Con este veredicto, el Senado revirtió el rechazo que le propinó al proyecto hace dos años, en agosto de 2018, cuando por primera vez este tema se discutió en el recinto. En esta oportunidad fue clave el impulso que el Gobierno le brindó la iniciativa: el presidente Alberto Fernández no sólo le puso su sello a la iniciativa que envió al Congreso, sino que también se encargó de disuadir a los cinco senadores indecisos y convencer a otros que votaban en contra para inclinar la votación a favor.
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El resultado favorable comenzó a insinuarse antes de la medianoche, cuando la radical entrerriana Stela Olalla y la provincial Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) terminaron con la incertidumbre y revelaron que apoyarían el proyecto. Poco después haría lo mismo otro de los indecisos, el senador oficialista Edgardo Kueider, también de Entre Ríos.
"Luego de reflexionar profundamente, decidí apoyar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que está en juego es si empujamos a las mujeres a la clandestinidad o, como Estado, asumimos la responsabilidad de apoyarlas y asegurar su derecho a la salud", fundamentó la senadora Crexell.
Crexell fue una de las senadoras que cambiaron su voto con relación al debate del aborto en el Senado de 2018. En aquella oportunidad, la patagónica había optado por la abstención. Más radical aún fue el giro de la oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), que confirmó en el inicio de la sesión que su voto "celeste" de hace dos años había girado a uno "verde".
“En este tiempo comprendí que, más allá de mi postura personal o de mis creencias, estamos ante una problemática que requiere un abordaje de políticas públicas. Con esta ley visibilizamos algo que pasó siempre", justificó la rionegrina García Larraburu. “Nada puede detener el avance de la historia. Y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una demanda de las nuevas generaciones”, enfatizó.
También el salteño Sergio Leavy, quien votó en contra del proyecto durante su mandato como diputado, cambió su voto. "Es una situación que le compete a muchas mujeres. Claramente he intentado comprender a las mujeres que deciden abortar y en ese proceso me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar ni lo promueve, solo le da un marco legal y seguro", sostuvo.
Para garantizarse los votos que lo acerquen de manera definitiva a la sanción de la norma, el Gobierno anunció su disposición a modificar el texto de la eventual ley al momento de su promulgación. Con esta promesa logró el voto del rionegrino Alberto Weretilneck.
Desde el sector "celeste" del Frente de Todos se escucharon reproches al Gobierno. Esta ley es inconstitucional e impracticable”, sentenció el senador José Mayans, jefe del bloque oficialista, quien vaticinó que será inmediatamente judicializada. El misionero Maurice Closs, al igual que el jujeño Guillermo Snopek, insistieron que la mejor forma de saldar este debate hubiese sido un plebiscito.
Otra abanderada en contra del proyecto, la tucumana Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, lamentó que el Estado haya “tirado la toalla en la pelea por la vida”. “No hay que confundirse. Este proyecto no trae nuevas libertades de decidir, tampoco nuevos derechos. Lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida", enfatizó.
Qué dice la nueva ley
La flamante norma autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
Antes de solicitar la práctica de un aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado. A partir de los 16 años podrá hacerlo por sí sola, sin la autorización de un mayor. Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Respecto de las menores de 16 años, el proyecto establece que se requerirá su consentimiento informado y que, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, “puede intervenir con asistencia letrada".
Asimismo, el proyecto incluyó una cláusula que habilita la objeción de conciencia de los profesionales ante una práctica solicitada de aborto. Así, se establece que "aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó".
Se aclara que "en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica" y que "las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación"
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