Ana González, la incansable activista de los casos de desaparecidos en Chile

Su muerte fue confirmada por su hija, Patricia Recabarren.

A fines de abril de 1976, los hijos de González, Manuel, de 22 años, y Luis, de 29, así como la esposa de Luis, Nalvia Alvarado, de 20 años, quien tenía tres meses de embarazo, fueron secuestrados por fuerzas de seguridad en su camino a casa al salir de la imprenta donde trabajaban los hermanos. Los responsables dejaron al bebé de 2 años de la pareja en la calle. La siguiente mañana, cuando el esposo de González salió para buscar a sus hijos desaparecidos, él también fue secuestrado. Ella nunca más volvió a verlos ni a saber de ellos.

Ellos están entre las más de tres mil personas que desaparecieron o murieron durante los diecisiete años de la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1973 que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende.

Las desapariciones comenzaron casi de inmediato después del golpe, con opositores al régimen militar capturados en las calles y llevados a centros de tortura clandestinos. González se convirtió en una de las primeras integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, e hizo la promesa de convertir su duelo en acción política y de evitar llorar hasta conocer toda la verdad de lo que le había pasado a sus familiares.

González se unió a decenas de personas en el grupo, principalmente mujeres, que salieron a las calles en una época de dura represión política y miedo extendido. Protestaron, realizaron huelgas de hambre, se encadenaron a las puertas del Congreso Nacional (que fue disuelto y sustituido por una Junta de Gobierno) y marcharon incansablemente con fotografías de sus seres queridos desaparecidos colgadas de su ropa.

Leer más► La fuerte historia de vida del campeón olímpico de boxeo, Braian Arregui

El optimismo perpetuo de González y su sentido del humor le ayudaron a convertirse en una activista de alto perfil a favor de la justicia.

“Nunca pensaron que una mujer, una ama de casa que no sabía nada, ni siquiera dónde se ubicaban las cortes, lanzaría el grito de batalla”, dijo en una entrevista con The New York Times en 2010.

En una afrenta pública a las autoridades militares, González viajó a Nueva York en 1977 para denunciar ante las Naciones Unidas los abusos a los derechos humanos en Chile. Se le prohibió reingresar al país por un periodo corto.

Cuando la democracia fue restaurada en 1990, continuó su exigencia de justicia y de verdad sobre el destino de sus seres queridos y los otros chilenos —un cálculo de mil personas— que habían desaparecido.

Ana González nació el 26 de julio de 1925; fue una de seis hijos de una madre viuda, en Tocopilla, una ciudad a casi 1300 kilómetros al norte de Santiago, la capital. Su padre fue un trabajador ferroviario.

Se involucró con el Partido Comunista durante su adolescencia y en 1944 se casó con Manuel Recabarren, quien también era un miembro activo del partido. Recabarren dirigió un comité local de distribución de alimentos durante el gobierno socialista de Salvador Allende, lo que lo convirtió en un blanco de la dictadura de derecha. Los hijos de la pareja y su nuera también eran miembros del Partido Comunista.

Además de su hija, a González le sobreviven dos hijos, Ricardo y Vladimir, así como varios nietos y bisnietos. Otra hija, Ana María, murió de cáncer en 2007.

En 2010, González destacó en pósteres y anuncios de televisión como parte de una campaña gubernamental para recolectar muestras de ADN de familiares de los desaparecidos para que pudieran ser comparados con restos humanos sin identificar en la morgue.

“Hoy, hay muchos huesos que necesitan ser identificados para que algún día las familias puedan hacer duelo por sus pérdidas”, dijo entonces a The New York Times.

Este año muralistas pintaron el rostro de González en la fachada de una casa de un piso en un distrito histórico del centro de Santiago. A pesar de su frágil salud en los años pasados, González se mantuvo activa en eventos públicos y abrió su casa en un distrito de la clase trabajadora de la capital a los visitantes frecuentes, a quienes a menudo recibía en su habitación.

Después de su muerte, cientos de personas fueron a su hogar como una expresión espontánea de afecto, un reflejo de “lo que representaba, sus principios, sus valores y su lucha”, dijo la congresista Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende. “Ella siguió luchando, pero con un intenso amor por la vida”.

Investigaciones judiciales a la larga determinaron que el esposo de González había sido llevado a por lo menos dos centros de tortura antes de desaparecer. Sin embargo, en el momento de su muerte, González no tenía más información sobre el destino de los otros, incluido su nieto no nacido, que la que obtuvo en 1976.

Andrés Chadwick, ministro del Interior y de Seguridad Pública de Chile, emitió un breve declaración en nombre del gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, en la que envían sus condolencias a sus familiares, pero destacan solo su avanzada edad y no sus logros.

Fuentes: www.nytimes.com