La violencia en las escuelas, bajo la mirada de legisladores: diagnóstico común y desafíos que van más allá de respuestas educativas
Diputados coinciden en que la violencia escolar es un problema social complejo que exige más recursos, articulación estatal y mayor compromiso de las familias.
La creciente preocupación por las situaciones de violencia en ámbitos educativos volvió a instalar el debate sobre el rol de la escuela, las familias y el Estado.
Desde la comisión de Educación de la Legislatura santafesina, distintos diputados provinciales coincidieron en un diagnóstico: el problema es complejo, atraviesa a toda la sociedad y no puede recaer exclusivamente en los docentes.
El diputado Marcelo González sostuvo que existen herramientas institucionales, como las “ruedas de convivencia” y los equipos interdisciplinarios, pero advirtió que resultan insuficientes frente a la magnitud de la demanda. Según explicó, estos equipos cumplen funciones de detección, diagnóstico y derivación, aunque muchas veces el proceso se ve interrumpido por la falta de continuidad en los tratamientos.
Un diagnóstico común y desafíos que van más allá de respuestas educativas
Marcelo Gonzalez DSC04226_MTH.jpg
El diputado Marcelo González sostuvo que existen herramientas institucionales, como las “ruedas de convivencia” y los equipos interdisciplinarios, pero advirtió que resultan insuficientes frente a la magnitud de la demanda.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En ese sentido, puso el foco en el rol de las familias: “Si no hay acompañamiento desde el hogar, es muy difícil que la escuela pueda resolver estos conflictos por sí sola”. Además, cuestionó miradas simplificadas sobre los episodios de violencia escolar y remarcó la necesidad de abordajes integrales que incluyan a distintas áreas del Estado.
Una mirada similar planteó la diputada Natalia Armas Belavi, quien advirtió que el sistema educativo está desbordado y carece de herramientas suficientes. Señaló que los equipos socioeducativos —que deberían garantizar contención profesional en las escuelas— no están presentes en todas las instituciones y, en algunos casos, han sido reducidos.
Ante este escenario, la legisladora presentó un pedido de informes para conocer el estado real de estos dispositivos y la cantidad de situaciones de conflictividad escolar en la provincia. También remarcó que muchos docentes no cuentan con la capacitación ni el respaldo necesario para intervenir en estas problemáticas, lo que en ocasiones deriva en la falta de acción o en respuestas limitadas.
Armas Belavi coincidió en que el vínculo entre la escuela y la familia es clave: “Si la escuela intenta corregir una conducta y no hay acompañamiento, el esfuerzo pierde efecto”. En ese contexto, advirtió que algunas instituciones terminan optando por medidas como el traslado de estudiantes ante la falta de herramientas para resolver los conflictos.
Natalia Armas Belavi.jpg
La diputada Natalia Armas Belavi advirtió que el sistema educativo está desbordado y carece de herramientas suficientes.
Por su parte, la diputada Verónica Baró Graff amplió el análisis y planteó que la violencia escolar es, en realidad, un reflejo de la violencia social. Según explicó, factores como los conflictos familiares, las tensiones económicas y prácticas cotidianas como la discriminación o la falta de escucha inciden directamente en lo que ocurre dentro de las aulas.
Desde esa perspectiva, consideró que el sistema educativo enfrenta una sobrecarga de demandas: “Hoy se le pide a la escuela que eduque en contenidos, pero también en emociones, en convivencia, en salud mental y en inclusión”. A su vez, advirtió que los docentes no siempre cuentan con la formación ni las condiciones laborales adecuadas para afrontar este escenario, y planteó la necesidad de revisar la formación docente y fortalecer los recursos institucionales.
Baró Graff
la diputada Verónica Baró Graff amplió el análisis y planteó que la violencia escolar es, en realidad, un reflejo de la violencia social.
En paralelo, la diputada y ex ministra de Educación, Claudia Balagué, impulsó un proyecto de ley que propone un abordaje integral de la convivencia escolar. La iniciativa —que ya tuvo media sanción y fue reingresada en la Legislatura— plantea la creación de Consejos de Convivencia en cada escuela, integrados por docentes, estudiantes, directivos y familias, con funcionamiento permanente durante todo el año.
El proyecto incluye además una guía de intervención ante situaciones de violencia, con protocolos claros para docentes y directivos sobre cómo actuar, a quién recurrir y cómo articular con otros organismos del Estado. “Se busca respaldar el accionar de la escuela y evitar que cada caso dependa de decisiones aisladas”, explicó.
Balagué también advirtió sobre el agravamiento de las problemáticas vinculadas a la salud mental en adolescentes, en un contexto atravesado por la virtualidad y el acceso temprano a contenidos digitales. Frente a esto, planteó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado, con más equipos socioeducativos y recursos en las escuelas.
ministra Balague.jpg
La diputada y ex ministra de Educación, Claudia Balagué, impulsó un proyecto de ley que propone un abordaje integral de la convivencia escolar.
Más allá de las diferencias de enfoque, los legisladores coinciden en un punto central: la violencia en las escuelas no puede explicarse ni resolverse desde una sola dimensión. Se trata de un fenómeno que exige respuestas integrales, sostenidas y articuladas, donde la escuela cumple un rol clave, pero no exclusivo.
La urgencia de los vínculos
El diputado provincial Miguel Rabbia advirtió que las situaciones de violencia que atraviesan los ámbitos educativos deben leerse como parte de una problemática social más profunda y no como hechos aislados.
En declaraciones a AIRE, el legislador —médico de profesión— planteó que existe una “crisis de sentido” que obliga a repensar los vínculos en la sociedad. En ese marco, sostuvo que la prevención de la violencia comienza en los espacios cotidianos, especialmente en el diálogo familiar y en el fortalecimiento de los lazos intergeneracionales.
Rabbia hizo especial énfasis en el rol de la familia como ámbito de contención. Señaló que la adolescencia requiere de adultos presentes y de un acompañamiento cercano, y advirtió que hoy muchas familias se ven atravesadas por dinámicas que dificultan ese tiempo de cuidado y formación. “La familia debe volver a ser el principal espacio de resguardo y construcción de valores”, planteó.
No obstante, aclaró que esta responsabilidad no puede recaer únicamente en el ámbito privado. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer el rol del Estado y de las instituciones intermedias, como clubes, bibliotecas, vecinales e iglesias, a las que definió como parte de una red de contención fundamental.
miguel rabbia.jpg
El diputado provincial Miguel Rabbia advirtió que las situaciones de violencia que atraviesan los ámbitos educativos deben leerse como parte de una problemática social más profunda y no como hechos aislados.
En relación a las instituciones públicas, subrayó la necesidad de revisar y fortalecer las capacidades de los equipos que trabajan en escuelas y servicios de salud. “No alcanza con estar presentes: es necesario contar con herramientas para prevenir y detectar a tiempo estas situaciones”, remarcó.
El diputado también puso el foco en la responsabilidad de los dirigentes políticos, al señalar que los discursos públicos influyen en el clima social. Según sostuvo, los liderazgos deben promover mensajes que contribuyan al cuidado colectivo y no a la confrontación.
Por otra parte, advirtió sobre el impacto de nuevas problemáticas que atraviesan a las juventudes, como las adicciones —tanto a sustancias como a pantallas o al juego—, que hoy se presentan con mayor accesibilidad. Frente a este escenario, consideró necesario que el Estado avance con políticas claras y sostenidas.
Finalmente, Rabbia señaló que este contexto requiere no solo reflexión, sino también acción legislativa. En ese sentido, mencionó que impulsa iniciativas vinculadas a la educación y la salud en la provincia, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales y promover el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.
