Redacción Aire Digital
Por día nacen siete bebés de niñas menores de 15 años en Argentina y cada cada seis minutos una adolescente da a luz. Los datos surgen de un estudio de Unicef para nuestro país y se convierten en una alarma que atañe tanto a la salud pública como a los derechos humanos. El embarazo de niñas es una realidad preocupante en América: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que el 2% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil tuvieron su primer parto antes de los 15 años.
Leer más ► En Argentina, cada seis minutos una adolescente da a luz
Argentina no es ajena a esta realidad. Es por eso que organizaciones defensoras de derechos de niñas y mujeres se presentaron el viernes pasado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. Allí denunciaron los obstáculos que enfrentan para acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) niñas y adolescentes de Argentina, víctimas de violencia sexual.
“El Estado vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones tucumanas solicitando que se garantice su derecho a la ILE”, reconocieron los representantes del Gobierno ante la CIDH.
Lucía, el caso testigo
La Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH comenzó con la exposición de Fernanda Marchese (Directora Ejecutiva Andhes) y Celia Debono (Coordinadora Nacional Cladem). El caso testigo fue el de Lucía, la niña tucumana de 11 años embarazada por una violación que durante un mes no tuvo acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fue obligada a parir.
Celia Debono relató que “desde que Lucía ingresó al Hospital, en innumerables oportunidades y de la manera en que ella podía, solicitó que se interrumpiera su embarazo. Según su madre la niña expresó ‘quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro‘”.
Leer más ► “De ESI se habla”: la educación que enseña a llamar las cosas por su nombre
“Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia”, denunció la coordinadora de Cladem.
“Las niñas víctimas de violación deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos que se oponen a las Interrupciones Legales de Embarazos y Las niñas son atendidas por efectores de salud objetores de conciencia”
Fernanda Marchese
Coord. del Colectivo pic.twitter.com/JcNR9AAWsL— Colectivo Infancia (@colectinfancia) September 27, 2019
“El propósito que tuvo el estado fue utilizar el cuerpo de Lucía, para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y obligarla a ser madre, por razón de género. La imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y las instrumentaliza. Implica, en realidad, una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres”, agregó la especialista.
Por último, Fernanda Marchese solicitó a la CIDH “una visita a las provincias del norte del país, que exhorte el Estado para que reconozca que el embarazo forzado es tortura”.
La intervención de la CIDH
Luego de la exposición, el turno de la palabra pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El relator Luis Ernesto Vargas Silva fue contundente: “a los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción” y opinó que “el misoprostol debe estar en la canasta familiar”.
Esmeralda Arosemena de Troitiño es presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez. Fue ella quien recordó que el embarazo infantil es producto de una violencia previa. “Estamos hablando de niñas de 10, 11, 12 años. Toda relación sexual con niñas de esa edad es un hecho de violación. Cuando hay un embarazo, recordemos que esa niña ha sido sometida a un delito”, aseveró.
Flavia Piovesan remarcó la ausencia del Estado argentino en casos como el de Lucía: “la responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”.
¿Qué respondió el Estado argentino?
En el panel del Estado se encontraba la funcionaria Nicole Neiman del Instituto Nacional de las Mujeres, quien afirmó que están “trabajando para que los derechos de las niñas y adolescentes sean respetados independientemente de donde viven” e informó que el Instituto ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio.
Además admitieron que el gobierno de la provincia de Tucumán “vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones solicitando se garantice su derecho a la ILE”.
#CIDHAudiencias #Argentina @sdhargentina @INAMujeres Destacan el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y acciones contra la violencia sexual contra niñas a partir de una estrategia que incluye campañas para la desnaturalización de este delito. pic.twitter.com/QisHk2quy1
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) September 27, 2019
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario