El diputado provincial Maximiliano Pullaro recibió este jueves la confirmación de que es una de las víctimas en la causa que investiga presunto espionaje ilegal en Santa Fe durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía a partir de que su nombre apareciera en una lista donde figuraban presuntos investigados de manera ilegal. “Si la causa avanza, estamos ante el hecho más grave de la democracia” afirmó.
La justicia notificó al diputado Maximiliano Pullaro como víctima en la causa que investiga a Marcelo Sain por espionaje.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEn el texto que recibió por parte de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández se le informó al diputado que resultó “penalmente ofendido (victima) por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales. Para Pullaro “es gravísimo lo que se está investigando, que Sain, Montenegro y Schujman estén sospechados de haber recabado información de manera ilegal mientras deberían haber estado cuidando a los santafesinos, es algo nunca se vio en la historia de la democracia santafesina”.
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Así mismo, Pullaro adelantó que su abogado, el Dr. Pablo Cococcioni, tiene instrucciones de ir hasta las últimas consecuencias, “queremos saber para qué desde el gobierno se recopilaba esta información, si es cierto que se recolectaba información sobre empresarios queremos saber con que fines, si es cierto que se investigaba a dirigentes políticos, no solo opositores también integrantes del propio gobierno enfrentados a Sain, cuales eran los fines y conocer también si es verdad que había periodistas investigados y para qué”.
En la notificación recibida por parte de la Fiscalía también se le aclara al legislador que “lo asisten en su carácter de víctima -entre otros- los derechos previstos en el art. 80 del Código Procesal Penal (CPP)” y además se le informó que “la Investigación Penal Preparatoria permanece bajo reserva (artículos. 258 y 259 del CPP), motivo por el cual no podemos aún autorizarle el acceso a las constancias de la misma”.
Por último, le requirieron que “en caso de poseer información o evidencia que pueda ser considerada útil para el avance de la investigación, nos lo haga saber inmediatamente”.
¿Espionaje ilegal en Santa Fe?
El 26 de noviembre del 2021 y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe, se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
De manera inmediata y con la finalidad de esclarecer los hechos, el gobernador Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que inicie "de manera inmediata" los procedimientos administrativos necesarios en el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje que involucra al exministro Marcelo Sain, entre otros funcionarios.
Las famosas "carpetas" de Sain
La causa que investiga al exministro de Seguridad Marcelo Sain y varios de sus funcionarios, por presunto espionaje ilegal mediante el empleo de recursos del Estado, arrancó el año en el centro de la escena. Es que a pocos días de comenzar el 2022 se filtraron los primeros nombres de las personas que pudieron estar bajo la lupa de un organismo estatal que habría tenido como objetivo recopilar información de personas, por medio de “perfiles” o carpetas, y cuya utilidad tiene las sospechas más sombrías que puede tener la política, justicia, el mundo empresarial y hasta las propias instituciones. En otras palabras, la propia democracia.
Por la causa, la cual se ha mantenido en total sigilo por parte de la Fiscalía, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas. Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales.
Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del OI bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Sain.
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