Varios aspectos de la regulación laboral de empleados públicos, docentes, médicos y municipales fueron establecidos por los gobernadores de facto entre 1976 y 1983, algunos militares y otros civiles. El Iapos y la Caja de Asistencia Social-Lotería fueron creadas en esa etapa. El FUCO, tan desconocido como determinante, también.
Muchas normas dictadas por los interventores santafesinos fueron modificadas en democracia.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La dictadura cívico-militar que se inició un día como hoy hace 48 años desarrolló un marco normativo a fuerza de decretos-ley que, en varios aspectos, aun en la actualidad rigen la vida y el patrimonio de los argentinos. Algo similar ocurrió a escala provincial con los gobernadores de facto y Santa Fe no fue la excepción.
En ese sentido, hay al menos una decena de normas dictadas por los interventores santafesinos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, tanto militares como civiles, que tienen una importancia determinante especialmente para el funcionamiento del Estado provincial. Desde ya que varias fueron modificadas en democracia.
Los regímenes laborales se destacan en ese panorama. El vicealmirante (retirado) Jorge Desimoni, quien ejerció como gobernador de facto entre 1976 y 1981, firmó el 23 de noviembre de 1979 nada menos que el Estatuto de Empleados Públicos de la provincia.
LEER MÁS ► Lo pasado, presente: 417 leyes vigentes fueron redactadas durante la última dictadura
Su sucesor, el contraalmirante Rodolfo Luchetta estableció el 17 de noviembre de 1981 la norma que regula los concursos de ingresos y ascensos de la docencia. A diferencia de Desimoni, quien murió en 1992 y fue beneficiado por las leyes de obediencia debida y punto final, este jerarca de la Marina que ocupó la Casa Gris durante poco más un año fue preso por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, antes de su paso santafesino.
El estatuto de los médicos provinciales (27 de julio de 1983), el Régimen de Licencias, justificaciones y franquicias para el personal de municipios y comunas (21 de junio de 1983) y el Estatuto y Escalafón del mismo sector (1 de agosto de 1983) fueron resueltos por un interventor civil, el ex dirigente de Línea Popular Héctor Salvi, ya con la dictadura débil y en retirada.
La ley orgánica del Servicio Penitenciario, que rigió durante el ingreso de la totalidad del personal actual, es del 10 de enero de 1978, gestión Desimoni. Fue derogada en diciembre pasado a partir de un proyecto de la gobernación de Maximiliano Pullaro.
Por otra parte, hay dos instituciones relevantes del Estado provincial que fueron creadas en la etapa procesista. El Iapos, la obra social de los estatales santafesinos, fundado por un decreto ley del 19 de septiembre de 1978. Y la Caja de Asistencia Social-Lotería, nacida por una norma dispuesta tres meses antes, el 11 de julio del mismo año.
En ambos casos, la firma estuvo a cargo de Desimoni.
LEER MÁS ► 24 de Marzo en Santa Fe: se realizará una marcha y un acto a 48 años del Golpe de Estado
También de manos del interventor que más tiempo ocupó la Casa Gris en la dictadura surgió la Ley Defensa Civil, un 11 de agosto de 1977, cuya importancia en una provincia y una ciudad afectadas cíclicamente por inundaciones es difícil de exagerar. Dos años después, el 31 de agosto de 1979, estableció el actual Régimen de Promoción Industrial.
Existe una ley dictada durante la dictadura que es desconocida por la mayoría de la sociedad pero que resulta determinante para el funcionamiento del Estado provincial. Es la creación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), que permite al Tesoro santafesino tomar prestados fondos de organismos descentralizados, entes y empresas estatales para "cubrir necesidades transitorias".
Se dictó el 23 de marzo de 1982 por el gobernador de facto Roberto Casís, un civil también ex dirigente de Línea Popular. El ideólogo de esa norma fue su ministro de Hacienda, que ya en democracia se convertiría en una figura clave de la política local: Juan Carlos Mercier.
Te puede interesar
