La muerte de la niña, que tenía discapacidad y problemas de salud mental, fue calificada como “muerte súbita” por el médico de la institución. Tiempo después, ante la denuncia de una acompañante que vio la maniobra, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes realizó una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido. El fiscal ordenó la exhumación del cadáver y una autopsia, que dio un resultado indefinido. Por lo tanto, pidió estudios anatomopatológicos y la intervención de un odontólogo forense, que pudieran develar el motivo del fallecimiento, pero, por el estado del cuerpo -que había sido enterrado un mes antes- los estudios no son concluyentes: no pueden confirmar ni descartar que la muerte haya sido consecuencia de la maniobra violenta.
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Los testimonios de la acompañante que presenció la maniobra, y otros recogidos por la Fiscalía de San Lorenzo, dan cuenta de que la niña volvió de la escuela y no quiso comer. Había llorado. Escondía algo en su corpiño y, cuando la acompañante personalizada se lo pidió, se negó a dárselo. La empleada -en verdad, el acompañamiento terapéutico está tercerizado, con pagos irrisorios de 229 pesos por hora- pidió ayuda a los operadores para ver qué era lo que escondía la niña, y allí se produjo la maniobra de contención, que consistió en tomarle los brazos, ponerla boca abajo en la cama y poner una rodilla en su espalda.
La nena se calló, el personal que había realizado esta maniobra se fue y la acompañante personalizada miró algunos mensajes en su teléfono. A los pocos minutos, le habló y N.R. no le respondía. Se acercó y la vio morada, la sacudió, pidió ayuda. No pudieron reanimarla.
La muerte de N.R. motivó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia, ingresado el 12 de mayo por la diputada Agustina Donnet. AIRE publicó esta noticia por primera vez el 2 de junio y, desde entonces, fue el único medio que sigue indagando sobre las respuestas estatales de las autoridades provinciales, que debían proteger a la niña.
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N.R. se encontraba bajo una medida excepcional de protección de la Subsecretaría de Niñez de la provincia por carecer de cuidados parentales (su papá y su mamá murieron y la hermana mayor no podía hacerse cargo de ella por sus patologías).
Además de realizar el allanamiento en el hogar Santa Cecilia, el fiscal concurrió a los domicilios particulares de las personas que trabajan en la institución. Secuestró teléfonos y tomó testimonios, aunque no lo hizo con las personas que podrían estar imputadas en la causa: quien hizo la violenta maniobra de contención y el médico que firmó el certificado de defunción. Es que no puede tomarles testimonios bajo promesa de decir verdad, si tiene en el horizonte indagarlos.
La muerte súbita fue rubricada por el mismo médico que trabaja en el hogar Santa Cecilia pero, como él se encontraba en Serodino en el momento del fallecimiento, antes actuó otro médico que dijo no haber notado nada raro.
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La subsecretaría de Niñez no inició ninguna actuación de oficio, ni lo requirió en la justicia, para establecer la causa del fallecimiento. También el fiscal autorizó ese mismo día el sepelio, que la hermana de N.R. debió solventar porque la provincia le ofrecía un servicio básico, sin velorio.
Al tiempo, una empleada recurrió a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para relatar la situación de violencia anterior a la muerte y el organismo de contralor inició las actuaciones. Se estableció que tanto la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Rosario como el equipo interdisciplinario del Hospital Vilela, que atendía a la niña, desaconsejaron que fuera alojada en el hogar de Carrizales. La misma directora del lugar, Mariana López, en junio de 2020, dijo que el lugar no estaba en condiciones de recibirla. La Subsecretaría de Niñez insistió y decidió el traslado allí, aunque el Hogar tenía antecedentes de violencia: un niño de 10 años fracturado, y atendido en el Hospital de Niños Zona Norte, es uno de ellos.
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La investigación avanza y hay testimonios contradictorios respecto del maltrato previo a la muerte. La acompañante personalizada dijo que ella le estaba teniendo los pies a la nena, pero quien la redujo se excedió en el uso de la fuerza.
La principal dificultad para el fiscal es vincular esa maniobra con la muerte, por el indeterminado resultado de la autopsia. Si eso se puede acreditar, la responsabilidad penal de la muerte queda reducida a la persona que hizo la maniobra. Pueden existir imputaciones por encubrimiento para quienes certificaron la muerte súbita. Y quedará de manifiesto la responsabilidad del organismo estatal que debía proteger a la niña.
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