Muchas veces se ha escuchado la pregunta “¿por qué se queda?”, cuando una mujer denuncia violencia de género recurrente. Son muchos los hilos del ovillo que atrapa a una mujer en el círculo de la violencia. Uno muy fuerte es la dependencia económica. Y por eso, la autonomía es una prioridad, que los Estados contemplan. “A mí me ayudó un montón”, dice una de las beneficiarias del plan Acompañar, que provee un salario mínimo durante seis meses a mujeres y población LGTBIQ+ en situación de violencia de género, con riesgo alto o altísimo. “Lo necesito mucho, mejor si fuera por más tiempo”, expresó otra entrevistada. En la provincia de Santa Fe, en este momento, lo cobran 2535 personas, como envión para generar otras condiciones de vida.
Esos testimonios forman parte del informe Es por acá, construyendo políticas contra las violencias en el territorio, que elaboró el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con financiamiento de la Unión Europea (UE). Entrevistaron a funcionarias y trabajadoras estatales tanto de Nación, como Provincia y Municipalidad, a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a usuarias de los programas Acompañar, Producir y Acercar Derechos.
El Acompañar es el programa de mayor alcance. Se gestiona a través de municipios y comunas, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, que firmó el convenio para implementarlo en abril de 2021. Tuvo campañas de inscripción de forma masiva, que develaron la gravedad y extensión de la violencia machista. En todo el país, desde noviembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022 llegó a 216.299 personas (siempre durante seis meses).
El programa tiene una alta valoración, aunque, según indica el informe, es necesario reducir los tiempos entre la presentación del pedido -que se valida a través de una evaluación de riesgo- y el cobro efectivo. El problema más acuciante que encuentran las usuarias es el tiempo. “Si fuera por otros seis meses más te podés acomodar un poco”, es una de las opiniones. Otra usuaria asegura que “los seis meses no te alcanzan para alquilar, para lo urgente y ver cómo conseguís trabajo”. Una más valora el programa, y también expone sus límites, al decir que “sirvió para lo básico, para empezar”.
La mayoría de las mujeres que llegan a solicitar este programa viven en una situación de precariedad. “Con respecto a su situación laboral el denominador común es la informalidad, razón por la cual no tienen trabajos estables, sino que varían las tareas que van realizando en función de las oportunidades que van apareciendo. Por ello, cuando se les pide que cuenten a qué se dedican, relatan un abanico de tareas diversas tales como limpieza en casas particulares, cuidan adultos mayores o niños/as, hacen tortas/panificación, compran ropa y la venden en ferias, una hace reparto (delivery), y distintos tipos de changas”, dice el informe.
Las usuarias consultadas aprovecharon el dinero lo mejor que pudieron. “Compré cocina y horno eléctrico para poder ir a vender a la feria, también una batidora y una heladera usada… voy progresando de a poquito”, cuenta una mujer. “Compré una batidora y pago curso de cocina, panadería, repostería”, agrega otra. Una más: “Compré productos de catálogo para vender”. El tiempo es siempre un condicionante: “No pude emprender, no me alcanzó … por ahí con más tiempo, sí”, planteó otra.
“Gracias a que tenía otros ahorros me pude mudar con una amiga, amueblar la casa, dejar de trabajar como empleada de limpieza. Antes de eso tenía tres trabajos: en un bar, como cuidadora domiciliaria y como empleada de limpieza”, dijo una de ellas.
Es un gran avance que el Estado contemple la situación de muchas mujeres y población LGTBIQ+ que no pudieron seguir estudiando porque sus parejas lo impedían, o porque tuvieron sus hijos, o por la situación socioeconómica de sus familias de origen.
“Todas coinciden en que es sumamente necesario que el programa prevea alternativas para que puedan completar los estudios, o capacitarse, conseguir trabajo o continuar percibiendo un ingreso”, dice el informe. Así lo subrayan las entrevistadas. “Es indispensable estudiar, terminar la escuela, para eso nos tendrían que ayudar más”, considera una. Otra suma la necesidad de que les enseñen “cómo administrar o para que aprendas a hacer algo, un proyecto... saber cómo invertir un poco y no pensar solo en la comida y la ropa… sino hacer algo nuevo”.
El estudio abarca municipios de diferentes zonas del país, sin identificar nombres ni provincias o municipios. Se trata de una evaluación que apunta a mejorar una experiencia reciente -el Acompañar surgió en el Plan Nacional contra las Violencias 2020-2022- y realiza recomendaciones para su mejor implementación. Entre ellas, que se extienda a por lo menos un año, y se simplifiquen los mecanismos institucionales para su acceso.
Si bien en sus objetivos, el Acompañar plantea el “acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales”, en los municipios analizados por 'Es por Acá', eso encuentra la dificultad de la falta de recursos humanos. Los mismos equipos que existían antes debieron hacerse cargo de esta tarea, y se vieron desbordados.
De modo que solo pudieron acompañar a las mismas personas con las que ya venían trabajando. En los otros casos, se trata solo de una ayuda económica. “El subsidio fue de gran ayuda. Sería bueno que la ayuda psicosocial esté más cercana, accesible y clara porque en ese momento estaba muy sensible y no quería exponerme a hablar en un grupo. Más tarde, de manera individual pude retomar terapia”, planteó una usuaria.
“Para las mujeres que participaron de las entrevistas, las organizaciones sociales fueron el punto de referencia y de apoyo para gestionar todo el proceso y también lo fueron durante el periodo en que percibieron el subsidio y lo siguen siendo cuando dejan de recibirlo”, expresa el informe.
Según los datos oficiales publicados por el gobierno nacional, en Santa Fe, desde el comienzo del programa, hubo 7117 personas beneficiarias. Otro problema detectado por ELA es la falta de continuidad. “Nos habían dicho que después nos podían inscribir en el Potenciar, pero no pasó nada”, dijo una usuaria. Justamente, el cierre de la inscripción en Potenciar Trabajo dificulta que las mujeres puedan sostener lo conseguido. “Cuando se acaba el apoyo económico hubiera estado bien que nos consiguieron un trabajo fijo. Yo había entendido que capaz nos podían incluir de manera fija en algún trabajo y eso no pasó", expresó otra usuaria.
La síntesis sobre lo importante del programa -y de toda política pública contra las violencias por motivos de género- la dio otra entrevistada: “Todos los días veo en mi cuadra, gritos, pegan y nadie hace nada… hay que seguir acompañando a las mujeres porque en algún momento ellas se van a dar cuenta de que no tienen por qué soportar que les peguen”.
Temas
Te puede interesar






