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Actualidad ATE | protesta | Gobierno nacional

Protesta de ATE: efectivos policiales armados se desplegaron en edificios públicos

El Gobierno despliega fuerzas ante protesta de ATE por los despidos. A su vez, el ministro de Seguridad advirtió que cualquier acción ilegal será penalizada.

Protesta de ATE: policías armados en edificios públicos y la advertencia de Petri a los manifestantes

La manifestación tiene como objetivo rechazar los numerosos despidos de empleados públicos, cifrados por el gremio en 11 mil durante el reciente fin de semana prolongado.

Para contrarrestar posibles ocupaciones de oficinas, las autoridades advirtieron que las fuerzas de seguridad actuarán con determinación y presentarán denuncias penales. Un alto funcionario del gobierno, citado por la agencia Noticias Argentinas, criticó la medida de fuerza con firmeza, indicando que "si están despedidos, ya no es su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda". Asimismo, hizo hincapié en que las protestas son válidas siempre y cuando se respete la ley.

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Protesta de ATE: policías armados en edificios públicos.

Protesta de ATE: policías armados en edificios públicos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, lanzó una advertencia clara a los manifestantes, señalando que aquellos que intenten ocupar edificios públicos serán denunciados penalmente y enfrentarán las consecuencias legales. Petri vinculó la protesta con la delincuencia y destacó la importancia del cumplimiento de la ley para todos los ciudadanos.

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al presidente Javier Milei por las posibles consecuencias de una eventual represión, argumentando que el verdadero delito radica en gobernar de manera unilateral y perjudicar al pueblo.

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A medida que se acerca la hora de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad roderon ministerios y edificios públicos en previsión de posibles disturbios. Sin embargo, en la Casa Rosada no se observó un refuerzo de seguridad inusual.

Ante la oleada de despidos denunciada por ATE, Aguiar prometió judicializar cada caso, afirmando que la supresión de derechos fundamentales es una violación grave del Código Penal argentino.

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