sábado 22 de enero de 2022
Sociedad Identidad |

La importancia del nombre propio y los "justos motivos" para pedir un cambio

En los últimos años, la jurisprudencia tomó pedidos de cambio de apellido por motivos de violencia machista –como fue la última resolución conocida en Rosario– y también por abandono. Salvo dos excepciones, el cambio de nombre se decide en la justicia.  

“Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener”, decía –así, en masculino– la publicidad de un banco hace muchos años. El nombre es aquello que nos identifica, lo que te presenta ante el mundo, es un derecho, en primer lugar, y también –según establece el Código Civil y Comercial de la Nación- un “deber”. Y se puede cambiar con autorización judicial. Más allá de las normas, es una decisión vital. “La definición fue en dos momentos. El primero es la definición de modificar el nombre y después de elegir el nombre deseado. Tenía que ver con distanciarme de quiénes son o fueron mis familiares, y cambiar el nombre fue ponerle un cierre a eso”, cuenta Luz Ferradas, concejala rosarina del bloque de Ciudad Futura que en agosto del año pasado dejó de llevar el apellido de su progenitor, el represor Ovidio Marcelo Olazagoitia, condenado por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario.

La jurisprudencia es cada vez más extensa. En la primera semana de este año se conoció la resolución de la jueza Mónica Klebcar, que autorizó a un hombre de 35 años, residente en Rosario, a llevar el apellido materno. Con un padre violento, que lo abandonó cuando era pequeño, a partir de ahora comenzará el proceso para cambiar el apellido: la rectificación de partida del registro civil y luego del documento de identidad.

La necesidad de hizo más acuciante con su propia paternidad. “Él toma una mayor dimensión de lo que importa llevar un apellido con el que no se siente identificado, cuando él mismo es padre, por lo tanto no quiere que su hijo porte el apellido que pertenece a su abuelo biológico. Ahí hay que entender la faz dinámica de la identidad, que establece el Código Civil y Comercial, en el sentido de la construcción de una identidad que allane el camino hacia una vida más plena. Significa que el ejercicio de la paternidad no es de cualquier manera, no se puede tener un ejercicio de la paternidad desde las violencias sin consecuencias”, explicó Malcon Perucca, uno de los abogados del hombre que pidió el cambio de apellido, que trabajó la presentación junto a Gabriela Robledo y Cecilia Jaimez.

El Código Civil y Comercial aprobado en 2015, justamente, establece en su artículo 69 que “el cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez”. No requieren autorización judicial el cambio de prenombre (así se llama judicialmente el nombre de pila) por razón de identidad de género y también “el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad”.

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Una de las juristas que participó de la redacción de este Código es Marisa Herrera, quien respondió las consultas de AIRE. Desde la lógica de los derechos humanos, este Código derogó la ley 18.248, de nombre, que era de 1969. “Se sale de esa mirada rígida y pétrea fundada en la inmutabilidad del nombre y se lo flexibiliza a la luz de dos ideas centrales: el nombre (en especial, el apellido) de las personas como atributo dinámico de la identidad y la autonomía y libertad en la construcción del nombre. Es decir que el apellido de las personas también puede sufrir cambios a la luz de historias de vida signadas por violencias en sentido amplio: no solo situaciones de violencias extremas como son los casos de abuso sexual intrafamiliar, sino también de otras situaciones de violencia, abandonos, incumplimientos de los deberes de cuidado por parte de los progenitores o principales referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes”, abundó la abogada, que es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora, como así también en la Unvdav (Universidad Nacional de Avellaneda). Es también investigadora del Conicet.

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Marisa Herrera es jurista, doctora en Derecho y profesora universitaria. Participó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, sancionado en 2015.

Marisa Herrera es jurista, doctora en Derecho y profesora universitaria. Participó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, sancionado en 2015.

El cambio de nombre supone –después– una serie de trámites. Antes, para Luz Ferrada, tuvo otras implicancias. “Estuvo vinculado a romper, a intentar ponerle un freno a la angustia que significaba el vínculo familiar y que se manifiesta mucho en el nombre. Porque yo ya no tenía vínculo personal con mi familia, pero me seguía uniendo el nombre. Y en lo fundamental, que el nombre es el vínculo con el mundo, el nombrarnos ante otros y otras, desde un lugar que para mí era angustiante”, cuenta la concejala que hoy lleva el apellido de su abuela materna, quien la cuidaba y protegía. “Tenía que ver con distanciarme de quiénes son o fueron mi familiares y cambiar el nombre fue de alguna manera ponerle un cierre a eso y después, toda la alegría que en mi caso supone elegir el nombre de mi abuela, ahí también vuelve a tener otra dimensión. Aquellos y aquellas que elegimos nombrarnos de una manera distinta a la que eligieron nuestros padres y nuestras madres, hacemos una reafirmación de valores y de recuerdos amorosos”, sigue el curso de la decisión que fue rubricada judicialmente en agosto del año pasado.

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El flamante presidente de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Marcelo Molina, considera que “en la Argentina hemos tenido una tradición bastante conservadora respecto de lo que es el nombre”, que atribuye a la ley sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Cuando era abogado, patrocinó a una mujer que demandaba el cambio de nombre. “Argumenté que esta mujer se sentía mortificada, cada vez que la llamaban con ese nombre, y sobre esa base y comprobando que no había ningún ilícito, se logró la modificación del nombre en la década del 90”, siguió el juez, para quien, si bien los cambios de nombres por “justos motivos” existían desde antes, con el Código Civil y Comercial se incorpora la perspectiva de derechos humanos.

En el Código Civil y Comercial, el artículo 69 dice que “se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a: a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad; b) la raigambre cultural, étnica o religiosa; c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada”. Cada vez hay más jurisprudencia: en julio del año pasado, en La Plata, la jueza Karina Bigliardi autorizó el cambio de apellido a una joven que argumentó abandono. “Funda su petición en que su padre nunca se comportó como tal, sino por el contrario fue una persona distante con ella, nunca la trato con cariño, nunca se preocupó por su bienestar. Manifiesta que fue su madre quien la crió, educó y quien estuvo a su lado todos estos años; agrega que creció con una mamá maravillosa que se dedicó a acompañarla en todo”, dice la resolución judicial.

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En la reciente sentencia de Rosario, Perucca da una dimensión de lo que significa poder identificarse con el apellido. “Cuando le comunicamos la resolución, lo primero que ocurrió fue que este hombre se largó en llanto, le provocó mucha emoción y estaba por demás de contento. Es una satisfacción que nos da como personas que abogamos por un derecho que implica una práctica social, que también tiene que ver con las relaciones de poder”, contó el abogado.

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