jueves 20 de enero de 2022
Sociedad violencia de género | Ley Brisa |

Huérfanos por femicidio: no es rápido ni sencillo el acceso a los beneficios de la Ley Brisa en Santa Fe

La norma sancionada por el Congreso en 2018 estableció una reparación económica para niños huérfanos por el femicidio de sus madres. En la provincia de Santa Fe hay 82 beneficiarios que reciben el equivalente a una jubilación mínima mensual hasta los 21 años, pero los trámites requeridos implican demoras de años en el acceso efectivo. 

“Ya pagué el viaje de 7° grado del más grande, y ahora estoy pagando el del más chico. Todo eso sale de mi jubilación. Me las estoy ingeniando de alguna forma para llegar a fin de mes”. La que habla es Alicia Ostri, la mamá de Paula Perassi, la joven de San Lorenzo desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011. Los hijos, de 11 y 16 años, hace casi diez que perdieron a su mamá, pero todavía no pueden acceder al beneficio de la Ley Brisa.

Tampoco lo cobra Alma, la hija de Rosalía Jara, víctima de femicidio en 2017, en Fortín Olmos. Ni Sara, que tenía 12 años en febrero de 2018, cuando asesinaron a Vanesa Castillo, en Alto Verde. Sigue esperando Celeste: su mamá Romina Saavedra fue asesinada en diciembre de 2013. También murió por quemaduras Vanesa Celma, en noviembre de 2010. Sus dos hijos –de la más chica estaba embarazada cuando sufrió el ataque— ni siquiera tienen el mínimo consuelo de una condena al femicida, ya que la Justicia jamás avanzó en la causa y los únicos procesados fueron los policías que contaminaron las pruebas, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La orfandad como consecuencia de femicidio es un alud con múltiples efectos. Uno de ellos es la pérdida del sustento económico que garantizaba la madre, y también el progenitor, cuando es el acusado del crimen.

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¿Qué dice la ley? Sancionada en julio de 2018, y con el número 27.452, crea el “Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora y, asimismo, cuando cualquiera de ellos haya fallecido a causa de violencia de intrafamiliar o de género”. El pago corresponde a una jubilación mínima mensual, retroactiva desde el momento del femicidio, y se cobra hasta los 21 años, o de por vida en caso de tratarse de una persona discapacitada. Establece además una atención integral de la salud de sus beneficiarios. La ley empezó a aplicarse en febrero de 2019.

El nombre se debe a una de las hijas de Daiana Barrionuevo, asesinada en 2014 por su expareja, Iván Adalberto Rodríguez, quien fue condenado a prisión perpetua.

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Brisa (de remera rosa) con los tíos y primos que la adoptaron junto a sus hermanitos tras el femicidio de su mamá. La foto es de 2017.

Brisa (de remera rosa) con los tíos y primos que la adoptaron junto a sus hermanitos tras el femicidio de su mamá. La foto es de 2017.

En todo el país, hasta marzo de este año, se habían otorgado 863 reparaciones. Según datos del Mapa de Femicidios que elabora el Equipo de Género de la concejala de Rosario Norma López, entre 2015 y la actualidad hubo 228 femicidios en la provincia de Santa Fe. Son solo 82 los niños y niñas santafesinos que reciben la reparación establecida por la Ley Brisa.

El trámite se inicia en Ansés, donde hay que presentar documentación expedida por la Justicia. Luego pasa por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que eleva informes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad de aplicación.

“En general, nosotros vemos falencias que tienen que ver en muchos casos con que el otorgamiento de la reparación depende de la presentación de determinada documentación en la causa judicial, ya sea el procesamiento o la sentencia. De manera que, si el proceso no avanza, no se puede iniciar el trámite. En general, provoca que los plazos se retrasen y que queden expedientes trabados burocráticamente. Y con la pandemia hubo un retraso generalizado”, explicó Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres nacional.

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Eva Domínguez es la cuñada de Vanesa Celma, y forma parte de Familiares Atravesados por el Femicidio. “Nosotros reconocemos muchas falencias porque es un trámite muy burocrático. Antes de la pandemia, a muchos familiares les han llegado a pedir desde Ansés el expediente completo, que no hace falta”, explica y enfoca los escollos en los requisitos de la sentencia firme y la guarda judicial.

“Estamos esperando que le den la guarda de Alma a la mamá de Rosalía Jara para que pueda terminar el trámite”, cuenta Eva. Aidé Jara es la prima hermana de Rosalía. “Los familiares no entendemos cuál es la problemática que dificulta tanto que Alma pueda acceder al beneficio. Sabemos que es hija de una víctima, estamos próximas a cumplir cuatro años del femicidio, la abuela de Alma es de bajos recursos y realmente es muy necesario. No podemos esperar años”, dice.

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La hija de Rosalía Jara, asesinada por Juan Valdez en 2017, todavía no puede acceder a la reparación de la Ley Brisa.

La hija de Rosalía Jara, asesinada por Juan Valdez en 2017, todavía no puede acceder a la reparación de la Ley Brisa.

La celeridad debería formar parte de la respuesta reparatoria del Estado. “No puede tener tanta burocracia, tiene que ser un trámite rápido, con una asistente social, con abogados que estén preparados y lo hagan rápido”, considera Eva, quien subraya la importancia de la atención psicológica como parte de la atención integral.

Celeste tiene 18 años, es la menor de los cuatro hijos de Romina Saavedra, asesinada por su ex pareja en diciembre de 2013. Ninguno de los cuatro hermanos cobra la reparación. “Hace un año y medio nos avisaron, nosotros no teníamos idea de que existía. Desde que supimos, nos tuvieron a las vueltas con los trámites. Lo está por empezar a cobrar mi hermano Pedro, de 20, pero yo recién lo pude empezar a tramitar ahora, porque no tenía documento. Los dos más grandes no lo cobran porque no están en la edad. Sebastián va a cumplir 21 y mi hermana va a cumplir los 22”, explica.

Silvia Castillo es la hermana de Vanesa, la maestra asesinada en febrero de 2018 en Alto Verde, después de denunciar el abuso sexual que había sufrido una alumna. “Hay muchos contratiempos porque al principio no había sentencia firme, la ley dice que tenés que tener condena. Recién en febrero hubo, después de las apelaciones”, cuenta la tía de Sara, que ahora tiene 15 años. “Intenté en 2019 presentar el trámite con la imputación, pero me pedían una autorización del Juzgado de Familia porque tengo una guarda provisoria. Esa autorización la hemos tramitado, pero yo además continúo con el juicio por una guarda permanente. Pude iniciar el trámite en el mes de marzo de este año, cuando ya tenía la sentencia firme. Me costó conseguir la sentencia certificada. Fue todo en contra”, relata la cadena de dificultades.

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Vanesa Castillo fue asesinada en 2018. Su hija tampoco pudo acceder a la Ley Brisa aún.

Vanesa Castillo fue asesinada en 2018. Su hija tampoco pudo acceder a la Ley Brisa aún.

“Hay muchas familias y muchos niños que la pasan mal, no solamente por la pérdida, una muerte tan trágica, sino en el aspecto económico, que muchas veces no tienen para comer. En algún momento, algo se debe cambiar”, consideró Silvia y subrayó que la ley habla de auto de procesamiento, una figura de la provincia de Buenos Aires que no existe en Santa Fe, donde hay imputaciones.

Desde el Estado, la respuesta viene del poder Ejecutivo. “Los tres organismos trabajamos en todo este tiempo en agilizar el trámite y dar respuestas más eficaces, pero todavía quedan grandes desafíos para llegar a todos y todas les potenciales destinataries y estamos trabajando en esa dirección”, aseguró Varsky.

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