Celestina Contreras, de 56 años, madre de Ariel Guille Cantero, fue beneficiada por la detención domiciliaria debido a un problema de salud. Según los reportes médicos, la mamá de Claudio Pájaro Cantero sufre una diabetes aguda que la obligan a realizarse diálisis casi diariamente.
La jueza penal Valeria Pedrana evaluó los diagnósticos médicos del hospital Centenario y del Servicio Penitenciario para darle la prisión domiciliaria, que indicaban que debe realizar un tratamiento de diálisis por la diabetes que padece. El dictamen judicial expresa que se le debe colocar una tobillera de monitoreo electrónico para controlar si cumple con las condiciones de detención.
Se prevé que Celestina vuelva en los próximos días a su casa en el barrio Las Flores, donde acostumbra -cuando el clima lo permite- a tomar mates en la vereda con sus amigas, mientras los soldaditos, sus custodios, están atentos a lo que pasa desde los autos que estacionan allí como protección.
La salida de la cárcel de Celestina se produce en un momento particular. Ella fue detenida tras detectarse que pagaba a un preso de Coronda para que realizara ataques contra escuelas y estaciones de servicio en la previa de las elecciones de 2019. Nunca se pudo detectar en la investigación la motivación de los ataques. Porqué se producían.
Esa causa fue investigada por la fiscal Valeria Haurigot que probó que parte de estos ataques que buscaban generar conmoción y pánico antes de las elecciones legislativas habían sido planeados por Celestina Contreras. La mujer tercerizó las balaceras en un preso que desde la cárcel de Coronda reclutaba los soldaditos para disparar. Ese recluso era Nelson “Pandu” Aguirre, que mandó a su pareja a buscar el dinero que le daba Celestina Contreras. Nunca se estableció porqué habían atacado ni qué buscaban.
Uno de los ataques armados se cometió el 14 de noviembre de 2021 cuando el Complejo Educativo Santa Isabel de Hungría, ubicado en Cafferata al 4000, fue baleado mientras personal de las fuerzas de seguridad custodiaban las urnas para las elecciones legislativas que se llevarían adelante ese domingo.
También la escuela técnica Crisol, ubicada en Magnano al 6300, en la misma fecha y con la misma metodología. En esta última institución educativa se encontró un cartel escrito con letras rojas con la leyenda: “O se comunican con la mafia o siguen las balaceras”, estaba junto con ocho vainas servidas calibre .380. Estos ataques se hicieron con la finalidad de demostrar poderío, juzgaron los fiscales.
En una conversación que le asignan a Pandu y su pareja Brenda. El primero dice: “¿Quién te pensás que está tirando las estaciones de servicio, las escuelas y eso?” Y en otro tramo agregó: “Ahí la señora te va a dar una moneda. ¿Me escuchas?”. La interpretación que hizo la fiscalía es que la “señora” sería Celestina Contreras.
Su pareja Brenda Barboza le contestó: “¿Cuánto me va a dar la señora?” y Pandu respondió: “Te va a dar una moneda, y cuando hagamos lo de las escuelas te va a dar otra”.
En otra parte de la conversación el recluso le contó a su pareja: “El Ariel me dio semáforo verde para que cobremos todos los negocios a nombre de él. Vamos y vamos. Negocio que no sea del Ariel, negocio que tiene que pagar. ¿Me escuchás?”
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Llama la atención que Contreras quede con detención domiciliaria en medio de una situación no sólo parecida, sino mucho peor a la de 2019, con ataques permanentes a escuelas, comisarías, centros de salud, parroquias, entre otros puntos.
En esta campaña electoral el despliegue de hechos que generan terror no sólo parece ir atado a los ataques a balazos contra distintos blancos sino también de un mecanismo más sofisticado que es muy complejo desarticular, como son la viralización de mensajes por aplicaciones de mensajería.
En esa causa por balaceras, Contreras fue imputada por intimidación pública agravada y amenazas coactivas junto con su expareja “El Viejo” Máximo Cantero, a su concubina Rosa “Bibi” Montero. El padre de Guille Cantero, quien volvió a la cárcel el año pasado, fue el que transformó Vía Honda, donde vivía, en una especie de mercado a cielo abierto de venta de drogas, donde los crímenes marcan la dinámica del negocio criminal.
En ese lugar El Viejo manejaba junto a su pareja un comedor comunitario llamado Gauchito Gil, donde distribuía unas 300 raciones de comida por día para la gente que vive en uno de los barrios más humildes de Rosario. Los alimentos que distribuía pertenecían a partidas que repartía el municipio de Rosario, algo que investiga la fiscal Haurigot. Porque luego de que se detectaran estas maniobras se incendió de manera intencional la secretaría de Desarrollo Social. La sospecha es que el fuego sirvió para ocultar algo.
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