A partir del influencer Chinaski, la Red Federal de Psicólogas impulsó un debate que sumó testimonios. El rol de la Justicia y los Colegios profesionales.
"El Cordera del psicoanálisis”, titularon al video donde el Doctor Chinaski habla de la falta de impedimentos para que un analista “se vaya a la cama” con una paciente.
Fue una catarata. A partir de las declaraciones de Javier Pérez, el influencer conocido como Doctor Chinaski, en una entrevista por streaming sobre acostarse con pacientes, se abrió un mundo de abusos de poder y prácticas reñidas con la ética. Hay cientos de testimonios en Instagram.
Integrantes de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas contra los abusos, las violencias machistas y de género compartieron el recorte en IG y, desde allí, comenzaron a multiplicarse los relatos de pacientes y alumnas de la universidad de este profesional, pero también de otros, y de distintos puntos del país: Morón, Moreno, Mar del Plata, entre otros.
Hoy Pérez es investigado por la Fiscalía de Paraná y, tras el escándalo, hay un expediente abierto en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario.
Más allá del caso puntual, se abrió un debate con fuertes repercusiones. El objetivo de la Red es visibilizar las violencias y los abusos de poder que se dan en el ejercicio profesional.
"El Cordera del psicoanálisis”, titularon el video donde Chinaski hablaba de la falta de impedimentos para que un analista “se vaya a la cama” con una paciente, y afirmaba que toda “chica que se autopercibe linda” le propone a su analista pasar a otro nivel.
Esas declaraciones podrían haber pasado como otra “excentricidad” del mediático profesional que banaliza el psicoanálisis.
Y si no quedaron en la nada fue por la acción decidida de la Red. “Permitió que muchas personas que habían sido víctimas directas de situaciones que podríamos definir como abuso de poder tuvieran la oportunidad de poder dar su testimonio”, dice Magalí Besson, integrante de la Red, psicoanalista, docente de posgrado y supervisora clínica de la Dirección de Salud Mental de Santa Fe.
Javier Pérez, doctor Chinaski, fue señalado por conductas antiéticas por pacientes y alumnas.
No fue un efecto buscado. “No estaba en absoluto calculado; hubo una primera secuencia de posteos que hicimos distintas integrantes de la Red Federal de Psicólogas, que trabajamos no solamente con perspectiva de género, sino tratando de pensar en generar distintas formas de sensibilización respecto de los modos del abuso del poder en el marco de los consultorios”, sigue Besson.
Pero no termina allí, sino también aportan "a su canalización institucional”, ya sea a través de los tribunales de ética de los colegios profesionales, las universidades o las instancias judiciales, cuando corresponda.
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Empezaron entonces a llegar testimonios desde distintas provincias, muchos de ellos reiterando denuncias sobre Pérez, en especial por su desempeño como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde trabajó hasta 2019. Esas presentaciones llegaron a la Fiscalía, tras la intervención de la propia universidad.
La periodista Sandra Miguez, de Paraná, conversó con algunas de las alumnas que señalaron “un manto de encubrimiento y protección sobre docentes de la carrera de Psicología”. Hubo una reunión de más de 50 alumnas que sufrieron violencias de Pérez y otros profesores. Hay antecedentes: en diciembre de 2019, el docente Rudy Astudilla fue cesanteado por “abuso de su posición de poder”.
Muchas personas que habían sido víctimas directas de situaciones que se podrían definir como abuso de poder tuvieron la oportunidad de poder dar su testimonio.
Pérez fue señalado por “encarar” alumnas, maltratar a las que no le daban bolilla, ser indiferente con los varones al punto de hacerlos dejar, y convertir las cursadas en una instancia tortuosa para estas mujeres. Eso será investigado.
Besson subraya que hay muchos testimonios “tanto referidos a psicólogos desempeñando su función docente como a psicólogos y psicoanalistas en el marco de los consultorios”.
Este aluvión desafía a las integrantes de la Red a pensar “cómo estas cuestiones son acompañadas” en su cauce institucional. “De ninguna manera en la Red pensamos que solamente alcanza con exponer esto en redes”, enfatiza. Apuestan a que los testimonios tengan “una repercusión en el marco de las mismas instituciones en las que se produjeron los abusos de poder”.
El repertorio de violencias es amplio: desde la seducción de analistas que abusan de su lugar de poder para hacer justamente lo que está vedado en el marco de una transferencia, hasta acosos y “situaciones gravísimas ocurridas en el marco de los consultorios o por fuera de ellos, pero eh desde el marco de la relación paciente analista”.
No se trata de posiciones morales o prejuicios de psicoanalistas feministas. Besson subraya que “hay ciertas cosas que no admiten discusión”. “No se tiene relación con el paciente amistosa ni sexual, porque si no se hace un chiquero, en el nombre de la transferencia”.
“No sólo Sigmund Freud dijo que no correspondía, sino que también hay códigos, reglamentos en función de preservar el desempeño ético de la profesión”, agrega.
Y no desconoce que el contexto es “muy sombrío a nivel político en el país, donde se han autorizado las violencias machistas”. Por eso considera “una muestra de la esperanza posible cuando trabajamos conjuntamente y colectivamente”.
El pedido de la Red es que este caso “se pueda tratar en el marco del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio”, para que se constituya en un “caso testigo”. Por eso piden que el Colegio se posicione no solamente ante los abusos, sino también “frente a toda una divulgación que los legitima”.
Ahí ponen el foco en algunos psicoanalistas mediáticos que banalizan la producción teórica para justificar la ampliación de los márgenes de esta práctica.
Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, su presidenta, Natalia Palma, enfatiza que las denuncias se canalicen en el Tribunal de Ética. “Es un órgano autárquico, que está conformado por una abogada, por tres juezas que son psicólogas y por una secretaria. Y las sanciones las hace el Tribunal de Ética”, puntualiza.
El Colegio emitió un comunicado en el que —según plantea Palma— se hizo “resguardo de las prácticas”, ya que considera que “como institución tenemos que bregar también por la confianza que tiene nuestra comunidad, nuestros matriculados, los pacientes, porque el Colegio es un actor social que tiene interlocución con la comunidad”.
“El mismo lunes posterior a la difusión pública de los testimonios se evalúa la presentación al Tribunal de Ética”, asegura Palma, quien dijo que la decisión se tomó a primera hora del martes.
La decisión de hacer un comunicado se debió a que existían “situaciones de divulgación públicas que no se condicen con una lectura científica, con una lectura clínica de la psicología, y perjudican el espíritu legitimado de nuestra profesión”.
En ese sentido, Palma subrayó que existen “marcos éticos claros”. “En esto también quiero hacer hincapié. Porque en términos de divulgación y de ejercicio profesional, las y los psicólogos no pueden vincularse íntimamente ni sexualmente con ningún paciente”, dijo Palma.
También aseguró que “las y los psicólogos tienen y tenemos que escuchar con perspectiva de género todas las situaciones con perspectiva de género”. Para eso, recurrió a “un montón de reglamentaciones vigentes, como la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Mental”.
Desde el Colegio confirmaron que “la presentación al Tribunal de Ética se hizo el martes a la mañana” y que se pusieron “también a disposición de la Justicia”.
Ante las críticas al comunicado —porque no mencionaba a Chinaski—, Palma explicó la necesidad de mantener “cautela en relación al debido proceso” y dijo que “no se singulariza la situación”. Consideró que esa cautela es “un resguardo para todos y todas las matriculadas y matriculados”.
“Este Directorio manifiesta el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional”, dice un fragmento del comunicado, que reafirma el “compromiso con el cuidado de las buenas prácticas, los derechos de las y los pacientes, así como el tratamiento adecuado de la información y la promoción de la salud integral en el abordaje con la comunidad”.
Palma consideró que las denuncias deben tramitarse en el Tribunal de Ética y llamó a “no transgredir el resguardo de los matriculados y que se dé el debido proceso”. También señaló que “las publicaciones de testimonios a través de una red social requieren de otro tipo de intervenciones”.
“La exposición agiliza ciertos procesos, pero para que se dé un accionar legal se tiene que canalizar por el órgano del Tribunal de Ética, en el caso del Colegio. Y si es a través de la fiscalía, bueno, nos ponemos a disposición de la Justicia”, afirmó.
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