Pese a los intentos de la Casa Rosada por exhibir al presidente y a la vice como un tándem sin fisuras, quedó claro que Victoria Villarruel pretende cultivar un perfil propio y autónomo al hacer públicas sus diferencias con algunas decisiones de Javier Milei.
Victoria Villarruel tomó distancia de algunas decisiones de Javier Milei, como el envío de militares a Rosario para la lucha contra el narcotráfico.
NA.
En el marco de la escalada de violencia en Rosario por el accionar de bandas narco, el gobierno nacional impulsará la modificación de la ley de Seguridad Interior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas como actos de terrorismo.
Esta decisión, que promete desatar polémica en el Congreso cuando ingrese el proyecto, generó un imprevisto conflicto interno dentro del gobierno de Javier Milei luego que la vicepresidenta Victoria Villarruel tomara distancia del anuncio.
El proyecto que se enviará al Congreso dará a los militares las mismas atribuciones que hoy tienen para esas acciones las fuerzas de seguridad.
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Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, explicaron que, frente a supuestos de terrorismo, los militares podrán realizar acciones hoy vedadas, como patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado e intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, previa intervención inmediata al juez y al fiscal.
Asimismo, estarán habilitadas para actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales.
“Los militares quieren actuar, pero con un marco legal claro. Por eso necesitamos modernizar la ley de Seguridad Interior”, es la explicación que se ofrece desde el Ministerio de Defensa para justificar el proyecto que, en los próximos días, enviará al Congreso.
El debate promete ser intenso. Dentro y fuera del universo militar surgen voces que animan a pensar dos veces antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, un tema sensible en la Argentina.
Por caso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que la propuesta del Gobierno “es la militarización y los militares no son una solución efectiva a los problemas de inseguridad y narcotráfico”.
“La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales y, en cambio, abre la puerta a escenarios de mayor violencia”, alertó el organismo.
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Sin embargo, la voz más potente en contra de la iniciativa provino desde el propio gobierno. La vicepresidenta Villarruel, quien durante la campaña electoral hizo de la defensa de las Fuerzas Armadas una bandera, fue taxativa a la hora de cuestionar el anuncio de los ministros Bullrich y Petri.
“La función de los militares no es combatir civiles. Pensé que había quedado claro en los 70. El narco es un civil. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿y ahora dónde están los que lo combatieron? Presos”, expuso la vice para oponerse a la dupla ministerial.
“Si hacemos eso (permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de terrorismo), se tiene que hacer cargo el Estado. Hoy hay gente que está pagando penas de prisión más elevadas que las que pagaron (Jorge Rafael) Videla y (Emilio) Massera”, precisó sobre los altos mandos militares de la última dictadura.
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Pese a los intentos del aparato comunicacional de la Casa Rosada por exhibir al presidente y a la vicepresidenta como un tándem sin fisuras, quedó claro que Victoria Villarruel pretende cultivar un perfil propio y autónomo al hacer públicas sus diferencias ante ciertas decisiones que adopta el Gobierno.
No solo cuestionó el papel que los ministros Bullrich y Petri pretenden otorgarles a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior; además, criticó la designación del juez federal Ariel Lijo como postulante a la Corte Suprema por parte del presidente Milei.
Ambas cuestiones deben pasar por el Congreso y la posición díscola de la vicepresidenta promete agitar las aguas del debate.
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