Este viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución Ministerial N° 800/2021 mediante el cual se complementa la norma que establece el Registro de Programa de Cannabis (REPROCANN).
Tras la publicación en el Boletín Oficial del Registro de Programa de Cannabis, las organizaciones admiten un avance en la materia pero siguen surgiendo dudas y fuertes críticas. Preocupa la poca cantidad de plantas autorizadas, la prohibición de cultivar en exterior y la concreción de "inspecciones".
Dicho registro sirve para que aquellas personas que cultiven cannabis con fines medicinales puedan inscribirse con la prescripción médica y evitar inconvenientes legales.
En principio, la medida fue bien vista por las organizaciones cannábicas de Argentina pero a medida que se fue analizando pormenorizadamente el articulado comenzaron a surgir dudas y hasta fuertes críticas.
Si bien se reconoce el avance en materia de derechos en el acceso a la salud, y que de poco, la planta de marihuana va saliendo de la mirada criminalizadora, las organizaciones cannábicas marcaron algunos puntos para seguir discutiendo.
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En diálogo con Aire Digital, Laura Acosta, integrante de Macame- Mamás Cannabis Santas Fe- señaló que “se está avanzado, sobre todo en materia de derechos, pero para que sea un amplio derecho tendrían que habilitar el cultivo en exterior y no tener límites. Ese límite de plantas es como una persecución”.
“Coincidimos en la mirada con Mamá Cultiva. El registro es lo que estábamos esperando pero se limita la cantidad de plantas y se condiciona la forma de cultivo”, advirtió Acosta. La regulación no autoriza el cultivo en exterior, por lo que cada cultivador deberá desarrollar un sistema para cultivar dentro de sus viviendas, lo que eleva el costo económico. Al respecto, Acosta explicó que “hay muchas personas que no van a poder cultivar. No tienen sustento económico para hacer frente a un indoor. Muchas familias socialmente afectadas económicamente no van a poder hacer frente a esto”.
Macame reconoce “el avance hacia políticas públicas de salud que cambien el paradigma del sistema. Hay que incluir políticas públicas del consumo problemático. Se puede aportar más desde las ONG”.
Otro de los puntos que no fue abordado por le reglamentación tiene que ver con el cultivo solidario. “Ese tema no se toca. Hay que garantizar acceso a otras familias. Hay mucho por seguir planteando”, dijo Acosta.
Desde donde también se plantearon dudas respecto a la implementación del registro es Apucam –Asociación para Usuarios de Cannabis Medicinal- quienes advirtieron que “no va a ser fiable la confidencialidad de las personas”, “se hablan de inspecciones” e “invasión de la privacidad”.
En contacto con este medio, desde la asociación aseguraron que “suena muy fuerte el tema de las inspecciones” y añadieron que “sigue sin entenderse el articulo 11 sobre germoplasma y la obtención de genéticas. El tema de las semillas sigue siendo un problema”.
“No aclara el tema cultivo solidario ni tomó nada sobre objetivos colaborativos de asociaciones civiles”, lamentaron desde Apucam quienes también criticaron que no se permite el cultivo en exterior. “Eso dificulta el acceso porque construir un indoor es muy caro”.
¿Con qué necesidad hacer las cosas mal?
Por otro lado, una de las organizaciones que se manifestó más duramente sobre la implementación del registro fue Reset, una asociación que plantea nuevas políticas de drogas y derechos humanos.
Uno de los integrantes de Reset, el abogado Mariano Fusero calificó a la medida como “plagada de tibiezas” e “incongruencias que desconocen la realidad de miles de familias”.
Limitación de plantas, metros cuadrados y prohibición de cultivo exterior
Según se informó este viernes, se establece un límite de hasta nueve plantas cultivadas en el interior de un hogar, en una superficie máxima de 6 metros cuadrados. Al respecto, Fusero expresó que “en la facultad de derecho nos enseñan que dos de los elementos esenciales de cualquier acto administrativo son la finalidad y la motivación. Cualquier vicio en tales elementos hace que el acto sea nulo o anulable. La resolución ministerial en ningún momento explica finalidad o motivación alguna por la cual se establecen tales límites cuantitativos de plantas o metros cuadrados y la prohibición de cultivo exterior”.
“En la práctica parece que desconocen que hay enfermedades, dolencias y patologías que requieren de altos volúmenes de materia vegetal para realizar aceites y otros derivados, que no toda cosecha es buena y productiva por diversas razones o contratiempos, que no todas las personas tienen la posibilidad de cultivar en el interior de sus hogares y/o equiparse a tal fin”, precisó el abogado.
Cambiamos allanamientos por “inspecciones”
Uno de los puntos más polémicas de la reglamentación del registro tiene que ver con inspecciones que podrían concretar las fuerzas policiales para “controlar” el tratamiento médico.
En el Anexo III, en su cláusula séptima, establece que el/la paciente acepta recibir en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, inspecciones por parte de la autoridad estatal pertinente, a fin de constatar el cumplimiento del tratamiento prescripto por el/la profesional. Sobre este punto, Fusero sostuvo que “es prácticamente una declaración de voluntad de aceptar un allanamiento cuando la autoridad así lo pretenda, sin siquiera la necesidad de que ello sea mandado y/o controlado por autoridad judicial alguna. Hace años que hablamos de la necesidad de acompañar a las personas en este proceso, con abordajes sensatos y respetuosos de sus derechos humanos, entre ellos a la privacidad e intimidad”.
“Toda intervención compulsiva e injustificada en sus hogares avasalla sus derechos y sostiene el prejuicio trasnochado de que las personas que cultivan cannabis tenderán a comerciar con la sustancia o cometer una innominada cantidad de actos en perjuicio a terceros”, agregó a la vez que preguntó a las autoridades: “¿Es necesario incurrir en tales atropellos? ¿Qué una persona consienta ser intervenida en la intimidad de su hogar cuando al Estado se le antoje arbitrariamente porque sí, por si acaso? ¿Acaso el Estado no tiene otras herramientas a su alcance como para proceder en casos en que notoriamente se violenten las disposiciones legales? ¿Tareas de investigación, inteligencia, etc., etc.? ¿era necesario caer en esto?”
En el mismo sentido, el abogado cuestionó autorizaciones para el cultivo industrial en Jujuy. “¿Tanto interés hay por controlar a las personas que cultivan en sus domicilios pero tan laxos y desentendidos son con las autorizaciones brindadas graciosamente al gobernador Morales y su hijo durante el gobierno anterior, violentando la ley 27.350 y sin tener claridad alguna del destino de sus hectáreas cosechadas?”
Por último, la crítica de Fusero fue hacia la utilización del desdibujado rol del consejo consultivo honorario. “Misteriosamente la resolución ministerial menciona que el REPROCANN y el detalle de su funcionamiento fue presentado ante el Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2020. Según indagamos a compañeros de organizaciones que participan en el Consejo Consultivo, se enteraron hoy de la resolución una vez publicada en el Boletín Oficial”.
“Así como en noviembre celebramos públicamente el decreto presidencial, lamentablemente esta resolución ministerial redunda en torpezas e incongruencias que dilatará aún más el reconocimiento real de los derechos humanos de las personas que usan cannabis con fines terapéuticos”, concluyó Fusero.
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