Representan el 30% de la población y se proyecta un incremento dada la situación económica y social. El Estado nacional invierte solo el 1,68% del presupuesto en salud.
La segunda causa de estrés social es el trabajo y la tercera el desempleo.
Mientras se producía esta nota sucedía algo notable y que merece introducirse en el primer párrafo. En la Argentina, un país donde religión y Estado nunca han sido asuntos separados, millones de argentinos y argentinas –incluida la muy terrenal CGT– peregrinaron en el Día de San Cayetano pidiéndole a una divinidad celestial lo que le retacea y debería proveerle la autoridad terrenal.
Es que la incertidumbre, la angustia o la depresión que provocan el miedo a perder un trabajo o la imposibilidad de conseguirlo –eso que sucede a ras del suelo y por incapacidad o voluntad de un puñado de hombres y mujeres de carne y hueso– se reclama a un santo y no al presidente, a Dios en vez de al César.
La última encuesta global de Voices & Win Internacional (con muestreos en 39 países, incluido la Argentina), relevó que la segunda causa de estrés social es el trabajo (21%) y el desempleo la tercera (17%). Lo mismo releva Zuban Córdoba (con 1.400 casos diseminados en todo el país) al concluir que el 50% tiene miedo a perder su trabajo y el 62% no llega a fin de mes.
Uno de los cuadros técnicos más valiosos y consultados por estas columnas, la doctora en Ciencias Sociales Silvia Lilian Ferro, sin desdeñar sentimientos o tales como al amor o la fe, nos recuerda que “el surgimiento mismo de la religión está vinculado con el miedo, más allá de etapas puntuales”. También Ferro nos apuntó que las religiones poseen algo que el poder político terrenal no puede ofrecer a afiliados y votantes: el bien de salvación, que atempera el sufrimiento del presente y resuelve la trascendencia más allá de la muerte.
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Y hablando de salud mental. La UATRE produjo el fallicidio más notable de la semana y antes del subtítulo: “Movilizamos a San Cayetano, pero no para pedir milagros, sino justicia social”. A mal río van por panes y peces, ¿cómo podrían multiplicarlos después? Lilian Ferro reflexiona sobre el punto: “Es una lógica invertida, le piden justicia social a San Cayetano y trabajo y salarios dignos a las patronales, lo que sería realmente un milagro”.
El dato es que según proyecciones del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, el 29,9% de los y las argentinas ha padecido o padece algún trastorno mental; son 14 millones de personas, en un país que nunca desde la sanción de la vigente Ley 26.657 de Salud Mental destinó más del 2,66% de su presupuesto en salud en atender una demanda de atención creciente, particularmente luego de los perjuicios individuales y sociales que produjeron el encierro y el aislamiento por la pandemia del covid.
En el siguiente cuadro se puede relevar cuál fue la asignación presupuestaria de los últimos cuatro gobiernos, desde la sanción de la ley.
Completemos entonces la cadena de causalidades que define el Plan Nacional de Salud Mental 2023/2027 elaborado por el Ministerio de Salud bajo la conducción de la Dra. Carla Vizzotti: no hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin inclusión social, no hay salud mental sin ley, pero tampoco ley sin presupuesto suficiente.
Recordemos que el artículo 32 de una ley emblema del segundo mandato de Cristina Fernández y que bien podría ser revisada, establecía que “el Estado Nacional debe destinar el 10% del gasto total en salud, al área de salud mental”. A 14 años de la sanción de la norma y 12 de su promulgación, este artículo esencial jamás se cumplió y sólo durante la postpandemia se registraron “picos” claramente superiores a los 2 puntos.
Pero si bien la caída registrada con la motosierra libertaria es récord por múltiples razones, para provincias y municipios el perjuicio es enorme pues el 98% del sistema público de salud está sostenido por estos niveles de administración subnacionales, con un 10% de caída en materia de coparticipación y un 78,16 de reducción en transferencias no automáticas en 2024 respecto de 2023.
Durante ese mismo período y según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alrededor de 200.000 argentinos y argentinas renunciaron a su cobertura médica prepaga por razones económicas (cuotas liberadas a partir del Decreto 70/2023), y recargaron el sistema público de salud; en donde además faltan unidades específicas de atención en salud mental, ya sea para internaciones o tratamientos ambulatorios.
El gobierno nacional impuso también la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), un programa que se sostuvo ininterrumpidamente desde el retorno de la democracia y con presencia en todas las provincias del país. Paralelamente se redujo en un 25% el presupuesto del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, insignia en la materia y se desfinanció el Plan Remediar, que abastece a 7.824 Caps en todo el país, y se eliminó el Remediar Salud Mental.
Consultamos para ésta nota a Julieta Calmels, que es psicóloga y Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien asegura que “la Ley no inhibe ni motoriza la reforma del sistema de salud, hace falta voluntad de transformar y recursos, es una oportunidad hermosa que exige económicamente no sólo al Ministerio de Salud sino a otras carteras de gobierno; nosotros en PBA destinamos el 7% del presupuesto de salud a la salud mental”.
Sobre la declaración de emergencia en salud mental, Calmels fue una de las disertantes en la Comisión de Salud Pública de Diputados, junto a profesionales y legisladores de 14 provincias y cree “que es necesaria una ley de emergencia, en la medida en que se plantee con plazos más amplios, mucho más de dos años para ejecutar obra pública en la materia y la incorporación de recurso humano como tema central”. Según la Subsecretaria, tiene que volver considerarse prioritaria la integración de los distintos subsistemas de salud, lo que en algún momento llegó a denominarse SNISA (Sistema Nacional Integrado de Salud).
La conclusión entonces, como en el caso de la pérdida sostenida de ingresos para trabajadores registrados, es que desde hace más de 10 años ningún gobierno se puso a la altura de una problemática con la que todos hacen campaña, a excepción de los libertarios creen en la libertad de no medicarse o quitarse la vida. “No necesito intervenir, alguien lo va a resolver”, es la fe del presidente.
Sobre este último punto, otro dato que es un indicador que aporta a la emergencia en salud mental que hoy busca estado parlamentario. Según datos el Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2024 se quitaron la vida 4.249 personas, la cifra más alta de la historia moderna desde que se registra oficialmente esta estadística. Las más afectadas fueron Entre Ríos, Formosa, Catamarca y La Rioja, mientras que Santa Fe alcanzó los 460 suicidios, un 19,5% más que en 2024; con particular impacto en las franjas etarias de 15 a 19 y de 20 a 24 años.
Calmels reconoce que “hay muchos determinantes en estos datos que pueden no estar directamente asociados a psicopatologías de la salud mental, pero sin dudas son indicativos del tipo de un país y de un mundo hostil y en crisis, en los que se dificulta el desarrollo de esas vidas; si uno ve el año 2001 encuentra un incremento del número de suicidios”.
Enorme desafío para la política en el corto, mediano y largo plazo: convencer a los y las argentinas que aún puede mejorar sus condiciones de vida a través de un sistema de representación popular creíble y eficaz, para que nadie se baje de nada y mucho menos de la vida.
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