El ex normalizador del club República del Sur, Sergio Decoud, renunció la semana pasada al cargo porque “el proceso estaba totalmente desnaturalizado” y “superó ampliamente lo que yo podía hacer”.
La renuncia de Decoud fue el miércoles 19 de octubre. Tres días después, el sábado 22, la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe (IGPJ) ordenó suspender el proceso de “normalización” del club ubicado en calle Francia al 2065, luego de que vecinos de la zona denunciaran públicamente que distintos sectores políticos intentaban quedarse con el control de la institución.
“Yo acepté el lugar de normalizador y lo sostuve mientras pude. Lo que sucedió superó ampliamente lo que yo podía hacer”, explicó Deocud este lunes en diálogo con AIRE.
La secuencia fue revelada la semana pasada por este medio. Vecinos del barrio contaron que el club prácticamente no está realizando actividades, pese a lo cual, de repente, comenzaron a aparecer centenares de personas, en grupos y desde lugares distantes de la ciudad, que llegaban al lugar para asociarse a una entidad que ni siquiera conocen.
Detrás de esa movida, según los vecinos, hay distintos sectores políticos que pugnan por controlar la institución. El último sábado, en declaraciones a AIRE, la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, explicó que tomó esta decisión de suspender el proceso de normalización a partir las denuncias de los vecinos y de la renunciar de Decoud: “Suspendemos el proceso porque tuvimos denuncias y fueron veedores del organismo, que son abogados. Los hechos que se denunciaron parecen ser ciertos”.
Consultado sobre la versión de que distintos sectores políticos buscan “apropiarse” del club, el ex normalizador contestó: “No me consta y no tengo por qué hacer esa valoración. Lo que me consta es que el hecho estaba totalmente desnaturalizado, por la cantidad de gente que se asoció. Cuando yo empecé la normalización se hablaba de un club de 100 socios, más o menos, y de repente me encuentro con una cantidad impresionante. Yo no puedo hacer una valoración de qué sectores están detrás, ni nada. Eso no me corresponde a mí”.
Decoud aclaró que no tiene ni tuvo ningún vínculo con la institución del barrio Sur: “El papel de normalizador lo tiene que ejercer alguien que no esté relacionado con el club. A mí me propusieron por mi conocimiento personal, porque he hecho varios trámites en la Inspección General de Personas Jurídicas. Tengo varios trámites en curso y varias peleas ahí, soy conocido. Me lo ofrecieron justamente por esa razón. Pero lo que ocurrió excede el marco de lo que yo podía hacer”.
—¿Cómo debía seguir el proceso?
—Yo había fijado como fecha límite para el empadronamiento el (miércoles) 26 de octubre. Una vez terminada esa parte, a los cinco días teníamos que publicar el listado de socios. Y después tenía que convocar a una asamblea para que los asociados tomen la potestad del club. Mi intervención debía terminar en esa asamblea constitutiva, donde empiezan a asumir el control del club todos los asociados.
—Pero usted renunció en medio de ese proceso por las irregularidades que surgieron.
—Yo no sé si llamarlas irregularidades. Sí son irregularidades en cuanto a lo que culturalmente se entiende que debe ser el manejo de un club, pero no sé si hubo irregularidades desde el punto de vista jurídico.
República del Sur: normalización suspendida y sospechas políticas
El tema salió a la luz a fines de la semana pasada cuando vecinos del club República del Sur advirtieron que, de un día para otro, centenares de personas comenzaron a llegar desde distintos puntos de la ciudad para asociarse a un club que ni siquiera conocían.
Tras la primera publicación de AIRE, y después de la renuncia de Decoud, la titular de la IGPJ aseguró que no es la primera vez que se dan situaciones semejantes y afirmó que desde el organismo debieron actuar en varias oportunidades para evitarlo.
“No es la primera vez que ocurre. Tenemos un programa de recuperación de clubes que ha dado buenos frutos, que evitó remates de clubes abandonados, o que se usurpen inmuebles valiosos”, dijo Stratta.
“El procedimiento de normalización tiene dos peligros o posibles desviaciones. Que aparezca gente que no haya pertenecido nunca al club que, enterada de la situación, intente apoderarse con dos fines posibles: negocios inmobiliarios o actividad político-partidaria”, agregó la funcionaria.
Strata explicó que, cuando un club no funciona y no cuenta con su documentación necesaria, la única salida que plantea la ley es cerrarlo: “Como alternativa existen estos procesos de normalización que no implica intervenir el club, sino ordenar la documentación... Se hace un empadronamiento, que termina en una asamblea para elegir autoridades. Generalmente, se presentan solo los interesados, quienes ya eran socios de hecho, se anotan y esto termina”.
Pero no es lo que sucedió en República del Sur, en el que distintos sectores con pertenencias políticas comenzaron a llevar a personas desde otros puntos de la ciudad para asociarse. Estas personas, como socias, están en condiciones de votar en el momento de elegir nuevas autoridades de la institución.
“Nos ha tocado y estamos alertas. No es la primera vez que debemos suspender un proceso de normalización. Nos pasó con el Sarmiento Bochas Club. Cuando vemos algún problema en el proceso de normalización, se suspende y se ve cómo seguir”, resaltó Stratta.
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