La postura de la Sociedad Rural frente al financiamiento del IPCVA
Tras un encuentro virtual, ambas entidades santafesinas y los directivos de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) manifestaron su “valoración negativa” respecto del rol y las funciones del ente público no estatal, creado por ley en 2001 con el objetivo de apuntalar la cadena de ganados y carnes.
“Consideramos que su accionar carece de transparencia, eficiencia y equidad, y que los resultados obtenidos desde su creación no justifican el sostenimiento obligatorio del aporte económico por parte del sector”, argumentaron en un comunicado.
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El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, estuvo acompañado por otros integrantes de la institución.
El ente se financia principalmente con estos aportes privados. Aproximadamente el 70% corresponde a los ganaderos, que actualmente pagan alrededor de $830 por cada animal enviado a faena; y el 30% restante corresponde a los frigoríficos, que hoy aportan unos $300 por cabeza. De tal modo, cada uno de los bovinos sacrificados en el país (que el año pasado sumaron 13.9 millones) representa una recaudación aproximada de $1.200 para el instituto.
Ese volumen de contribución, dijeron ruralistas y matarifes, “no tiene una contraprestación por parte de dicho organismo que beneficie a los integrantes de estas entidades”. Por ello, consideraron que “el aporte al IPCVA debería ser voluntario”.
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El presidente y el vice de CAMyA dieron su punto de vista ante los ruralistas.
Sociedad Rural y matarifes coinciden en que el aporte obligatorio ya no se justifica
Días atrás, se conoció un pedido formal de CAMyA al Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para que termine con la obligatoriedad de estos aportes o directamente disuelva el ente. “La única manera de liberar el verdadero potencial del sector cárnico es a través de la desregulación y la reducción de la carga estatal, que hoy sólo asfixia a productores y operadores con impuestos distorsivos, trabas burocráticas y la intromisión de organismos ineficaces. El IPCVA ha demostrado ser un elefante blanco en términos de costos y resultados”, dice la carta que lleva la firma del presidente de la cámara, Leonardo Rafael.
Durante el encuentro, la rurales y los matarifes ostuvieron que el Instituto mantiene hoy un enfoque orientado casi exclusivamente hacia el mercado externo, descuidando al consumo interno, el que representa el mayor volumen de faena en la Argentina.
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Al respecto, desde la Sociedad Rural de Santa Fe recordaron que en varias oportunidades trasladaron este planteo ante Carsfe, la entidad de segundo grado a la que pertenecen las rurales de toda la provincia, para que “arbitre los medios que fuesen pertinentes” para lograr la derogación del inciso "a)" del artículo 14 de la ley 25.507, que regula el Fondo De Promoción De Carne Vacuna Argentina y dispone la contribución obligatoria de los propietarios de los animales destinados a faena.
“Si bien no venimos a oponernos a la continuidad del Instituto, ni mucho menos a que los productores que así lo deseen, puedan sostener voluntariamente el financiamiento del Fondo, consideramos imperioso alivianar la carga de costos de la actividad, o cuando menos propiciar que los productores puedan imputar sus erogaciones a los fines que consideren más eficientes para la gestión de su producción”, expresaron los ruralistas santafesinos.
Del encuentro, celebrado el martes, participaron el presidente de la Rural santafesina Ricardo Argenti y su par de Rosario, Soledad Aramendi, junto a integrantes de ambas entidades. Mientras que CAMyA estuvieron su presidente Leonardo Rafael, Sergio Pedace, Ariel Morales y Matías Carli.
