lunes 10 de agosto de 2020
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Tucumán cumplió con la sentencia que ordena que se garanticen los derechos de una menor abusada

El gobierno tucumano dio cumplimiento a la sentencia alcanzada por la Justicia que ordena que se garanticen los derechos a una vivienda digna y estudios para Lucía, la menor embarazada producto de un abuso por parte de su abuelastro y luego sometida a una cesárea.

El gobierno de Tucumán dio cumplimiento con la sentencia alcanzada por la Justicia que ordena que se garanticen los derechos a una vivienda digna y estudios para Lucía, la menor embarazada producto de un abuso por parte de su abuelastro y luego sometida a una cesárea. La medida alcanza, también, al grupo familiar de la menor, integrado por sus hermanas y su madre. “Celebramos este logro que es producto de la lucha de las organizaciones de mujeres y que permitirá que la niña pueda estar con su familia”, señalaron en un comunicado Andhes y Cladem, organizaciones que acompañaron a la menor.

En un fallo de diciembre pasado, la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, determinó medidas de reparación de los derechos vulnerados a Lucía por parte del Estado provincial

Es por eso que, seis meses después, el gobierno otorgará una casa equipada para que pueda vivir Lucía junto a su mamá y sus hermanas, y un trabajo en el Estado para la madre de la niña.

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Además, la menores serán inscriptas en una escuela cercana a su nuevo hogar. “Recordamos que el innecesario sufrimiento de Lucía fue provocado por el incumplimiento de las leyes por parte de efectores de salud que priorizaron sus convicciones religiosas por sobre las leyes y la salud de mujeres y niñas”, manifestaron a través del documento.

Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional.

La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), a lo que accedió después de muchas dilaciones y, como la gestación estaba avanzada, tuvieron que practicarle una cesárea.

El bebé, que pesó 600 gramos, murió a los pocos días de nacer debido a problemas respiratorios severos, explicaron los médicos.

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El 14 de febrero pasado se realizó un juicio abreviado, en el que el abuelastro, pareja de la abuela de Lucía, fue condenado a 18 años de prisión y el fallo de los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, María Balcazar, Fabián Fredejas y Juana Francisca Juárez, dispuso que sea de cumplimiento efectivo para el acusado, quien se declaró culpable, pero no pidió perdón.

Adriana Guerrero, referente de Cladem en Tucumán, dijo a Télam que son dos los casos similares a los de Lucía que la organización “llevó a litigio internacional, que han sido ganados y que las reparaciones por parte del Estado se han cumplido como las garantías de no repetición”.

Uno de ellos ocurrió en 2003 cuando LNP, una niña que fue violada en una plaza pública, detrás del templo católico de la comunidad de Espinillo, una pequeña población ubicada a 400 kilómetros de Resistencia, Chaco.

El otro caso, es el de LMR, joven de 20 años de la provincia de Buenos Aires, con discapacidad mental que vivía con su madre cuando, en 2006, fue violada por su tío, esposo de la hermana de su padre.

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Por último, el comunicado indicó: “Como lo venimos denunciando, el embarazo infantil forzado es tortura. Por eso seguimos exigiendo que el Estado cumpla con las medidas de no repetición que garantizarían no tener nuevos casos Lucía”.

“Reclamamos capacitación al personal de salud y cumplimiento de las Interrupciones Legales de Embarazos en el sistema público de salud, los obstáculos para acceder a las ILE son el último eslabón de sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos a las niñas que el Estado sigue reproduciendo por acción y omisión”, concluyó el documento.