Arroyo Aguiar: advierten que la suspensión del desalojo de 114 viviendas rige hasta octubre

Desde ese momento a la fecha comenzó un periplo legal que involucró a más de una firma local. La semana pasada el juez Adrián De Orellana dejó sin efeco la orden de desalojo prevista para el 8 de agosto. La medida rige hasta el mes de octubre y los letrados que representan a los habitantes de la Costa trabajan para que sus clientes no pierdan sus casas.

Al respecto, el doctor Juan Bautista Tradivo aclaró que a las familias que viven en La Costa se les atribuye el carácter de usurpadores cuando la adquisición se realizó de forma legal. "Se argumentan de parte de los habitantes que son poseedores, ahí inicia el primer problema porque ante esta figura el juez de Laguna Paiva, debió declararse incompetente, porque el tema escapa a la competencia de los juzgados.— detalló Tradivo— No obstante se da trámite, se hace un juicio, hasta que en el 2017 estando la sentencia dictada y a tres días de que quede firme acuden a nuestra firma para evitar el desalojo".

Ante las circunstancia se recurrió a la aplicación de la ley 27453 que prohíbe el desalojo de barrios populares. La decisión del magistrado se fundamentó en la presentación, por parte de la abogada de los vecinos, de los certificados que acreditan que dicho sector está incluido dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Dicho programa suspende cualquier tipo de desalojo de por estar contemplados en el régimen de integración socio urbana.

"Nadie entiende el fondo del tema, acá hay una conjunción entre el derecho de posesión y el de propiedad, ambos son respetables, pero en la legislación moderna el acceso al suelo merece una tutela más importante", detalló el abogado.

"En este caso la posesión la tienen los habitantes", agregó el abogado, que destacó que los habitantes están defendiendo su vivienda y la figura del desalojo se hace como si se tratara de un predio rural, pero acá hay viviendas precarias y de lujo.

"Hay arbitrariedades muy importantes que se dieron dentro del proceso. Con desilusión tengo que decir que fuimos tratados en desigualdad de condiciones en relación con la otra parte. La sentencia dictada jurídicamente no es aceptable", sostuvo el letrado defensor de las familias que luchan para sostener sus viviendas.

Preocupación

La semana pasada, los vecinos del distrito Arroyo Aguiar, en el paraje San Pedro, habían denunciado que una empresa extranjera pretendía desalojarlos del predio que habitan hace más de 30 años, y que se encuentra dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En un comunicado dado a conocer por los vecinos del barrio La Costa, manifiestaron su preocupación ante el inminente desalojo dictado por el magistrado De Orellana. “Quienes habitamos el barrio, lo hacemos desde hace más de 30 años, siendo este el lugar donde crecieron nuestros hijos y se desarrollaron nuestras familias”, destaca el texto.

En cuanto a la empresa, los vecinos precisaron que se trata de Welham Parker S.A. y aseguraron que no cuenta con CUIT, ni está registrada en AFIP. “No existe para la ley argentina y no les conocemos las caras y llevó adelante un proceso con múltiples irregularidades para desalojarnos de nuestras viviendas”, remarcaron.