El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las cuales "se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos", según informó la cartera económica.
Al fundamentar la decisión, Economía explicó que las normas derogadas estaban "sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido".
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Las normas eliminadas abarcaban controles en la comercialización y producción de carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados.
También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
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Desde el Palacio de Hacienda detallaron que "se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos", ya que "exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos" y precisaron que "se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno".
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Se eliminó una resolución que exigía trámites redundantes para acceder a la homologación de neumáticos.
En el texto oficial, se argumentó que "las mencionadas derogaciones se llevaron a cabo con el objetivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública de procesos tendientes a su simplificación".
Asimismo, el documento sostuvo que "las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional".
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En este contexto, la cartera conducida por Caputo remarcó que "estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".
Al respecto, recordaron que "entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales", mientras que "en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros".
