El aumento sostenido de los precios, sobre todo en el rubro alimentos, vaticina un segundo semestre con una economía fuertemente indexada.
Con la industria y la construcción que aún mantienen signos de crecimiento, pero que no logran compensar la caída de la actividad agropecuaria, fundamentalmente por la sequía, la economía argentina aceleró la indexación de precios, ahora por la acción del Estado, de las provincias y de los municipios.
Esto se refleja en las autorizaciones de subas mensuales en transporte, prepagas, combustibles, productos del programa Precios Justos, tarifas de luz, gas y agua.
Como marca la Fundación Mediterránea, “la transición del primer al segundo semestre se configura así con una economía fuertemente indexada, tanto por la variación del tipo de cambio oficial, como por las actualizaciones de las tarifas de servicios públicos (en la ciudad de Buenos Aires, los precios regulados subieron 10,3% en mayo) y ajustes salariales en plazos cada vez más cortos, sin anclas firmes en el plano fiscal, monetario ni, mucho menos, de reservas externas en el Banco Central”.
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Ese avance de los precios, unido a las incógnitas electorales, es el factor de mayor incertidumbre a la hora de tomar decisiones de consumo, ahorro o inversión.
Con estos datos, el Ministerio de Economía de la Nación decidió eximir al medio aguinaldo del pago del impuesto a las Ganancias para los sueldos brutos de hasta 880.000 pesos. Y subir un 41,52% los niveles de facturación permitidos de las distintas categorías del Monotributo desde el 1° de julio, sin alterar el valor de la cuota mensual. Un gesto “político” mínimo hacia la clase media.
A este panorama se suma la demora del FMI en acceder al pedido argentino de readecuar el acuerdo a las nuevas condiciones económicas que se crearon a partir de la sequía y al pedido de adelantar fondos y autorizar que una parte puedan ser utilizados por intervenir en el mercado de cambios.
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“Este mes hay vencimientos por 2,7 mil millones de dólares, pero en las reservas del Banco Central habría DEG (derechos especiales de giro, la “moneda” del FMI) por 1,7 mil millones de dólares. Sin nuevos desembolsos del Fondo, si se transfieren los DEG disponibles, quedaría un saldo a pagar de mil millones. ¿Llegó la hora de usar las reservas de oro, que equivalen a unos 3,9 mil millones?”, se pregunta la Fundación Mediterránea.
Sin embargo, el informe agrega que “del lado de Washington, se percibe que no existe el propósito de ‘desconectar’ a la Argentina, pese a los incumplimientos. Al mismo tiempo, no parece haber condiciones para que el FMI aumente su exposición crediticia con el país. En ese delicado equilibrio deberían transitarse los próximos meses”.
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De mínima, el Gobierno espera un desembolso del FMI de 4.000 millones de dólares. Es que, en junio, a los 2.700 millones y los 700 millones de dólares (intereses) se suman en agosto pagos a bonistas privados por 1.020 millones de dólares.
Este duro diagnóstico explica la renovación del swap con China, el acuerdo para derivar una fracción de divisas para intervenir en el mercado cambiario y el financiamiento con yuanes para pagar importaciones originadas en el país asiático, teniendo en cuenta que en los últimos 12 meses la Argentina acumuló un saldo negativo de 8.000 millones de dólares en el comercio bilateral.
