Los ciudadanos argentinos gozan del derecho al acceso a la información que compromete al ambiente ambiente y su calidad de vida.
Cuando hace 25 años atrás se puso en marcha el proceso de la Hidrovía (la conversión a través de obras de dragado de un tramo del río Paraná en una autopista fluvial para buques de gran calado) los impactos ambientales de semejante intervención casi no fueron tenidos en cuenta. Un cuarto de siglo después, con la renovación de la concesión de esas obras a la vuelta de la esquina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas elevó un pedido de información pública al Ministerio de Ambiente de la Nación para saber de qué manera esa cartera está involucrada en la renovación de los contratos.
“Pedimos información acerca de la intervención que el Ministerio esté desarrollando en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación en el proceso previo al llamado a licitación y/o licitaciones bajo el contexto del denominado proyecto Hidrovía Paraguay Paraná”, dice el documento de esa entidad, que agrega que hasta el momento “la ausencia del Ministerio, ex Secretaría de Ambiente, en el proceso Hidrovía Paraguay Paraná ha sido grave y llamativa”.
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Los abogados resaltaron también que, hasta ahora, esa cartera “no logró sostener ni sistematizar intervenciones en los procesos de diseño de los términos de referencia de las licitaciones producidas”, al tiempo que recordaron que los ciudadanos argentinos “gozan del derecho al acceso a la información que compromete el medio ambiente y su calidad de vida”.
Derecho a la información
En la primera parte del pedido de informe de la Asociación (firmado, entre otros, por el abogado santafesino Rafael Colombo) se recuerda que existe legislación internacional y nacional que garantiza el acceso a la información ambiental en poder del Estado “así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas”.
¿De qué hablamos cuando decimos “información ambiental”? Las leyes establecen que se trata de “toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”. Esto tiene que ver, sobre todo, con el estado del ambiente, así como las actividades y obras que lo afecten o puedan afectarlo. También incluye el diseño de políticas referidas a la gestión del ambiente.
Finalmente, la propia Ley General del Ambiente vigente en Argentina (en sus artículos 16 a 18) establece la facultad de todo habitante de “obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”.
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El papel del Ministerio de Ambiente
Sumar mirada, enfoque y gestión ambiental a un proyecto de la envergadura de la Hidrovía es impostergable, y el Ministerio debería liderar esa acción. En ese contexto, la agrupación de abogados incluyó en su pedido de informes preguntas en relación a la actividad de esa cartera y su involucramiento con el tema.
“¿El Ministerio de Ambiente venía sosteniendo reuniones de trabajo con el Ministerio de Transporte de la Nación para coordinar estudios de impacto ambiental? ¿Qué funcionarios integran el equipo responsable del seguimiento en este proceso?”, son algunas de las preguntas volcadas a esa cartera ministerial.
Lo que desde la Asociación de Abogados Ambientalistas buscan saber, en definitiva, es si hay gente en Ambiente “trabajando en los contenidos de los pliegos licitatorios para evaluar los potenciales impactos socioambientales” de las obras de dragado y profundización del río.
A eso le agregaron también un pedido para saber qué funcionarios de áreas provinciales se ocupan del tema, en función de que los recursos naturales son del dominio público de las provincias.
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