Martín Guzmán, el ministro de Economía encargado de la reestructuración de la deuda.
El proyecto de “ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, refuerza la delegación ilimitada del Congreso al Poder Ejecutivo para negociar y reestructura la deuda pública externa por encima de las facultades delegadas en la ley de Emergencia Pública.
El proyecto no avanza en los detalles ni establece limitaciones en la oferta de refinanciamiento que el Gobierno presentaría a los acreedores en función de las facultades que le otorga este proyecto. Pero sí define algunos aspectos claves de esa negociación.
El punto más importante del proyecto es el que establece “la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”, para los nuevos bonos que deberían emitirse para canjearlos por los vigentes.
Para el especialista Héctor Giuliano “la autorización institucional para continuar emitiendo deuda con prórroga de jurisdicción a Tribunales Extranjeros es clave o esencia de la exigencia de los acreedores en función de sus intereses” porque “se mantendría la sujeción del Estado Argentino a controversias que se dirimirían así obligatoriamente en otros países, fundamentalmente bajo la legislación norteamericana del Estado de Nueva York”. Y agrega que ese punto “desde el punto de vista histórico, jurídico y financiero, ha sido la clave o divisoria de aguas de los problemas de defensa argentina frente a los embates especulativos externos, de los que la Cuestión de los Holdouts fue el ejemplo paradigmático de las peores consecuencias de tales males”.
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Por ejemplo, tanto el Gobierno de Mauricio Macri como el Alberto Fernández pudieron ‘reperfilar’ el pago de los cupones de deuda o títulos bajo legislación argentina, pero lo mismo no pudieron hacer con los de legislación extranjera. Por ese motivo, el Gobernador Axel Kicillof no pudo reperfilar el vencimiento de la cuota de la deuda de la Provincia porque que se encuentra amparada por la legislación extranjera. En caso de incumplimiento se pondrían en marcha una serie de mecanismos que podrían llegar a la declaración de default de la deuda provincial y hasta del estado nacional.
El proyecto dice que se podrán realizar canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos emitidos bajo ley y en moneda extranjera, si bien es sabido que los fondos financieros, incluidos los buitres, tienen una alta proporción de bonos en moneda nacional.
Esa reestructuración, dice el proyecto, podrá hacerse siempre que impliquen una mejora de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales. ¿Qué se entiende por mejora?
El economista Joseph Stiglitz, en una entrevista para BBC Mundo, consideró que, "con una negociación que permita flexibilizar plazos y tasas de interés, no sería necesario aplicar una quita nominal de capital, ya que flexibilizar ambas variables generaría una reducción del valor presente". ¿Se encarrilará su discípulo, el ministro Martín Guzmán, por esa alternativa?
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De todas maneras, lo que los acreedores quieren saber antes es cómo asegurará el Gobierno los pagos de la deuda que surjan de una reestructuración. Y eso nos remite, a la suba de los impuestos, al achatamiento de las jubilaciones y salarios, a la desaceleración de la obra pública de modo de generar superávits fiscales que aseguren que los nuevos compromisos van a ser cumplidos.
¿Y la reactivación? En este punto crucial las dudas son numerosas con la “biblioteca” dividida. El Gobierno considera que el arreglo de la deuda despeja el camino al crecimiento y los críticos sostienen que el ajuste para cumplir con los acreedores pondrá un freno a la reactivación de la economía.
En tanto, pasó a comisión el tratamiento de la deuda de las Provincias que en su mayor parte se encuentra en poder de Anses, Banco Nación y Banco Central. Es que una renegociación de los pasivos de las Provincias con esos organismos podría implicar una “pérdida” o una mayor desvalorización de los activos del FGS de la Anses y de los bancos públicos. Hasta ahora los organismos públicos tenedores de los títulos de deuda los fueron renovando, en un proceso indefinido. Por caso, el 65% de los activos de la Anses son títulos de deuda del Estado Nacional y las Provincias.
