El ataque se produjo durante la presidencia de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical y, según el MTP fue para detener un alzamiento carapintada contra el gobierno. Por otra parte, la conclusión de la investigadora Claudia Hilb, basada en los testimonios que recopiló y en los razonamientos que formula, es que la cúpula del MTP pretendía provocar mediante un fingido ataque carapintada al cuartel una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. El investigador Felipe Celesia coincide en que no había tal intento de golpe carapintada sino que el MTP perseguía hacer la revolución según el modelo nicaragüense, mediante una insurrección popular que generara cambios políticos de fondo.
El presidente Alfonsín ha sostenido que fue él quien ordenó la represión, acto confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El investigador Felipe Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente. La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia, sin intentos de negociación, con varias violaciones de derechos humanos; en 1987 y 1988 Alfonsín había enfrentado sin recurrir a la violencia y negociando con los sublevados, tres insurrecciones militares carapintadas, -cuyos integrantes no habían disfrazado su identidad pero se camuflaban pintándose la cara, no pretendían una insurrección popular sino lograr impunidad por la violación de derechos humanos y no habían irrumpido a los tiros en los cuarteles sino aprovechando la complicidad de los militares que los custodiaban.
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Resultaron muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.67 Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.
El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese mismo año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas “ejemplificadoras”, completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori. En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló ilegalmente, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitando investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso de los acusados.
Doce años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de la Tablada y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados.En 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados.
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La investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno se ha visto obstaculizado. En diciembre de 2016 el Poder Judicial reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema lo ordenara el año anterior. A 30 años de los hechos el juicio aún no se ha realizado.
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