La administración de Javier Milei continúa con la reducción de gastos en planes sociales, y en una movida reciente, alrededor de 30.000 titulares del programa Potenciar Trabajo fueron dados de baja, según informó fuentes oficiales el pasado sábado.
El objetivo declarado por el Gobierno es "transparentar el sistema".
Razones de las bajas en Potenciar Trabajo
La auditoría oficial reveló 27.208 casos de incompatibilidades en los planos "Potenciar Trabajo" y 12 en "Potenciar Empleo".
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Ante estas inconsistencias, el Gobierno suspendió de inmediato el pago, impidiendo así una erogación incorrecta de aproximadamente $2.000 millones por parte del Estado nacional.
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Las incompatibilidades identificadas, a través del cruce de información entre ANSES y el Sinstys (Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social), incluyen beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos y la posesión de un auto con menos de 10 años de antigüedad.
En busca de transparencia en el sistema de planes sociales
La auditoría de los planos sociales, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en diciembre, busca detectar irregularidades y asegurar que los planos "Potenciar Trabajo", que superan el millón, estén asignados de manera justificada.
El objetivo declarado es "transparentar el sistema" y evitar que los planes sociales se conviertan en un negocio para intermediarios.
En cuanto a los montos que perciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, actualmente congelados, el portavoz de Javier Milei indicó que seguirán en esa condición hasta nuevo aviso. El pago mensual actual es de $73.000.
Investigación judicial: incompatibilidades de Potenciar Trabajo en la mira de la justicia
El juez federal subrogante de La Rioja, Jorge Chamía, dio luz verde a las indagatorias de 1.060 titulares del programa Potenciar Trabajo, en respuesta a denuncias por cobros irregulares.
La investigación, delegada a la jueza María Virginia Miguel Carmona, se centra en las incompatibilidades relacionadas con mantener una relación contractual con la administración pública provincial.
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Aunque la fecha de las indagatorias aún no se fijó, todos los titulares deberán responder por estas presuntas irregularidades.
