De Santa Fe capital, diariamente unos 40 o 50 y mensualmente hoy tenemos un promedio de 800 personas. Mientras que entre el centro y norte estamos hablando de unos tres mil tutelados. Dentro de esa totalidad, tenemos 110 prisiones domiciliarias que son las personas que están privadas de su libertad dentro de sus domicilios: desde los casos de lesa humanidad hasta las mujeres que generalmente son excarceladas por tener niños menores o estar embarazadas.

—Una vez que concluye la pena, ¿Ustedes no tienen intervención?

—Nosotros atendemos a las personas asistidas los seis meses antes de obtener su libertad física, pero no legal. En el caso de Esperanza, Romero por malas conductas que tuvo dentro del penal y demás, perdió el beneficio de salir con libertad asistida por lo que salió en la fecha que le vencía la condena. Después de ese periodo ya no hubo ningún efector de control que pueda accionar sobre él.

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