Tanto Jorge Henn como Savino -defensores del Pueblo zona norte y sur- están a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que actuó como consecuencia de una denuncia. El 1° de abril de este año, al mediodía, la nena murió en el hogar Santa Cecilia, tras volver de la escuela. No quiso almorzar, y llevaba algo escondido en su corpiño. Cuando le preguntaron qué era, no lo entregó. Esa negativa provocó una maniobra de contención de los operadores del hogar, que la ubicaron boca abajo y le pusieron una rodilla sobre los brazos para inmovilizarla. A la acompañante personalizada le llamó la atención que, pasados unos minutos, la chica siguiera callada. Se acercó y la vio morada. Pidió ayuda. La quisieron sentar, pero la adolescente estaba muerta.
El médico de la institución firmó el certificado de defunción como muerte súbita. Esta sucesión de hechos resulta del relato de la acompañante personalizada. Era viernes, y cuando llegó la noticia a la Subsecretaría de Niñez, la tomó la guardia. La niña fue enterrada, la hermana pagó el sepelio porque le ofrecían un servicio que no incluía velorio. La exhumación del cadáver la ordenó el fiscal Leandro Lucente, tras la presentación judicial de la Defensoría, el 29 de abril. Casi un mes después.
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Gabriel Savino es el defensor del Pueblo adjunto en la zona sur de la provincia de Santa Fe.
El 12 de mayo se presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia para que se esclarezca lo sucedido. Mientras tanto, una persona se acercó a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para que inicie una investigación.
“Hubo una intervención rápida, práctica de la Defensoría. Es más, pusimos en funcionamiento el órgano de revisión de salud mental y justamente se empezará a revisar este caso. En realidad, si se utilizaron los protocolos como corresponde, si la autopsia determina que fue muerte súbita o fue un paro cardíaco, cuando tengamos el dictamen específico de la de Medicina Forense, ya vamos a tener cierto grado de certeza de lo que pasó específicamente con esta niña”, indicó el funcionario.
El fiscal está a la espera de exámenes complementarios, porque la autopsia (para la cual debieron exhumar a la niña), dio un resultado indeterminado. Cuando estén esos informes, se podrá conocer la causa de la muerte. “Y después habría que evaluar todo el protocolo de actuación, porque cuando uno escucha a la parte de la institución, te dice que siguieron todos los protocolos. Cuando vemos la información que tenemos del otro lado, se vulneraron un montón de otros derechos, se utilizó a lo mejor mucho más la fuerza de lo que tendría que haberse utilizado. Ahí empezamos a tener visiones encontradas”, consideró Savino.
Estas versiones llevaron a revisar los antecedentes: tanto el equipo interdisciplinario del hospital Vilela como el propio hogar Santa Cecilia, y la dirección de Salud Mental de la Municipalidad, habían desestimado -ya en 2020- a esa institución como el lugar adecuado para alojar a esta niña.
El funcionario subrayó: “El hecho lamentable de que haya fallecido una menor en un centro de alojamiento es grave, y tenemos que despejar todas las dudas. La función nuestra es tratar de despejar y dar claridad, conteniendo a la familia”.
"Para nosotros esto no queda así. Vamos a ir mucho más adelante. Soy un defensor de la gestión y de la buena gestión. Hay funcionarios que no funcionan. Bueno, hagamos algo con los funcionarios que no funcionan. La falta de formación del personal, en muchos casos, es peor que la precarización salarial y laboral", advirtió Gabriel Savino, defensor del pueblo adjunto de la zona sur .
El otro aspecto de la actuación de la Defensoría es que “esta niña tenía una medida excepcional y estaba en custodia, justamente, de una institución que en realidad no es del Estado, sino que es una institución prestadora”. Es decir que el Estado le paga por alojar a niñas, niños y adolescentes.
Además de la investigación, desde la Defensoría plantearon “medidas alternativas”. “Ya no se derivan a este centro más menores hasta que no se aclare el caso”.
-¿Cuál es el criterio por el que se envía a un niño, una niña o adolescente a una determinada institución?
-Justamente, la semana pasada hablamos con el director de Niñas, Niños y Adolescentes para que nos informe qué criterio utilizan, qué criterio médico, qué criterio institucional, qué criterio presupuestario, qué criterio de vulnerabilidad se toma en cuenta para enviar una persona a determinado lugar. ¿Cuál es el criterio o el protocolo de actuación? Porque no es un criterio discrecional de un funcionario, aunque muchas veces se utiliza ese criterio: como le pagamos la cápita, lo mandamos acá, porque tengo una cápita. Creo que tenemos que cambiar el criterio primario de por qué estamos mandando personas a una institución. También tenemos muchísimos lugares de acogida de menores que lamentablemente no tienen las condiciones para contener ni preservar la integridad de los menores. Lamentablemente, es una realidad que el Estado debe asumir y nosotros también, como contralores. Son cuestiones institucionales que tienen que ver con proteger los derechos humanos. Esto no es discursivo, lo tengo grabado en mi piel.
-El otro problema es que la responsabilidad de lo ocurrido con esta niña termine recayendo sobre trabajadores precarizados. En Niñez, los acompañantes personalizados cobran 220 pesos la hora, y en negro, en lugar de revisar las fallas del sistema.
-Para nosotros esto no queda así. Vamos a ir mucho más adelante. Soy un defensor de la gestión y de la buena gestión. Hay funcionarios que no funcionan. Bueno, hagamos algo con los funcionarios que no funcionan. La falta de formación del personal, en muchos casos, es peor que la precarización salarial y laboral.
Savino destacó que, si las respuestas de la Subsecretaría de Niñez no llegan en tiempo y forma, elevarán a la Legislatura la acusación por mal desempeño de funcionario público. “La Defensoría no tiene poder sancionatorio, pero sí de recomendar y en el proceso de recomendación nosotros lo que hacemos es investigar, ir al lugar, hablar con todas las partes y a partir de ahí elaborar qué recomendación nosotros le hacemos a las distintas instituciones que corresponden al Poder Ejecutivo, para que modifiquen los accionares, las conductas. En ese camino estamos”, enfatizó.
-¿Ha habido un intento de ocultamiento? ¿Por qué no se abrió de inmediato una investigación en Niñez para saber qué pasó?
-Bueno, eso nosotros lo preguntamos. Ellos plantearon que tenían toda la documentación en regla, que le habían notificado a la Defensoría todo el accionar que había. Nosotros después de asumir empezamos a hacer revisionismo. Lo único que rescato del ministro es que me mandó absolutamente toda la información, que se remitió al expediente, hasta el informe que me mandó el ministro, que tenía que ver con todos los centros. Solicité que se ingrese en el expediente porque seguramente en muchos de estos lugares vamos a un foco de problema. Ahora, la otra etapa es decir quiénes son, cómo son, en qué condiciones están trabajando en los centros de acogida.
