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Sonia Tessa | violencia de género | 8M |

Violencia machista en Argentina: se registraron 19 pedidos de ayuda por hora en 2022

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVMG) está operativo desde noviembre de 2020, y relevó la atención estatal a 167.818 personas en sólo un año. En el 76,1% de las consultas hubo situaciones de riesgo alto y altísimo. Un desafío del Estado es llegar antes de que se produzca el femicidio.

Contar una historia particular: me pegó, me encerró, no me dejó salir, me obligó a dejar de trabajar, me estranguló, me quemó, tengo miedo. Que a veces termina de la peor manera: en la Argentina, en 2022, según cifras no oficiales basadas en publicaciones periodísticas, se produjeron al menos 292 femicidios. La clave es intervenir antes, que no haya muerte. En la Argentina, en 2022, hubo 167.818 registros de violencia machista —19,1 hechos por hora— en distintas instituciones estatales que alimentan el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVMG), una herramienta para registrar, procesar y analizar información que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación comenzó a operar en noviembre de 2020.

Para el 76,1% de las personas asistidas en dos años, la medición de riesgo arrojó niveles alto y altísimo. “Esto son estadísticas sobre personas que están vivas, que podemos ayudar, que podemos asistir, y por eso era importante lanzar este sistema y que esté operativo”, expresó Lorena Balardini, directora Técnica de Registros y Bases de Datos del Ministerio.

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Si bien el segundo punto de reclamo de la primera movilización Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015 era contar con estadísticas oficiales, pocas veces se pondera su valor. “Lo más importante de todo es la prevención. A quienes trabajamos en estos temas, todo el tiempo nos están empujando hacia las estadísticas de femicidios y lo que nos proponemos es aportar información que sirva para poder llegar a tiempo, para poder conocer en detalle cuál es la situación de violencia atravesada, cuál es el contexto que vive esa persona, qué políticas públicas pueden activarse, que pueden estar vinculadas a la violencia, pero también a la vivienda, al acceso al empleo. Es decir, toda una serie de aspectos que es necesario conocer para abordar los casos, de modo de prevenir y evitar llegar a la violencia más letal”, planteó Balardini.

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El SICVG pudo detectar que el 97,5 por ciento de las personas que pidieron ayuda son mujeres, el 1,7 señaló haber estado embarazada poco tiempo antes o en el momento de la violencia y 1,7 tenía alguna discapacidad. El sistema va más allá de los binarismos y toma en cuenta a la población LGTBIQ+, entre quienes hubo registro de 18.808 personas.

La contracara es que el 95,8% de los agresores son varones, el 87,8 son la pareja o ex pareja de la persona violentada y el 23,2% cuenta con acceso a armas de fuego. Los datos se construyen a partir del relato de la víctima, que se vuelca en un formulario estandarizado donde se consignan los tipos de violencia y los episodios sufridos.

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En cuanto a las instituciones que intervinieron, el 49,5% recurrió a la intervención policial (se dirigió a la comisaría a pedir ayuda), el 43,7% en servicios de justicia, el 24,6 en centros de salud y el 5,2 en dispositivos de protección integral.

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La violencia doméstica es la modalidad completamente preponderante, con un 94,6% de los registros. En cuanto a los tipos de agresiones, el 85% sufre violencia psicológica, el 74,3 física, el 40 por ciento económica y patrimonial, el 30,1 simbólica y el 19,2 sexual. Como se puede referir más de un tipo y modalidad de violencia, la suma es mucho mayor a 100.

Para el tipo de violencia física, las conductas que predominan son golpes, empujones y sacudones, agarres, pellizcos o tirones de pelos (experimentados por entre el 58,9 y el 68,9% de las personas asistidas).

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Las hay más graves, aunque en menor proporción: el estrangulamiento (38,5%), las patadas (29,7%), la privación ilegítima de la libertad (22,3%) y agresión física con hija/o/e en brazos (22,1%).

Cuando se indaga sobre las conductas de violencia sexual, predominan contacto físico sin consentimiento (17,5%) y la obligación de mantener relaciones sexuales con el agresor o con otras personas (16,5%).

Para el tipo de violencia económica y patrimonial, las conductas más frecuentes son la limitación o control de gastos (28,2%), la privación de acceso a dinero (27%), el incumplimiento de pago de cuota alimentaria (24,5%) y la ausencia de aportes económicos (23,8%).

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Muchas veces, en la sociedad se minimiza la violencia psicológica, que tiene un grave efecto en la salud mental de las personas que la sufren. Las más frecuentes son los insultos (59,8%), las humillaciones (57%), el hostigamiento (47,1%) y la amenaza de daño físico (43,1%).

Para el tipo de violencia simbólica, la desvalorización y descalificación es la más importante, con 32,1%, mientras las bromas y comentarios machistas (29,3) son también conductas frecuentes.

¿De qué se habla cuando se menciona la violencia ambiental, que llega al 19,7% del total? Golpes a objetos o paredes (registrados en el 28,4% de los registros), la destrucción de bienes/objetos de la persona (23,6%) y el arrojo de objetos sin impacto en la víctima (23,5%)

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Con los números recopilados desde 2013, se contabilizaron un total de 669.339 registros, de los cuales el 73,1% personas asistidas y 26,9% consultas (es decir que no hubo seguimiento o intervención estatal). A partir de 2020, cuando el Sistema entró en vigencia —con indicadores específicos que permitían evaluar el riesgo de manera muy exhaustiva— y se amplió su base de recolección de datos, el crecimiento fue exponencial, ya que en 2013 sólo se disponía con los datos de las llamadas al teléfono 144 (para atención a víctimas) y hoy se suman diferentes municipios, provincias, el sistema judicial, y otras instituciones, en lo que el informe llama “registros nativos". Esto explica que de todos los casos relevados desde 2013, sólo el 4,1% sea de la provincia de Santa Fe: 27.748 consultas.

En las reflexiones finales del informe, firmadas por la propia Balardini junto a Victoria Gallo, se subraya “la importancia de integrar la información para favorecer, sobre todas las cosas, la asistencia y pronta intervención en los casos”. Tienen un motivo muy concreto: “Los datos muestran que es clave la coordinación interinstitucional. La intervención estatal a las situaciones de violencia registradas muestra, para los registros nativos del SICVG, que más de un tercio de las personas que buscaron asistencia lo hicieron en hasta tres instituciones diferentes, lo cual nos lleva a enfatizar la necesidad imperante de compartir e integrar registros para mejorar la respuesta del Estado en todos sus niveles”.

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