La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una banda dedicada a la estafa y usurpación de identidad, especializada en la obtención de créditos UVA para la compra de vehículos nuevos. Los principales sospechosos pertenecen a la colectividad gitana y se valían de documentación ajena extraviada para ejecutar sus ilícitos.
Se arrestó a un grupo especializado en fraudes y robo de identidades, enfocado en conseguir créditos UVA para adquirir automóviles cero kilómetro.
Los investigadores de la División Fraudes Bancarios, una unidad especializada del Departamento de Delitos Económicos de la policía de la ciudad, implicados en este caso, calculan que la organización criminal cometió entre cinco y seis delitos financieros.
Este grupo se dedicaba a la usurpación de identidades, aprovechándose principalmente de personas que habían extraviado documentos personales, mediante la adquisición de información de fuentes ilícitas. Utilizaban estos datos para solicitar créditos fraudulentamente y adquirir vehículos a nombre de las víctimas.
Cómo operaba la red de estafa
Las autoridades iniciaron la investigación luego de una denuncia presentada en la Comisaría Vecinal 12 A. La víctima había perdido una tarjeta de crédito y posteriormente recibió un aviso sobre una deuda correspondiente a un crédito UVA que aparentemente le habían concedido.
Al visitar el banco, se le comunicó que tenía una obligación pendiente de pago por un crédito prendario de 7.947.900 pesos, utilizado para la adquisición de un automóvil nuevo en una concesionaria.
El grupo criminal operaba mediante un gestor, identificado como parte de la comunidad gitana, quien utilizaba poderes notariales fraudulentos para formalizar los créditos. La operación se extendió a varias víctimas, incluyendo una mujer de Corrientes.
Tras un seguimiento minucioso, la policía interceptó un vehículo Fiat Cronos vinculado a las estafas, culminando en la detención de uno de los implicados y la recuperación de elementos probatorios significativos.
Desarrollo de la investigación
El caso fue asignado a la Fiscalía del Distrito Núñez-Saavedra, dirigida por José María Campagnoli, quien encargó la investigación a la División Fraudes Bancarios. Esta unidad, con autorización judicial, gestionó la anulación del secreto bancario para profundizar en la investigación.
Posteriormente, los agentes se dirigieron a la concesionaria ubicada en el barrio de Coghlan, lugar donde se realizaron las transacciones cuestionadas.
Durante la investigación, se descubrió que un individuo apodado Jorge, posteriormente identificado como miembro de la colectividad gitana y respaldado por un poder notarial, estaba involucrado en la solicitud de dos créditos: uno a nombre del denunciante y otro en representación de una mujer de Corrientes, quien también resultó ser víctima de la pérdida de un documento personal.
Cuando los oficiales consultaron el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), descubrieron que el vehículo en cuestión estaba registrado con una tarjeta azul, que permite a un tercero conducir el auto. Esto sucedió después de que el supuesto "gestor" recogiera el vehículo y el título de propiedad de la concesionaria, ambos a nombre de la víctima de la estafa, y tramitara dicha tarjeta.
Al visitar la concesionaria, se informó a los agentes que uno de los vehículos investigados estaba listo para ser entregado. Con aprobación judicial, instalaron un dispositivo de seguimiento satelital en el Fiat Cronos nuevo antes de que fuera retirado por un apoderado, no por el gestor original, según estaba documentado.
El individuo que manejaba el Cronos intentó evadir la detección con un recorrido errático. Sin embargo, gracias a la labor coordinada de siete equipos de la unidad investigadora, el vehículo nunca perdió de vista. Durante su trayecto, pasó por varios lugares, incluidos talleres para el polarizado de vidrios y domicilios en Villa General Mitre, Villa del Parque y Villa Devoto, todos vinculados a la colectividad gitana, como se confirmó mediante escuchas telefónicas autorizadas.
Finalmente, el Fiat Cronos fue interceptado y el conductor detenido en la localidad de Castelar, donde también se incautaron el vehículo y dos teléfonos móviles para análisis forense.
Basándose en las evidencias recabadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, liderado por Paula González, ordenó allanamientos en cinco ubicaciones, tres dentro de la ciudad y dos en los suburbios, obteniendo resultados positivos en algunos de ellos, incluyendo la recuperación de documentos y llaves de vehículos similares al investigado.
En el desarrollo del caso, se imputaron a otros tres individuos pertenecientes a la misma colectividad, incluyendo al "gestor Jorge" y al notario asociado. El detenido fue llevado a las instalaciones de la Policía de la Ciudad, quedando a disposición del sistema de justicia para las acciones correspondientes.
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