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Chubut se rebela contra la megaminería

Hay masivas movilizaciones en la provincia del sur ante el intento del gobernador Arcioni de habilitar una "zonificación" para el negocio minero.

Primero fue Mendoza, ahora es Chubut. Las masivas movilizaciones sociales en esas dos provincias para rechazar la instalación de proyectos de megaminería ponen de relieve la actualidad de los reclamos en defensa del agua y en contra de desarrollos sin sustentabilidad que presionan aún más territorios ya afectados por severas crisis hídricas.

Después de lo que significó el caso mendocino de principios de año, donde el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás con sus proyectos de habilitar la megaminería, le llegó el turno a la provincia del sur, donde desde hace semanas hay marchas en las principales ciudades para recordarle al gobernador Mariano Arcioni que la megaminería está prohibida por ley y que su proyecto de zonificación minera no tiene licencia social.

Si bien hace meses que ambientalistas y ciudadanía en general están movilizados, esta semana todo se aceleró con la decisión de Arcioni de presentar en la legislatura ubicada en Rawson su proyecto de “zonificación”, a lo que las organizaciones socioambientales respondieron con un proyecto de iniciativa popular que busca afianzar la ley 5001 que desde el año 2003 prohíbe la megaminería en Chubut.

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Las masivas protestas tienen el apoyo de los gremios de trabajadores estatales.

Las masivas protestas tienen el apoyo de los gremios de trabajadores estatales.

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Las masivas protestas tienen el apoyo de los gremios de trabajadores estatales, que desde hace años padecen severos cortes y demoras en los pagos de sus salarios. El argumento de base para negarse a la megaminería es que el agua (un bien que esa industria utiliza en exceso) es un bien escaso en esa provincia, cuya provisión para uso humano, productivo y turístico depende en buena parte del suministro del río Chubut.

Un camaleón en el gobierno

Arcioni, quien durante su campaña electoral se declaró una y otra vez en contra de la megaminería, busca reactivar una polémica cláusula de la ley 5001 que habilita (según su interpretación) a que determinadas zonas de Chubut, sobre todo su meseta central, puedan recibir inversiones mineras.

Según explicó Pablo Ceballos, miembro de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la mayoría de los gobiernos quieren aplicar la ley 5001 ya que, desde su misma redacción, tiene una trampa: si bien el artículo 2 dice que se prohíbe la megaminera a cielo abierto con utilización de cianuro, el artículo 2 crea una comisión por el ambiente que puede definir qué parte del territorio chubutense queda exceptuado de eso. Lo que se llama la “zonificación”.

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“Desde 2003 todos los gobiernos han intentado avanzar con la zonificación pero nunca pudieron por las intensas movilizaciones populares”, explicó, para detallar que las asambleas presentaron un proyecto propio de iniciativa popular que prohíbe de manera expresa y sin artículos ambiguos o “sujetos a interpretación” la megaminería, exploración y explotación minera.

Desde hace semanas hay marchas en las principales ciudades para recordarle al gobernador Mariano Arcioni que la megaminería está prohibida por ley.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, busca reactivar una polémica cláusula de la ley 5001 que habilita a que determinadas zonas de Chubut puedan recibir inversiones mineras.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, busca reactivar una polémica cláusula de la ley 5001 que habilita a que determinadas zonas de Chubut puedan recibir inversiones mineras.

Asambleas en lucha

La Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn es un eslabón más de la enorme trama de asambleas de comunidades chubutenses que desde hace muchos años trabajan para visibilizar los problemas socioambientales de esa bella provincia sureña.

Ceballos recordó en ese sentido que la lucha socioambiental “tiene una larga trayectoria de defensa del ambiente” desde finales de la década de los 80, cuando se intentó instalar un basurero nuclear en la localidad de Gastre, en la zona de la meseta. “Eso se pudo frenar y desde ahí quedamos movilizados y organizados para defender el ambiente”.

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Con las inversiones mineras rondando desde hace tiempo, en el año 2012 las asambleas armaron su proyecto de iniciativa popular “porque vimos que corríamos peligro y que teníamos siempre una espada colgando sobre la cabeza”, dijo Ceballos. Tras debatirla y consensuarla, la iniciativa fue presentada en el año 2014.

En este punto, el ambientalista traza una comparación: mientras que hace seis años tardaron un año en juntar 17 mil firmas, este año (con pandemia incluida) relanzaron la iniciativa y juntaron más de 30 mil firmas en 100 días en una provincia con 500 mil habitantes.

“Esto se debe esta trayectoria de lucha territorial y a que hay asambleas hasta en los pueblos más pequeños”, razonó, para agregar que el freno que Mendoza le puso a la megaminería a principios de año fue un espaldarazo fuerte que inyectó optimismo a nivel social.