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Las particularidades del nuevo texto de la Constitución de Santa Fe
A lo largo de casi dos meses de intensas deliberaciones, las comisiones temáticas y las sesiones plenarias no solo debatieron, sino que reescribieron palabra por palabra una nueva constitución. Se incorporaron 46 artículos, se modificaron 42 y se sancionaron 27 disposiciones transitorias.
Sin embargo, más allá de las cámaras y los micrófonos, en los pasillos y oficinas de la Legislatura de Santa Fe, hubo un trabajo técnico, casi invisible, pero fundamental para que la reforma fuera posible.
Convecion del 25 firma nuevo texto de la Constitucion
La Comisión Redactora de la Convención del 25 fue la encargada de ordenar el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe.
Durante todo el proceso, un equipo de asesores jurídicos se encargó de la tarea meticulosa de redactar y reescribir cada artículo, cada palabra, con una precisión que solo los expertos en derecho pueden comprender a fondo. Estos profesionales fueron los encargados de lograr que la reforma no solo respondiera a las demandas políticas y sociales de la provincia, sino que también se ajustara a los principios legales fundamentales y a las exigencias de la técnica constitucional.
Con las reglas de la Real Academia Española
La discusión por comas, puntos y la acentuación no se limitó a las oficinas, sino que también se trasladó al seno mismo de la comisión redactora. Fue en esos espacios donde se debatieron, con detalle casi quirúrgico, los matices de cada frase, buscando garantizar que el texto fuera claro, preciso y jurídicamente sólido. En este contexto, el presidente de la comisión redactora, Joaquín Blanco, confesó durante la última sesión plenaria que todo el texto de la nueva Constitución respeta rigurosamente las normas de la Real Academia Española.
No obstante, Blanco también reconoció que, en un ejercicio de equilibrio, convivirán en el mismo cuerpo normativo dos estilos de redacción: el propio de la Constitución de 1962, con su formalidad y estructura, y el más moderno, que corresponde a la Carta Magna de 2025.
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Santa Fe a la vanguardia de las constituciones
“Llegamos a un muy buen trabajo, tenemos una de las constituciones de mayor vanguardia en nuestro país, tanto en lo que supone la estructura de poder y el reconocimiento de derechos, que son los dos ámbitos que operan en un texto constitucional”, dijo Franco Gatti, uno de los asesores jurídicos de Unidos para Cambiar Santa Fe. Según mencionó, en diálogo con AIRE en el programa Santa Siesta, el trabajo realizado no solo moderniza y actualiza la Carta Magna, sino que pone a la provincia de Santa Fe a la vanguardia de las reformas constitucionales en Argentina.
Sobre las declaraciones del Gobernador, Maximiliano Pullaro, que dijo que con la nueva Constitución perderá poder, Gatti ejemplificó: “El ex artículo 92 decía que la Corte Suprema de Justicia proponía la designación de sus empleados, ahora los designa. Eso supone quitarle poder al Gobernador”. “También hay limitaciones en las atribuciones del Poder Ejecutivo”, planteó.
Gatti también destacó el proceso participativo de la reforma, que no se limitó a las discusiones dentro de la Convención, sino que incorporó propuestas de la sociedad civil. “Hasta último momento se construyeron artículos, incluso algunos completos que vinieron de propuestas de la sociedad civil. Los actores de todas las fuerzas que votaron incorporaron cosas”, concluyó.
Expansión del texto: de 116 artículos a más de 160
Por su parte, Ciro Bonomelli, asesor de la fuerza Más para Santa Fe, destacó la importancia de la expansión que sufrió la Constitución en esta reforma. “La Constitución pasó de tener 116 artículos a más de 160. La ampliación fue necesaria para incluir los temas planteados por la Ley de Necesidad de la Reforma, porque si se hubiera omitido alguno de ellos, habríamos corrido el riesgo de que la reforma fuera considerada nula”, explicó.
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En cuanto a las cláusulas relativas a los derechos humanos, Bonomelli subrayó la importancia de incorporar derechos de vanguardia en la nueva Constitución, como el derecho al agua, a la seguridad, y los derechos digitales, entre otros.
Sin embargo, el asesor también dejó entrever algunos interrogantes sobre la efectividad de ciertos cambios, especialmente aquellos relacionados con la organización del poder. “Una de las novedades más complejas es la constitucionalización del consejo asesor para la designación de magistrados, defensores y fiscales. No sabemos aún si este mecanismo realmente va a garantizar una justicia más independiente y magistrados más idóneos. Habrá que ver cómo se implementa”, reflexionó.
Reforma constitucional parcial, el mayor desafío
Juan Pablo Rodríguez, asesor del bloque Activemos, destacó por su lado la complejidad del proceso, especialmente por tratarse de una reforma parcial. “El desafío estuvo en las tensiones propias de modificar solamente ciertos artículos y temas habilitados por la Constitución, lo que siempre genera roces entre el poder constituido y el poder constituyente. Además, se sumó la pluralidad de proyectos presentados, tanto desde los espacios políticos con representación como desde la sociedad civil. Fue un trabajo arduo de síntesis”, explicó.
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Reconoció además que, como en todo proceso jurídico, habrá posturas críticas y a favor. “El tiempo dirá si la reforma fue un avance o si quedaron cuestiones pendientes. Lo que es indiscutible es la ampliación de derechos que se logró incorporar, muchos de ellos ya consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, pero ahora de manera explícita en la Carta Magna provincial”, añadió.
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El convencional reformador y senador nacional, Marcelo Lewandowski, junto al asesor técnico del bloque Activemos, Juan Pablo Rodríguez.
Rodríguez también destacó el impacto de los nuevos cambios en la organización del poder, señalando que la reforma introduce modificaciones clave en las limitaciones de los mandatos para cargos como diputados, senadores, concejales, intendentes y presidentes comunales. “La nueva regulación sobre los mandatos y la reelección del gobernador cambiará el mapa político de la provincia, particularmente a partir de 2027, con una consolidación del cambio que probablemente se dé para 2035. Este es, sin duda, uno de los cambios más trascendentes desde el punto de vista político”, expresó el asesor.
Finalmente, subrayó que una reforma constitucional es una amalgama de trabajo técnico y político. “Es una traducción de decisiones políticas fundamentales en términos jurídicos, y eso siempre implica un trabajo interdisciplinario, en el que no solo intervienen abogados, sino también otros especialistas que aportan su visión sobre los cambios que se están implementando”, concluyó.
