El Gobierno nacional de Javier Milei tomó la decisión de suspender temporalmente el pago del programa Potenciar Trabajo para más de 22.000 beneficiarios,generando un revuelo en torno a las razones detrás de esta medida y la duración de la suspensión.
Suspensión en Potenciar Trabajo | más de 22.000 beneficiarios afectados ¿qué pasó?
La Resolución 82/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre, confirma la suspensión por tres meses a los titulares del programa Potenciar Trabajo. La razón principal: haber realizado viajes al exterior, según determinó la justicia.
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Esta medida afecta a personas que, según la norma, perdieron "su condición de vulnerabilidad social" considerando "el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario".
Por qué se suspende a más de 22.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo
La decisión tiene su origen en una denuncia formulada el 5 de octubre de 2023 por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS). La denuncia apuntaba a funcionarios responsables del programa Potenciar Trabajo y solicitaba la suspensión o baja de planes sociales para beneficiarios que habían registrado viajes al exterior.
Posteriormente, el 22 de noviembre de 2023, se envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social solicitando la determinación de los beneficiarios que cumplen o incumplen los requisitos del programa, junto con datos personales y laborales de los responsables del área. Esta solicitud fue reiterada el 28 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Javier Milei.
La resolución detalla que el 9 de enero pasado, el Ministerio realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, solicitando autorización para acceder a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los beneficiarios. La justicia autorizó este acceso, y se procedió al análisis de viajes que superaban los 30 días, que eran en avión o crucero, o que tenían como destino fuera de la región de Latinoamérica.
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Esta medida, enmarcada en una causa por supuesto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", generó un debate sobre la pertinencia de dicha suspensión y las implicaciones para aquellos que dependen de este programa social.
