Dice Selva Raggio, directora ejecutiva del Foro Regional Rosario: “El sector empresario de una sociedad tiene el deber/poder, tanto sea por su capacidad de lobby, como por sus recursos intelectuales y de gestión, como así también por el mayor perjuicio que debe enfrentar, como los costos de la seguridad y la protección de su familia, pero el más grande quizás sea modificar sus hábitos en el desarrollo de sus negocios”. Desde la entidad empresaria ven que “a este ritmo vemos cómo dejan de existir de forma plena las instituciones del Estado de derecho y se alteran los principios del libre comercio, ya que el crimen organizado va a disputarles y cooptarles sus negocios y emprendimientos. Si el narcotráfico y la mafia organizada terminan de consolidarse y pasan a ser actores principales en la ciudad, se efectuará un cambio en las reglas de la sociedad (y de los negocios) que fatalmente perjudicará a las empresas”.
Estos debates hace tiempo son parte de la agenda de casi todas las instituciones de la ciudad, y en particular las del ámbito empresario. El Foro Regional Rosario la semana pasada invitó a Luján Oliva a contar la experiencia de Ficosec en el ciclo Aportes a la Seguridad. También vía streaming participaron otro mexicano, Miguel Garza, de Insyde México, y el camarista federal de Rosario Aníbal Pineda.
Luján Oliva dirige Ficosec, una asociación civil que financia proyectos relacionados a prevención, seguridad y justicia a través de un original acuerdo entre empresarios y la política. Crearon un fondo fiduciario que funciona desde 2012 con dineros que pagan los empleadores y empresarios, equivalente a un porcentaje mínimo de la nómina salarial. El impuesto lo recauda el Estado y va a parar al fondo fiduciario, donde un comité técnico compuesto por 20 empresarios y cuatro funcionarios evalúan y deciden qué proyectos an a financiar.
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Arturo Luján Oliva, director de Ficosec, en su exposición en el ciclo "El rol del sector privado en la seguridad ciudadana", organizado por el Foro Regional Rosario.
Lo curioso es que el impuesto no fue a iniciativa de la política, sino de los propios empresarios, a pesar que, igual que en Argentina, los empresarios mexicanos se quejan por la carga impositiva. “Acá es donde empieza lo interesante y la participación activa del sector privado. Alguno planteó: «Somos los únicos locos que vamos y le decimos al gobierno que nos suba los impuestos», pero para que esto los empresarios debieron entender que sin seguridad no hay prosperidad y que si bien la seguridad es cara, la inseguridad lo es aún más. Y en esa lógica tenemos que aportar porque si no nos sale peor”, cuenta Luján Oliva.
“El presupuesto en seguridad del estado de Chihuahua ronda los 800 millones de dólares. El de la ciudad de Chihuahua 54 millones y el de Ciudad Juárez 100 millones. El fondo fiduciario recauda unos 12 millones de dólares al año. Son poco en relación a los presupuesto oficiales, pero con ellos tenemos posibilidades de negociación con los gobiernos, nos da juego”, explicó Luján Oliva.
El fideicomiso es “apartidista y sin fines de lucro, un instrumento para el fomento de la competitividad y seguridad ciudadana está financiado por más de 46 mil empleadores y empresarios del estado de Chihuahua con una contribución del 5% sobre la nómica salarial” descontados algunos ítems. Luján Oliva dio dos ejemplos: una microempresa que paga 1.800 dólares al mes de salarios, aporta 2,4 a Ficosec. Otra que paga 62.000 dólares al mes nos aporta 82 dólares. “Si todos le ponen poquito hacemos una bolsa que nos da una herramienta importante para poder negociar con la autoridad”.
El estado de Chihuahua, en el noroeste de México, fronterizo con Estados Unidos tiene muchas similitudes con Santa Fe. Tiene una población de 3,7 millones de habitantes, es en superficie el más grande del país, sus dos ciudades más importantes son Chihuahua capital con 900 mil habitantes y Ciudad Juárez con 1,5 millón. La actividad económica principal es el comercio, seguido por una potente industria exportadora y en tercer lugar la actividad primaria. En su territorio intervienen fuerzas federales, estaduales (equivalentes a las policías provinciales de Argentina) y policías municipales. Chihuahua, según Luján Oliva, llegó a tener una tasa anual de homicidios de 90 cada 100 mil habitantes. Al referirse a Ciudad Juárez, Garza contó que llegó a 160 cada 100 mil, lo que la convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo. Cabe recordar que en Rosario la tasa es de 21 homicidios cada 100 mil habitantes.
Luján Oliva contó en el Foro Regional Rosario la experiencia del sector empresario en Chihuahua y les mostró que “el sector empresario puede participar en este tipo de crisis”.
“En 2008 comenzó un desborde de la delincuencia, a volverse ciudades fantasmas después que bajaba el sol, la vida nocturna dejó de existir, empezaron secuestros, extorsiones. Para 2009 llegamos a tener una tasa de homicidios de 90 cada 100 mil habitantes. El empresariado, por un lado en Ciudad Juárez y por otro en Chihuahua, se empezó a reunir. El problema se veía reflejado en los negocios. Ciudad Juárez había sido durante una década un importador de mano de obra del resto del país, venía gente de otros estados. Y ahora la gente se regresaba a sus lugares de origen dejando montones de casas abandonadas porque en los niveles de delincuencia y violencia eran altísimos”, relató.
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Selva Raggio, directora ejecutiva del Foro Regional Rosario.
“Los empresarios no es que sean hermanitos de la caridad, empiezan a notar esto en el bolsillo, en las utilidades. No alcanzaba con las mesas de seguridad para pedir explicaciones. El secuestro y el cobro de piso (extorsión para poder trabajar) son los dos delitos que más le pegan al sector empresarial, son lo más sensibles, porque generan un pánico en el día a día. Los empresarios que podían hacerlo se fueron del estado y los que no contrataron seguridad privada. Los empresarios de Chihuahua empezaron a ir a Colombia a ver qué habían hecho los colombianos que habían pasado una situación similar”.
El principal consejo que trajeron es el armado de un Observatorio Ciudadano. “Está funcionando. Nos permite medir cómo funcionan los “experimentos” en materia de prevención, hacer monitoreo y ver la incidencia delictiva, entender el fenómeno delictivo y valorar el funcionamiento del sistema de justicia”.
Por esa época tuvieron hechos conmocionantes con un pico en 2010, con matanzas de ciudadanos y funcionarios del consulado de Estados Unidos. Incluso con la explosión de un coche bomba en pleno centro, derivaciones del enfrentamiento entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa. “Hechos que llevaron al sector empresario a pensar en qué hacer –dice Luján Oliva–. Entonces acuerdan con los candidatos a gobernador, que el que ganara iba a lograr empujar en el congreso local la creación de un fideicomiso, que al final se pone en práctica en 2012”.
La confianza es clave
El fideicomiso no tiene activos ni empleados, todo se ejecuta a través de estas asociaciones civiles. Luján Oliva sostiene que “para que los empresarios hablasen con los candidatos a gobernador tuvo que haber confianza. Hay otros estados donde dijeron «me van a subir los impuestos y no me los van a regresar». Y tiene que haber confianza del gobierno con los empresarios. Primero para que sepan que ese dinero no es para golpearlos, porque los políticos temen que el dinero se usa nada más para echarles a perder sus proyectos políticos; la otra es que legítimamente se busca mejorar las condiciones de seguridad y tiene que haber confianza en que no se va a hacer mal uso de los recursos. Porque los empresarios tampoco tienen la mejor fama y le tratan de sacar partido. Igual que en Argentina, en México tenemos la misma pata flaca, pues vamos comprando los vehículos (para los proyectos) en mi agencia, o rentando mis edificios. Ese tipo de cosas tienen que quedarse afuera, el dinero tenemos que manejarlo con muchos escrúpulos, con transparencia, somos objeto de control de la Auditoría del Estado y tenemos auditores externos”.
Proyectos
Luján Oliva explicó en el Foro Regional Rosario qué tipo de proyectos financian. “Uno es lo que llamamos internos, por ejemplo el Observatorio Ciudadano. El otro es la instalación de la Línea Ciudadana 2232, que es gratuita, confidencial, las 24 horas los 365 días del año y la atienden abogados y psicólogos que hacen asesoría y brindan el servicio de seguimiento de las carpetas de investigación que se inicia a partir de cada denuncia".
Otro tipo son los de fortalecimiento institucional. Por ejemplo contrató a la asociación civil Insyde México “para mejorar las áreas de asuntos internos de la Policía de Chihuahua y proyectos de dignificación policial”. Explicó que no se financia la compra de patrulleros, uniformes o armas, pero “hace 6 años el gobierno empezó a hacer inversiones importantes en unidades móviles con cámaras, cámaras para centros comerciales, drones, etc. y nos dimos cuenta que reditúa muy bien para disuadir el delito, entonces les dijimos al gobierno que nos interesaba, y en lugar de que fueran a comprar 10 unidades compraron 20 gracias al apoyo”.
Un tercer tipo de proyectos refiere a prevención con participación ciudadana. Desde academias de música para chicos y chicas en contraturno escolar, pasando por financiamiento a jóvenes para que se reincorporen a la escuela o el mercado de laboral, hasta casos de reinserción social en casos de conflictos con la ley o en atención de víctimas.
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Miguel Garza, director de Insyde México.
Algunos de esos proyectos los realiza Insyde México, del que Miguel Garza es director. Ex policía, dirige esa asociación civil que ejecuta proyectos de certificación de las policías, capacitación en procedimientos e investigación y acompañamiento psicológico para uniformados, entre otros aspectos. Como acá, la policía es parte del problema pero también de la solución. Allá –explicó– “hay un problema serio con la fiscalía y su facultad para decidir el ejercicio de la acción penal”. La famosa queja de la puerta giratoria, por lo que se trabaja en capacitar a la policía sobre los procedimientos adecuados para hacer las detenciones. Garza reveló que “la impunidad es de cerca del 98%. Quien comete un delito es muy baja la posibilidad de tener sentencia condenatoria”.
Proyectos como los que financia Ficosec en Chihuahua, en Argentina y Santa Fe ya existen con financiamiento y operatoria estatal, como la Línea Ciudadana, el Observatorio de Seguridad Pública, oficinas de denuncia por afuera de la policía, seguimiento de carpetas investigaciones judiciales (CAJ), aunque no siempre funcionan de forma coordinada su eficacia se diluye.
Rosario en su laberinto
¿Por qué una institución como el Foro Regional Rosario que nuclea a empresas de primera línea se interesa por estas experiencias y modelos? La directora ejecutiva del Foro Selva Raggio afirma que “el empresario no está absolutamente consciente de lo que se puede venir”. Cree que si no tomamos las riendas, en el sentido de ocuparse, de proponer desde el poder de lobby que tiene el empresario por su condición de contribuyente, de forjador de desarrollo y productividad, de gestor” la situación va a empeorar. Se refiere al “riesgo de que la narcocriminalidad comience a penetrar desde distintos lugares. No se va a tratar sólo de extorsiones o amenazas. Va a llegar un momento, que quizás todavía no lo vemos claro, en el que estemos todos mezclados y mezcludos, y donde va a llegar un momento donde no se pueda saber quién es quién, y ahí ya cambian las reglas de juego, porque vas a querer hacer un negocio y va a ser plata o plomo. No va a haber una opción que digamos «yo no me quiero meter en esto». No importa el partido que esté gobernando”.
